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A partir de mayo, los porteños podrán opinar sobre el estado de conservación de las plazas de la ciudad y hacer reclamos a las empresas concesionarias del servicio de mantenimiento que, si no cumplen con la demanda, podrán ser sancionadas por el gobierno. Esta nueva forma de control de los servicios, inédito en la ciudad, formará parte del pliego de licitación del mantenimiento de los espacios verdes porteños, que será adjudicada en setenta días. El modelo de “auditoría social” –como la denomina el gobierno porteño– se aplicará también para la licitación de la recolección de residuos, el contrato más importante de la ciudad, previsto para el año próximo.
Los pliegos para el mantenimiento de espacios verdes ya están en poder de la Procuración General de la Ciudad, última etapa antes del llamado a licitación. Además del corte del césped y la limpieza de la plaza, la convocatoria incluirá el mantenimiento y limpieza de los lagos, el cambio semestral de arena en los areneros y la recolección de las deposiciones caninas, pero no tiene en cuenta los patios de juegos. La ciudad se dividirá en nueve zonas, de las que se licitarán ocho: la restante quedará en manos de la administración porteña. Según el pliego, las empresas oferentes podrán hacerse cargo de un máximo de dos áreas. La concesión será por tres años, más uno de prórroga.
La auditoría social no es la única novedad que incorpora el gobierno a la licitación. El pliego exigirá a la empresa adjudicataria que destine un porcentaje fijo de su inversión a una campaña de comunicación con la sociedad, sobre cómo mantener limpios y cuidar los espacios verdes. Según lo previsto, deberán asignar a ese fin el 4 por ciento del presupuesto previsto para el primer año de contrato y el 3 por ciento de los años siguientes. “Por ejemplo, la campaña que hoy hace el gobierno de la ciudad para juntar la caca de los perros, tendrá que hacerla la empresa concesionaria”, explicó a Página/12 el secretario de Medio Ambiente, Eduardo Ricciuti. Las campañas pueden ser propuestas por la empresa pero deberán ser aprobadas por el gobierno.
Para llevar a cabo la auditoría social se conformará un consejo vecinal en cada Centro de Gestión y Participación (CGP), integrado por vecinos y representantes de ONG, que se reunirán periódicamente y harán una evaluación del servicio. El dictamen será elevado a la empresa y a las autoridades de la ciudad, con los reclamos para mejorar el servicio. El control se completa con una evaluación trimestral que realizará la propia empresa, a través de encuestas de satisfacción. Y el centro de reclamos de la empresa deberá funcionar on line con la Secretaría de Medio Ambiente, para evaluar el funcionamiento del servicio. “Con este mecanismo de control se le quita discrecionalidad y poder al funcionario encargado de controlar a las empresas, y favorece la transparencia”, argumentó Ricciuti. En efecto, hasta ahora, siete inspectores se encargaban de supervisar el cumplimiento de los contratos de mantenimiento. Esa atribución, ahora, será derivada a los vecinos. Los consejos vecinales, además, podrán hacer propuestas tales como cambiar los horarios de corte del pasto, o reclamos, como una mayor limpieza de los areneros, por ejemplo.
“Con las auditorías sociales buscamos una nueva forma de relacionarnos con los vecinos –dijo a este diario el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra–. Aumentar la participación de los vecinos posibilitará aumentar la eficacia y la transparencia de la gestión.”
La ciudad tiene en total 905 lugares encuadrados como espacios verdes, que suman en total unas 1500 hectáreas. Entre ellos se cuentan parques y plazas, pero también bulevares, plazoletas y jardines; 123 están bajo el régimen de padrinazgo y por lo tanto no entran en la licitación. Tampoco se incluyen la Reserva Ecológica (bajo una dependencia especial) y los parques Sarmiento, Roca e Indoamericano, administrados por la Dirección deDeportes. En total, se licitan unos 700 espacios verdes, que involucran 886 hectáreas.
El último contrato venció el 9 de diciembre, pero fue prorrogado hasta fines de abril, previa compulsa de precios. El nuevo proceso licitatorio, estiman las autoridades porteñas, estaría cerrado en 70 días.