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Atahualpa diría, quizá con más pena que esperanza, que nos acaba de sorprender la provincia de Tucumán, centro histórico del norte argentino, en las últimas elecciones provinciales. Primero fue la quema de algunas urnas por vándalos, al parecer pertenecientes a todos los partidos principales que intervenían en el comicio, por intereses políticos más locales que generales. En segundo lugar temporal se ubicó la insólita manera con la que el perdedor reaccionó frente a la derrota: falta de reconocimiento del triunfo del adversario actual, pese a números claros que proceden tanto de la elección previa como del escrutinio definitivo del comicio actual, demanda de anulación de estos últimos comicios ante un tribunal que, como mínimo –para quienes no estamos enterados con sapiencia de la ley electoral tucumana–, suena como incompetente para el caso y, ya que estamos, por qué no el requerimiento de una medida cautelar más insólita aún, para que el organismo competente no proclame a los elegidos al final de su labor establecida por la ley como final de orquesta, todo después de que el perdedor hubo de intervenir ampliamente en los comicios ejerciendo los derechos con los que la ley resguarda a los diferentes partidos políticos y fórmulas electorales participantes en él. Por último, cuando racionalmente nadie lo esperaba, pero de uso habitual en estos días, metió la cuchara el tal tribunal en lo Contencioso Administrativo, enmendándole la plana a la autoridad comicial, la Junta electoral formada para el comicio sin impugnación alguna, impidiendo, primero, la proclamación de las autoridades elegidas por mayoría de votos y, en segundo lugar, anulando el resultado que emergió de la voluntad popular una vez conocido el escrutinio definitivo.

Para nuestra incipiente democracia, más pena que esperanza, más luz mala que luna buena. El desconocimiento de la voluntad de la mayoría para la ocupación de cargos públicos de primera magnitud, base ineludible del Estado democrático, sufre un golpe artero que, a decir verdad, se parece mucho a las históricas “proclamas revolucionarias” de los golpes militares a los gobiernos civiles de turno, golpe ejecutado esta vez por jueces a quienes la democracia no sabe contestarles, no tiene experiencia en este tipo de lides y, por ende, acepta sus decisiones. La “justicia” del Poder Judicial ha cantado cuando salió la luna a la manera de estos tiempos, en los cuales oposición significa confusión, pura suma, el litigio parece representar al avasallamiento de las instituciones –que mucho nos ha costado construir– y, por fin, la Justicia es aquel juego al que se dedica una casta de juristas pagos por el Estado para instaurar el triunfo de sus intereses de clase, y Derecho son las reglas y mecanismos irracionales que gobiernan el juego de esos intereses.

Empero, este resultado no parece obra pura de la casualidad. La provincia de Tucumán y su ciudad capital tiene antecedentes recientes en ese sentido, desde el Operativo Independencia hasta el triunfo en comicios de quien llevó a cabo ese operativo y luego fue condenado por los delitos de lesa humanidad cometidos, sin que su Poder Judicial ni el federal se diera por aludido durante aquellas atrocidades. Hoy, en cambio, reacciona con presteza frente a la voluntad popular. Tampoco la significación del poder judicial actual así, con minúscula, como poder de los jueces puede sorprender. Como dije, el Derecho y “la Justicia” se han transformado en una suerte de mecanismos de defensa –amparos, medidas cautelares y precautelares, Derecho preventivo, etc.– de intereses espurios de una clase social, mejor aún, de una corporación, la de los juristas, que dominan por varias vías aquello que denominamos “Poder Judicial”, verdaderos sacerdotes intérpretes de aquello que mandan los portadores básicos de esos intereses.

Por supuesto, todo ello funciona a costa de evitar el valor de la “igualdad” de todos los ciudadanos, presupuesto ineludible de la libertad y la fraternidad. De allí la pena antes que la esperanza.

* Profesor titular consulto de DP y DPP. UBA