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“Esto es un compás de espera”, comentaba ayer un grupo de funcionarios de la Corte Suprema. Mientras preparan sus descargos para defenderse ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, los ministros del alto tribunal buscan caminos para dilatar cualquier decisión drástica en relación al corralito financiero. Siete de ellos decidieron ayer propiciar audiencias de conciliación para que allí se debatan dos causas que preocupan al Gobierno: una en que la provincia de San Luis reclama al Estado 247 millones de dólares y otra en que la ombudsman Alicia Oliveira pide la devolución de los ahorros de todos los porteños. Las audiencias –coinciden fuentes judiciales y del gabinete nacional– servirán en el mejor de los casos para abrir una negociación o “limar diferencias” pero no eliminarían de una vez las restricciones bancarias.
Hace quince días los supremos más menemistas tenían listo un proyecto para conceder las medidas cautelares pedidas por la provincia del ex presidente Adolfo Rodríguez Saá y la Defensoría porteña. También tenían en mente declarar la inconstitucionalidad del artículo 2 del decreto 214, que impide hacer juicios contra el corralito. Iba a ser una nueva declaración de guerra al Gobierno. Pero no lograron juntar los votos necesarios.
En los últimos días los jueces volvieron a escuchar invitaciones a renunciar desde el Ejecutivo y Diputados los notificó de los cargos en su contra. En plan de hacer tiempo aprovecharon que Oliveira les pidió que convocaran a una audiencia con la Asociación de Bancos y el BCRA y que el propio Banco Central presentó una nota explicando con cifras por qué no se puede responder al retiro de todos los depósitos.
u La Corte resolvió ayer girar el expediente de la Defensoría al juez Martín Silva Garretón para que él cite al encuentro de partes. La resolución fue firmada por Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano, Carlos Fayt y Augusto Belluscio. Oliveira señaló: “Nosotros no queremos que la gente vaya como loca a buscar la plata. Queremos sentarnos con el Central y los bancos para que garanticen que los depósitos están y acordar un cronograma de devolución razonable y en la moneda original”. El magistrado armará la reunión. Si no se logra acuerdo la causa volverá a la Corte. Por ahora el BCRA dijo que no hay dinero pero informó que concurrirá al debate.
u Los mismos siete ministros citaron para una audiencia el lunes próximo a la gobernadora puntana Alicia Lemme, el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, el procurador del Tesoro Rubén Citara, el titular del BCRA Mario Blejer y el del Nación Enrique Olivera. San Luis reclama 247.394.883 dólares. Economía sólo acepta darle pesos. “La provincia recaudó pesos y depositó dólares, su pesificación es igual a la de cualquier ahorrista, a 1,40. Además, San Luis presentó un cronograma de gastos de obra pública en pesos. No hay negociación posible”, dijeron voceros de la cartera.
u Otra resolución devolvió a primera instancia dos causas de ciudadanos que reclaman sus ahorros por “razones humanitarias” y la del correntino Carlos Smith, quien ganó un reclamo de inconstitucionalidad del corralito, pero que recurre porque el ya citado decreto 214 le impide cobrar.
u Además, los supremos –con objeciones de Belluscio, Enrique Petracchi y Gustavo Bossert– resolvieron pedirle al Poder Ejecutivo “por vía del Ministerio de Justicia”, que propicie la habilitación de otros fueros para recibir la catarata de recursos de amparo contra el corralito. El titular de Justicia, Jorge Vanossi, se rehúsa a intervenir: “Es el Congreso el que puede crear juzgados y es opinable hacerlo en causas ya iniciadas, podría violarse el principio del juez natural”.