Es frecuente escuchar señalamientos que indican que “no se hace nada en educación sexual”. Sin embargo, nunca se había avanzado tanto en este terreno como en los últimos años. Los 9 años transcurridos a partir de la sanción de la Ley 26.150, de Educación Sexual Integral, y los 7 que pasaron desde la constitución de un Programa Nacional y de un equipo de trabajo en el ámbito del Ministerio de Educación, nos permiten trazar algunas lecciones aprendidas. Es claro que ninguna ley modifica –por sí sola– la realidad, pero también que su existencia permite legitimar las acciones en el ámbito escolar. El monitoreo realizado mostró que buena parte de los directivos y docentes capacitados desconocían la existencia de la Ley. Y el hecho de conocerla fue central para asumir el desafío de aplicarla, no como una decisión personal, sino como una responsabilidad como agentes del estado. La decisión política fue fundamental para avanzar en la implementación de la ley. Decisión traducida en la consolidación de un equipo técnico de gran solidez, en la dotación presupuestaria para que éste pudiera desarrollar su tarea en casi todo el país, y en la capacidad de debatir con quienes se opusieran a la educación sexual. La prioridad política que se otorgó a la educación sexual integral refleja la comprensión de que ésta contribuye a formar sujetos autónomos y responsables, que puedan vivir libres de discriminación, violencias y abusos y que, en esta cuestión, se juega buena parte del ejercicio de derechos humanos. En tercer lugar, es necesario destacar la dimensión programática de la tarea emprendida por la cartera educativa, que contó con objetivos claros, pertinentes y progresivos, y que colocó el enfoque pedagógico en el centro del desafío (superando, por ejemplo, las perspectivas que consideraban a la educación sexual como un asunto de “especialistas” –mayormente médicos– que cada tanto ofrecen una “charla” en la escuela, sin mantener contacto con el alumnado), y que se apoyó en la formación de equipos técnicos y de formación docente en cada una de las regiones del país. Es claro que no son pocos los desafíos que presenta la educación sexual integral cuando se aborda desde un enfoque de derechos. Desandar mitos en relación con las relaciones de género; reconocer y celebrar la diversidad; tener en cuenta la dimensión subjetiva y la afectividad, son sólo algunos de ellos. Es necesario continuar ampliando y profundizando la formación de equipos docentes y directivos. En este contexto, con el eco de las manifestaciones de “Ni una menos” todavía resonando en el escenario colectivo, se instala la incertidumbre por el próximo cambio de gestión y lo que podría suceder en relación con esta política pública.

* Socióloga, investigadora del CIS-Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES).