Una denuncia presentada por la Procuraduría de Violencia Institucional impacta, no por desconocido, sino por las dimensiones de los hechos denunciados: los investigadores de Procuvin detectaron que en el término de 21 meses la Gendarmería destacada al Operativo Cinturón Sur produjo 43 hechos delictivos asociados a detenciones ilegales y torturas sobre 53 víctimas de las cuales 40 fueron niños y adolescentes. El término niños no es meramente nominal: el promedio de edad es de 15 años, y cinco de ellos tenían entre 13 y 14. En un pasaje de la denuncia, un funcionario del Centro de Atención y Derivación (CAD) donde es obligatorio que sean derivados de inmediato los pibes detenidos, refirió su preocupación porque el sistema denunciado es “más típico de otras épocas”. La denuncia, presentada ayer ante la Justicia y que recayó, en el Juzgado de Instrucción 8 de Yamil Bernan, da un detalle sobre las “garitas” y “destacamentos” sobre las que se reunió la mayor cantidad de evidencias. El pedido de investigación presentado por el titular de Procuvin, Miguel Palazzani, y el coordinador del Area de Violencia Institucional, Maximiliano Medina, presenta una perspectiva novedosa: además de pedir que se investigue a los autores directos de las detenciones y torturas, también pidió investigar las responsabilidades de los jefes por omisión o permiso.

La denuncia de Procuvin tuvo como punto de partida una serie de intervenciones de la Defensoría General de la Nación en las que coincidía el denunciado: los gendarmes afectados al Operativo Cinturón Sur, iniciado en 2011, curiosamente para dar seguridad a los ciudadanos de los barrios del sur porteño. La ausencia de un Cinturón Recoleta o Belgrano R, daba para anticipar que en la gestión de Gendarmería y Prefectura (convocados para el CS) se colaría algún matiz de discriminación, tal como ahora lo demostró la Procuvin. Con el número 3033 y bajo la carátula de “Participación personal de Gendarmería Nacional en delitos contra la libertad”, Procuvin inició una investigación preliminar de la que obtuvo datos sustanciosos.

En el informe que constituye la denuncia se describe históricamente el operativo, se informa la región a la que se adjudicó Gendarmería (que básicamente ocupa territorio desde Villa Lugano hasta Barracas), los espacios donde hicieron base los gendarmes (inicialmente compartieron espacio en las comisarías 34, 36 y 52) y la creación de los Destacamentos de Prevención Barrial: en Barrio Fátima (Lacarra y Plumerillo), en la Villa 1-11-14 (Perito Moreno y Cruz) y en el barrio Zavaleta (Zavaleta e Iriarte), cada uno con subdestacamentos y “garitas”, además de detectar una dependencia en Mariano Acosta entre Janer y Plumerillo conocida con el sintomático nombre de Espartano, que se adjudicó la mayor cantidad de denuncias efectivas por detenciones ilegales cometidas: el 31 de marzo de 2014; el 25 de agosto de ese año; el 12 de septiembre; el 14; el 15 y el 23 de ese mismo mes. En todas menos una aparece el mismo gendarme, el alférez Angel Toloza o Tolosa. De los casos denunciados en el Espartano, dos fueron sufridos por chicos de 15 años y en otro, uno de 14.

La garita de Villa Zavaleta tiene una intervención. Las garitas cercanas de Iriarte y los monoblocks y de Iguazú al 1500, presentan denuncias muy recientes: ambas el 23 de septiembre pasado.

La garita de Riestra y Bonorino presenta dos denuncias, una de ellas de un chico de 16 años; la de Lacarra y Plumerillo, en la que tras la denuncia, Procuvin realizó un allanamiento (cuyos resultados fueron publicados por Página/12) durante el que se descubrieron ravioles de cocaína, marihuana, medio centenar de DNI, tarjetas de débito, crédito, cédulas verdes, y documentos que eran ilegalmente retenidos a sus dueños.

La garita de Perito Moreno y Cruz, denunciada en cuatro casos, dos de ellos chicos de 16 años y uno de 15. Otras dos garitas que no se pudieron identificar y en las que fueron detenidos dos adolescentes de 17 años.

En su investigación preliminar, Procuvin destacó que “se evidenció, igualmente, que la privación de la libertad en estas dependencias en la mayoría de los casos tienen como consecuencia otras graves vulneraciones de derechos fundamentales”, detenciones que en una buena cantidad de casos tuvieron como víctimas a menores de 18 años, “modalidad delictiva que se vio incrementada en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014”. Estos datos en sí mismos motivaron una investigación más extensa. Así el coordinador del CAD, Juan de Dios Maggiani, declaró a la Procuvin que esos tres meses “se incrementó” la detención de pibes, “creo que trabajaban con la 35 y que a los chicos los llevaban a la garita y les realizaban apremios ilegales, desde físicos hasta psicológicos, como por ejemplo hacerles hacer saltos ranas, en calzoncillos, cantar el himno nacional, a Sarmiento, si se equivocaban les pegaban, en algunas ocasiones con personal femenino presente, amenazas, inclusive con que los iban a tirar al río, además de malos tratos por el color de piel, entre otras cosas”. Y agregó: “En el CAD recibimos muchas denuncias, muchos chicos por mes, pero estas de Gendarmería nos llamaron la atención justamente por el modo, porque eran más típicas de otras épocas, estábamos preocupados.” La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia elaboró un informe tomado por Procuvin en el que se menciona incluso que “algunos presentan lesiones visibles y uno, fractura”.

El informe elaborado por Procuvin señala que entre enero de 2013 y septiembre de 2014 se registraron 43 hechos, 22 en 2013 y 21 en 2014, a razón de dos casos por mes. En ese total se registraron 53 víctimas. 49 varones, dos mujeres y en dos casos no se tiene datos de sexo. Un numeroso subgrupo de 36 casos tiene como víctimas a 40 chicos de menos de 18, de los cuales el promedio es de 15 años, con casos extremos de “tres víctimas de 13 años y dos de 14”. Las detenciones de chicos se extendieron entre 1 hora y 20 minutos, hasta 15 horas 55 minutos. “Siete de cada diez niños, niñas o adolescentes detenidos pasaron más de tres horas entre su aprehensión y el ingreso al CAD y 4 de cada 10 fue demorado por más de cinco horas. La denuncia define que los chicos sufrieron “humillaciones, golpes, violencia sexual, asfixia y hasta traspaso de corriente eléctrica”.

El informe finaliza en el pedido de investigación de los responsables directos y, además, de los supuestos de responsabilidad penal de las jerarquías por no tomar acciones tendientes a evitar las detenciones ilegales de chicos que consideró “sistemáticas”.

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