“Fue un golpe de Estado judicial.” Así calificó el gobierno tucumano la decisión de un tribunal de esa provincia de anular los comicios celebrados allí y desconocer los mandatos otorgados por el voto popular, que ya fue apelada por el oficialismo. “Nos quieren afanar la elección”, definía la situación un operador peronista, de forma más pedestre, en off the record. El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo es “un atentado a la democracia” dijo el gobernador, José Alperovich, que además opinó que es “imposible” su cumplimiento “sin caer en acefalía”. Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, habló de una sentencia “ridícula, sin sentido y de una gravedad institucional inusitada y destituyente”.

Ayer mismo, por la tarde, los apoderados del Frente para la Victoria presentaron un recurso de Casación para que el fallo no quede firme e intervenga la Corte Suprema de Tucumán. También hubo una denuncia por prevaricato contra los magistrados que dispusieron la nulidad del comicio. En la capital de esa provincia, frente a los Tribunales, cientos de militantes peronistas montan guardia a la espera de la resolución del conflicto. La arena corre en el reloj: la fecha límite es el 29 de octubre, cuando caducan los cargos de todas las autoridades de la provincia.

“El pronunciamiento de los jueces de Tucumán es nulo de nulidad absoluta y deberá ser anulado por la Corte Suprema de Justicia”, dijo Jorge Landau, apoderado del PJ, a través de un comunicado donde denuncia que “los perdedores buscan jueces amigos que les permitan desconocer la voluntad popular haciendo que un triunfo del Frente para la Victoria se transforme en una derrota”. En ese texto, el diputado enumeró las fallas graves de la decisión de la Cámara:

- “Los jueces que se pronunciaron no estaban legitimados para hacerlo porque el órgano legalmente competente es la Junta Electoral de la provincia.

- El día de la elección todas las actas de escrutinio fueron firmadas por las autoridades designadas y los fiscales de todos los lemas que participaron de la elección. Ese es el escrutinio provisorio que dio ganador al FpV.

- Si finalizaron las operaciones del escrutinio definitivo llevadas adelante por la Junta y convalidadas por los fiscales de los partidos participantes que confirmaron con su participación y su firma las actas, el escrutinio es válido y los números finales confirmaron como ganador al FpV por más de 100.000 votos.

- El procedimiento del escrutinio definitivo se hizo siguiendo las exigencias de la ley, consentido por los participantes y no fue cuestionado.

- La validez o nulidad de las elecciones puede recaer en vicios o errores del escrutinio provisorio y del definitivo. No pueden haber otras causales que lleven a la nulidad.

- Los cuestionamientos al escrutinio deben sustanciarse ante la Junta Electoral de la provincia y apelados ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de acuerdo a la Constitución de Tucumán”.

Atento a esos argumentos, el peronismo se abroqueló detrás del gobierno tucumano, que buscaba ayer destrabar la situación elevando el asunto al máximo tribunal provincial. El recurso de Casación se presentó ayer por la tarde y se espera que se resuelva a comienzos de la semana que viene. Ese es el ámbito natural donde debe resolverse el pleito.

Así lo expresó el candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli: “Hay que respetar la voluntad popular y acatar el fallo definitivo de la Justicia, que es la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que tiene la máxima competencia y autoridad”, dijo. Tanto el peronismo como la oposición descuentan que la decisión de ese órgano será favorable al oficialismo, y todos dan por sentado que el asunto terminará, tarde o temprano, en manos de Ricardo Lorenzetti y la minusválida Corte Suprema de la Nación.

Por su parte, el gobernador Alperovich calificó el fallo de los jueces Salvador Norberto Ruiz y Ebe López Piossek como “un golpe contra la democracia y la voluntad popular de todos los tucumanos que fueron a votar”. En conferencia de prensa, dijo que “dos jueces no pueden parar la voluntad de 900 mil tucumanos” y criticó que la decisión judicial “esgrime como argumento solamente notas periodísticas”.

En relación con el nuevo llamado a elecciones, Alperovich explicó que “no se puede cumplir en 40 días lo que establece el fallo” porque “para llamar a un nuevo proceso electoral se necesitan 90 días por lo menos, y el 28 de octubre quedaría acéfala la provincia, cuando termine esta gestión de gobierno”.

Las especulaciones sobre cómo seguirá, entonces, el trámite, abundan. Opositores y oficialistas hablaron ayer de la posibilidad de una intervención federal, aunque la idea perdió fuerza con el correr de las horas. “Es sólo el último recurso”, estiman en el gobierno nacional, que esperan llegar a fines de octubre con la cuestión saldada en tribunales o al menos un fallo intermedio favorable que le permita asumir en tiempo y forma a Juan Manzur, el candidato más votado, al menos hasta tanto haya una sentencia firme.

Otra opción que se evalúa es que la legislatura provincial apruebe, en las próximas semanas, una nueva ley de acefalía que incluya un mecanismo que permita sortear el vacío de poder que se daría bajo la actual legislación a partir de finales de octubre. La ley de acefalía que rige actualmente en Tucumán es anterior a la reforma constitucional de 2006 y no prevé una alternativa para un caso como el que se presenta con el fallo de la cámara.

En el caso de que la situación llegue al límite y se vuelva obligatorio enviar al Congreso un proyecto de intervención, la misma será “tan breve como sea posible hasta que se resuelva el fondo de la cuestión” y recaería en manos de Manzur o de Alperovich, se especula en el oficialismo. En ningún escenario, aseguran, aparece la opción de repetir el comicio, tal como reclama la oposición. “Es una locura, no se ha hecho nunca y es imposible que la Corte Suprema termine decidiendo en ese sentido. No está en nuestros cálculos”, dijo un funcionario con despacho en Balcarce 50.

Mientras tanto, cientos de militantes del Partido Justicialista que se reunieron en la noche del miércoles en la Plaza Yrigoyen, frente a los Tribunales de esa provincia, al conocer el fallo que denuncian como “proscriptivo”, mantienen el campamento y prometen no levantarlo hasta que se resuelva la cuestión. Las paredes del Palacio de Justicia amanecieron ayer pintadas con consignas como “Ojo con traicionar al pueblo”, “Mi voto vale” y “Viva Perón y Eva”.