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“Ya que a la gente le capturaron los ahorros, déjenlos manifestarse como quieran contra los bancos, incluso aunque haya un poco de violencia.” Este podría ser el resumen de lo que opinan cuatro de cada diez argentinos. Hay otra franja, sensiblemente menor, que también parece identificarse con la protesta, pero se suma desde un ángulo más legalista: escrache sí, desmanes no. Por último, hay una minoría –una de cada diez personas– que pide mano dura. Tal vez lo curioso es que en el Gobierno hay una intensa discusión sobre qué hacer con los escraches, pero al igual que en la opinión pública, prima la primera alternativa: dejar hacer a los manifestantes, no levantar la temperatura del conflicto, evitar a toda costa que haya muertos o heridos. Al menos por ahora ésa es la política oficial.
Las conclusiones sobre los escraches a los bancos y la opinión pública surgen de un trabajo que semanalmente realiza la consultora Ibope OPSM, que lidera Enrique Zuleta Puceiro. El estudio se denomina Monitor de Tendencias Sociales y resume la opinión de 600 personas en todo el país, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel socioeconómico.
El trabajo se terminó durante el fin de semana.
Desde el punto de vista de lo que se ve en la encuesta, Zuleta sugiere que “la gente cree que efectivamente los bancos se quedaron con el dinero de los ahorristas” y por lo tanto dicen “que protesten todo lo que se les dé la gana”, “es justo”. Algo así como el derecho a la venganza. Esto debe entenderse también en el marco de una sociedad que está movilizada y en la que gran parte de los encuestados –nada menos que el 71 por ciento– dice que se siente identificado con los cacerolazos. Reconoce haber participado el 24 por ciento, pero igual se siente identificado con los cacerolazos el 71. Es altísimo. “Muestra que hay una situación fuerte de malestar y bronca y eso hace que una parte importante de la sociedad justifique los escraches contra bancos, aunque tengan elementos de violencia.”
Desde otro ángulo, el Gobierno también está en plena discusión sobre cómo abordar el fenómeno de los escraches contra los bancos. Es obvio que hay una enorme presión de los banqueros que le piden al Gobierno que frene los escraches y detenga a quienes los protagonizan. El caso puntual de las zancadillas a Roberto Alemann volvió a instalar el reclamo de que se frene a los revoltosos.
Hasta el momento, la administración Duhalde ha optado por dejar hacer, bastante en consonancia con lo que opina la franja más gruesa de la encuesta. “Si nosotros tiramos gases lacrimógenos en la city va a ser un escándalo internacional de proporciones. Si hay heridos o algún muerto, aumentará toda la temperatura de la confrontación social. Lo mejor es dejar que la protesta se desarrolle y esperar a que las cosas se puedan solucionar desde la política y no desde la policía”, argumentan en la Casa Rosada. Esa estrategia no es bien vista ni por los funcionarios de Economía ni por los del Banco Central, pero hasta ahora sigue teniendo el guiño de Duhalde.
El gran interrogante sigue siendo hacia dónde va la protesta. En la encuesta de Ibope, 55 por ciento de la gente sostuvo que tiene confianza en que los cacerolazos van a contribuir a la solución de los problemas del país. Este es un índice de que la protesta sigue latente. Hay menos gente en las marchas de los viernes a Plaza de Mayo, pero todo indica que la expresión de la bronca sólo se tomó un respiro. Sigue ahí. Es más, el trabajo que dirigió Zuleta indica que el fenómeno no es sólo de la Capital Federal o el Gran Buenos Aires: hay fuertes picos de identificación con los cacerolazos en la zona pampeana, en la Patagonia y en el Noroeste, además de que los índices son altísimos en las grandes ciudades como Rosario y Córdoba. Lo que en principio pareció una protesta porteña, ahoratal vez ya no resuena tan fuerte los viernes, pero se extiende a más lugares de la geografía nacional.