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Desde las once de la mañana hasta más allá de las cinco de la tarde declaró Alex MacDonald, gerente del Scotia Bank Quilmes. Lo hizo en calidad de indagado ante el juez de instrucción Mariano Bergés, quien investiga el posible delito de administración fraudulenta cometido por entidades financieras de primera línea en perjuicio de sus ahorristas y depositantes. MacDonald, que concurrió al Palacio de Tribunales acompañado por una inusitada nube de custodios, es el primero de una lista que incluye a los máximos ejecutivos del Sudameris, Boston y Río. A esa nómina de indagados VIP, el juez Bergés incorporó ayer al presidente del Citibank de Argentina, Peter Bauman, que quedó así formalmente convocado para el 22 de este mes.
Con rigurosa puntualidad se presentó el gerente del Scotia a su cita forzosa en el primer piso del edificio de la calle Talcahuano. Allí lo aguardaban sus letrados, el ex procurador Andrés D’Alesio y Alejandro Mitchell, recientemente escindido del estudio de Alfredo Iribarren. Ellos mismos se sorprendieron de la exagerada cantidad de custodios adscripta a la seguridad del indagado. MacDonald, de nacionalidad canadiense, necesitó que el juzgado pusiera a su disposición una traductora y admitiera, a propuesta de la defensa, la presencia de una segunda intérprete, entrenada en la jerga técnica del sistema financiero. Según pudo saber Página/12, entre las 13.30 y las 15.30 fue el propio Bergés quien llevó adelante el interrogatorio con una batería de casi cincuenta preguntas. Las fuentes indicaron que, al parecer, el juez se habría mostrado satisfecho con el resultado de la audiencia: las respuestas de MacDonald al cuestionario fueron bastante más heterodoxas que lo que hubieran deseado sus letrados.
Lo cierto es que, a primera vista, resulta difícil percibir la intensidad de las presiones que se ejercen sobre el juzgado de instrucción. Pero no son pocas ni se limitan a meras expresiones periodísticas, más o menos destempladas, del mar de fondo que ha generado el accionar del magistrado. Voces calificadas del Palacio San Martín hicieron saber a este diario que la embajada de Canadá había solicitado, por intermedio de la Cancillería, autorización para asistir a la declaración indagatoria de MacDonald. Un pedido extemporáneo y que, como tal, fue contestado negativamente por el juzgado. Página/12 quiso confirmar la información en la propia sede del tribunal, pero allí negaron el episodio. El dato, no obstante, fue ratificado por los funcionarios de Carlos Ruckauf, que no vacilaron en calificarlo como “A 1”.
La irritación de la city está lejos de disminuir y, con seguridad, el desfile de banqueros en los días que vienen no contribuirá a ponerle paños fríos al enojo concitado por la silenciosa investigación de Bergés: mañana será indagado José María Dagnino Pastore, titular del Sudameris (asistido por el estudio de Jorge Anzorreguy); el lunes 18 le tocará el turno a Manuel Sacerdote, del Boston, y el miércoles 20 al gerente del Río. Pero es sin duda el Citibank el que se lleva las palmas en materia de tribulaciones: se confirmó ayer que su presidente local, Peter Bauman, deberá prestar declaración indagatoria el viernes 22 y, por cierto, no sería el único funcionario del banco al que se le dirija una cédula de notificación.
Es que desde hace un año la suerte no hace más que jugarle malas pasadas al Citibank de Argentina. En marzo del 2001, su entonces presidente Carlos Fedrigotti debió asistir a la audiencia pública llamada por el subcomité de investigaciones del Senado de los Estados Unidos por sus vinculaciones con Raúl Moneta y las poco claras relaciones con una off shore, el Federal Bank. Luego del escándalo, Fedrigotti recibió del Citi un nuevo destino en Roma. Anteayer, Julio Nudler, en este diario, dio cuenta de otra investigación judicial que envuelve a los directivos de Siembra, la AFJP del Citibank. De acuerdo a la causa, las inversiones hechas por importantes cargos de la administradora y de una consultora del plaza eran de una claridad meridiana: si las acciones subían, la operación no quedaba registrada y la ganancia iba al bolsillo de los ejecutivos; si, en cambio, los papeles bajaban, la operación se blanqueaba y la pérdida era para los aportantes a la AFJP.