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El titular de la CGT oficialista, Antonio Caló, varios gremialistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y hasta los hijos del fallecido jefe de ese sindicato, Lorenzo Miguel, fueron imputados del delito de “lavado de dinero” por la fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales. Según el requerimiento de la representante del Ministerio Público Fiscal, los imputados habrían cobrado 20 mil dólares mensuales de 1987 a 2008, que correspondían al 20 por ciento de la recaudación de seguros de vida y sepelios a los afiliados de la UOM.

Además de imputarlos, la fiscal solicitó las inhibiciones de los bienes de Caló y de los otros acusados, entre los que resaltan los hijos de Miguel, los dirigentes de la UOM Juan Carlos Chumen, Lisandro Zapata, Aníbal Martínez y al resto del secretariado nacional y a las autoridades del Instituto de Seguros SA.

El requerimiento de la fiscal fue presentado ante el juez en lo penal económico Pablo Yadarola en el marco de una causa que comenzó luego de que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 condenara a un año y nueve meses de prisión a Segundo Pantaleón Córdoba, ex jefe del área jurídica de la

UOM, por intentar sacar del país 800 mil dólares que llevaba escondidos en su auto. Entonces, Córdoba había declarado que desde 1987 hasta diciembre de 2008, cuando se fue del gremio, el Instituto de Seguros SA le pagó mensualmente a él y a las autoridades de la UOM 20 mil dólares que correspondían al 20 por ciento de la recaudación de seguros de vida y sepelios. Córdoba fue demorado el 1º de agosto de 2011 en la terminal de Buquebús, en Puerto Madero, cuando iba a viajar a Uruguay, porque en su auto BMW se encontraron 800 mil dólares en efectivo. Ante la Justicia reconoció que el dinero eran ahorros de su trabajo en la UOM.

En el marco de aquel juicio, el condenado sostuvo que todos los meses, “en prolijos sobres marrones”, el Instituto de Seguros SA enviaba a la UOM el dinero para las autoridades del gremio y él. “Lo pactó con Lorenzo Miguel, secretario general de la UOM, y Julio Raele, en su carácter de máxima autoridad del Instituto del Seguro. A partir del 1º de julio de 1987 comencé a percibir esos dineros como remuneración mensual, habitual y permanente, por mi actividad lícita como abogado. Lamentablemente nunca se plasmó en la registración formal de salario decente”, se lamentó Córdoba. Los dichos de Córdoba fueron ratificados por Roberto César Echenique, contador de la UOM, y los abogados del gremio Ricardo Weisz y Hugo Rodríguez, según consta en la causa. Córdoba reconoció su culpabilidad en la Justicia y, en un juicio abreviado, fue condenado a un año y nueve meses de prisión en suspenso, al decomiso de los 800 mil dólares y al pago de una multa de 70 mil pesos.