El escándalo por las millonarias contrataciones de la productora de Fernando Niembro con el gobierno de Mauricio Macri llegó ayer a la Legislatura, en donde se aprobó un pedido de informes solicitado por la oposición. El PRO acompañó la iniciativa aunque con la condición de no habilitar el debate en el recinto de sesiones. La medida fue impulsada por la kirchnerista Gabriela Alegre, quien criticó la decisión del macrismo de no permitir la discusión parlamentaria. Se le solicitó al Ejecutivo porteño información oficial sobre las 190 contrataciones realizadas por más de 19 millones de pesos a la empresa La Usina Producciones SRL, de la que el candidato a diputado nacional de Cambiemos fue socio fundador. Desde el macrismo aseguraron que “no hay nada que ocultar” mientras que la legisladora del FpV Gabriela Cerruti solicitó además una interpelación a Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta (ver recuadro).

Tal como se había acordado entre los presidentes de bloque el miércoles, la Legislatura porteña votó por unanimidad la propuesta y elevará al Ejecutivo el pedido para que responda sobre los contratos firmados con la productora desde 2012, cuando fue creada. Además, se le reclamará cualquier otro contrato de productos o servicios que involucre a Niembro y a Atilio Meza (fundador y actual accionista principal de la sociedad). Este dato podría aportar nueva información ya que ayer se conoció que la escuela de periodismo deportivo que dirigía Niembro también recibió una suma de al menos 470 mil pesos por cursos de inglés dictados a la Policía Metropolitana (ver aparte). A raíz de este hecho y a pesar de que tanto niembro como el propio Macri salieron a afirmar que todas las operaciones fueron de manera legal, Meza renunció a su cargo de candidato a diputado, en el puesto número 13 de la lista de suplentes.

La resolución aprobada ayer también busca indagar sobre los servicios o productos contemplados en las contrataciones, las áreas de gobierno para la cual fueron contratados los servicios, acto administrativo que las aprueba, número y fecha del Boletín Oficial donde conste la publicación de dicho acto, montos de las contrataciones y la modalidad de las mismas. Según los datos conocidos hasta ahora, la inmensa mayoría de esos contratos se hizo mediante contratación directa y sin publicación en el boletín oficial. Los contratos se realizaron “por contratación directa o al amparo del Decreto 556, modalidades que están previstas para la contratación de bienes y servicios esenciales”, advirtió ayer Alegre. A partir de ahora la gestión macrista tiene 30 días de plazo para responder los requerimientos.

Mediante un comunicado, el gobierno porteño aseguró que “todos los trabajos contratados fueron cumplidos en tiempo y forma”. “No hay ninguna irregularidad en la prestación. La mayoría corresponden a compras de espacios publicitarios, la minoría a encuestas. En todos los casos consta que los servicios fueron prestados y que los análisis fueron realizados”, sostiene el parte de prensa oficial del PRO, que también defendió el vínculo con la escuela de periodismo: “Al igual que otras instituciones, fue contratada por el Instituto Superior de la Carrera y por el Instituto Superior de Seguridad Pública para prestar servicios académicos, que efectivamente fueron brindados”.

El propio candidato presidencial de Cambiemos salió a defender su gestión y bancar al comentarista futbolístico. “No se hizo ninguna excepción al sistema de contratación histórico de la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró Macri, quien relató que la información “es pública, está en la web de la ciudad” y fue suministrada al juez que investiga el presunto de administración fraudulenta. “Primero conformó una empresa con otro señor y prestó los servicios al gobierno de la ciudad. Hace un año y medio se retiró de la empresa y hace 2 meses le ofrezco ser candidato. Son dos tiempos distintos. Nunca manejó recursos como ministro, no era empleado público”, completó Macri, para quien la denuncia se trata de un intento de “ensuciar y embarrar” por parte del kirchnerismo.

“Nada de lo que ocurrió es legal o transparente. La empresa de Niembro tuvo solo dos clientes en toda su existencia: el Gobierno de la Ciudad y el Banco Ciudad, que es el banco público porteño”, salió al cruce el legislador Aníbal Ibarra. El ex jefe de Gobierno detalló que los montos de los contratos eran inferiores a 500 mil pesos para que pudieran otorgarse sin licitación. “El decreto 556 dice que se pueden aprobar gastos de imprescindible necesidad. Es evidente que una encuesta de satisfacción o intermediar en la colocación de pauta publicitaria no lo son”, concluyó Ibarra. En cambio, la aliada macrista, Paula Olivetto, ratificó la línea de prudencia que trazó la Coalición Cívica: “Vamos a esperar a ver qué nos contestan”.