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Hace algunas semanas un transeúnte lo insultó y le recordó la privatización de ENTel. Hoy el ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi deberá responder sobre otra antigua privatización, pero esta vez ante la Justicia. Fue convocado por el juez Jorge Luis Ballestero a prestar declaración indagatoria por el presunto vaciamiento de la empresa Aerolíneas Argentinas, la primera que el menemismo pasó a manos privadas. La semana próxima es el turno del ex ministro de Economía Antonio Erman González y está previsto que desfilen también los miembros del ex directorio de la compañía.
Seguramente ingresará por el garaje y su paso por los tribunales federales de Retiro apenas será reflejado por los reporteros gráficos. El 28 de enero fue increpado por Bernardo Alberte en Junín al 800, hijo del mayor Alberte que fue delegado de Juan Domingo Perón. El hombre terminó denunciando a los custodios de Dromi, que trataron de alejarlo del ex funcionario, por privación ilegal de la libertad.
La causa en la que está citado hoy como sospechoso de fraude contra el Estado se inició hace más de una década a partir de la denuncia del fallecido dirigente justicialista Alejandro Olmos. Pasó por varios juzgados hasta que el ex magistrado Carlos Liporaci dictó el sobreseimiento de todos los imputados. Sin embargo, los fiscales Carlos Rívolo y Claudio Navas Rial motorizaron la reapertura del caso a partir de un dato que les resultó llamativo: en el rubro “gastos asociados a la compra” aparecen 87 millones de dólares que la empresa puso en su balance sin explicación aparente. Ese hallazgo está ahora bajo peritaje.
Antes de abandonar la función pública, el fiscal general Maximiliano Rusconi denunció a la conducción de Aerolíneas Argentinas por presunta subversión económica. Aunque esta figura penal es controvertida puede servir para frenar los planteos por prescripción que seguramente harán los defensores. Rusconi, a través de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), detalló decisiones administrativas adoptadas desde el primer momento de la privatización, como haber cargado al balance con las deudas contraídas para comprar la empresa. Y enumeró los hechos que durante los diez años de la privatización menguaron los activos de Aerolíneas. Además, agregó el informe de la Auditoría General de la Nación que en 1996 ya había aconsejado la rescisión del contrato por los incumplimientos de los administradores hispanos que en sólo cinco años acumulaban 415 millones de dólares en inversiones no realizadas.
Por parte de la empresa fueron citados a indagatoria los accionistas Amadeo Riva, Enrique Menotti Pescarmona y Florencio Aldrey Iglesias, entre otros. Y los funcionarios fueron acusados porque tuvieron competencia en las renegociaciones contractuales llevadas a cabo con el accionista español.
En noviembre de 1990 el gobierno de Menem vendió Aerolíneas Argentinas a un grupo liderado por la española Iberia. La venta se concretó por el 85 por ciento de las acciones, por un valor de 260 millones de dólares en efectivo y 2040 millones en bonos de la deuda externa. Pero Iberia incumplió con el programa de inversiones pactado. Un año después Iberia fue privatizada y España transfirió la compañía al Instituto Nacional de Industrias, antecesor de la SEPI. A principios del 2002 hubo despidos masivos y finalmente la empresa pasó al grupo Marsans.