El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán despertó no solamente reacciones desde el ámbito político, sino que distintos abogados constitucionalistas salieron a cuestionar la declaración de nulidad de la elección del 23 de agosto. “Es un fallo que trasciende los límites del lenguaje normativo. Se desconoce en forma flagrante un resultado electoral por medio de una decisión de un tribunal incompetente”, aseguró el abogado Eduardo Barcesat, quien adelantó que presentará una denuncia contra los jueces por “prevaricato”. En una línea similar, el letrado santafesino Domingo Rondina afirmó que las normas que regulan el proceso electoral en esa provincia “no le dan competencia” a ese juzgado. “Los jueces no pueden meterse en lo que la ley no les permite”, remató. Esas afirmaciones se suman a las opiniones de los juristas Raúl Gustavo Ferreyra y Julio Maier (ver recuadros).

La sentencia dictada por los jueces Salvador Ruiz y Ebe López Piossek despertó serios cuestionamientos por parte de colegas y especialistas en derecho constitucional. Según Barcesat, la decisión “es aberrante y arrasa el principio de deber de obediencia de la Constitución Nacional, por lo tanto es una conducta sediciosa que alguien se invista de autoridad electoral cuando no tiene atribuciones”. El abogado consideró que la Junta Electoral provincial “debe proclamar a los candidatos electos conforme al escrutinio definitivo”. El recuento de los votos arrojó un resultado de 11,7 puntos de diferencia entre Juan Manzur (FpV), con el 51,64 por ciento, contra el 39,94 por ciento de José Cano (Acuerdo por el Bicentenario). El constitucionalista fundó su acusación por prevaricato en que los magistrados resolvieron “apartarse a sabiendas de los que dispone la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Código Electoral de Tucumán”. Por último, consideró que el 28 de octubre, cuando el actual gobernador José Alperovich finalice su mandato “tendría que asumir el nuevo gobernador y demás autoridades electas”.

En una comparación con el proceso electoral santafesino, que también fue judicializado, Rondina recordó que el PRO, que llevaba como candidato a Miguel Del Sel presentó un amparo ante un juez civil en medio del escrutinio definitivo con el objetivo de que se suspenda. “Hay que rescatar en ese caso la sabiduría de la Constitución provincial (de Santa Fe) de 1962, que le quitó competencia a los jueces ordinarios en el proceso electoral. Hay un tribunal específico para esas cosas”, afirmó Rondina. El abogado constitucionalista explicó que “no puede un juez por que quiere ser protagonista robarse una causa y sentenciarla él”. “Cuando nos la pasamos jorobando con que ‘vivan los jueces’ y que ellos iban a ‘salvar a la República’, despertamos un monstruo. Hay jueces muy buenos pero otros se creen reyes sin corona, y quieren poner reglas que tienen que dictar desde el Poder Legislativo”, advirtió en declaraciones radiales.

Para Barovero, el Poder Judicial “no puede declarar inválido un acto comicial en su conjunto”. El vicepresidente del Instituto Nacional Yrigoyeniano compartió con Barcesat que se trata de una situación de “prevaricato judicial” y que se está fallando “en contra del ordenamiento constitucional argentino”. “Hay jueces que piensan que pueden gobernar a través de sus sentencias”, concluyó.