La gobernación bonaerense y la intendencia de Merlo avanzaron en el censo de las más de dos mil familias que acampan en las 60 hectáreas de terrenos tomados. Tras nombrar delegados por manzana, los ocupantes se están registrando ante los funcionarios en unas mesas instaladas en la unidad sanitaria de la zona, mientras el predio continúa bajo control policial para evitar el ingreso de más personas. El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Eduardo Aparicio, planteó que una vez que estén hechas las fichas del censo. “los vecinos van a dejar una guardia y van a empezar a desalojar”.

Los ocupantes –al menos una parte de ellos– se mostraron de acuerdo con descomprimir la situación de esa manera. “Estamos dispuestos a dejar los terrenos pacíficamente para que no haya un desalojo violento, pero nos vamos a quedar en la vereda de enfrente a la espera de que avance el acuerdo”, señalaron dos de los delegados.

La negociación fue abierta sobre los terrenos, pero no sobre el complejo de viviendas a medio construir del plan federal porque se trata de casas que ya fueron adjudicadas. Aparicio diferenció en este sentido a los que ocuparon los terrenos de quienes tomaron propiedades del Plan Federal, y dijo que en ese caso será la Justicia la que deba actuar.

A su vez, el subsecretario de Urbanismo Social de la provincia, Ricardo Spaletti, aseguró que luego del censo se articularán “todos los medios para que el predio sea utilizado como para generar un loteo a través de la ley de hábitat sancionada por este gobierno, que consiste en la generación de lotes con dotación de servicios progresivos y la realización de todos los estudios de impacto ambiental e hidráulicos”.

En el predio, donde no hay árboles ni agua, las familias permanecen en carpas improvisadas con lonas y plásticos, o casillas de chapa y madera. Muchos provienen de los barrios cercanos y de la villa Los Toreros, de Merlo. La mayoría habla de conseguir un convenio que les garantice poder comprar un lote con facilidades, ya son familias que alquilan piezas por valores que llegan a los dos mil pesos mensuales y en las que viven hacinados.

El intendente electo de Merlo, Gustavo Menéndez, confirmó que avanza un principio de acuerdo. “Ha empezado a funcionar la maquinaria del Estado y eso es alentador. Hemos tomado contacto con vecinos circundantes que se sienten amenazados e invadidos, y también con vecinos que participan de la toma que tienen necesidades reales después de 24 años donde no hubo una política habitacional fuerte, pero no se puede infringir la ley”, señaló.

Menéndez consideró, por otra parte, que con el despliegue de la infantería en la zona para evitar nuevos ingresos al asentamiento, “en poco tiempo el conflicto va a disminuir”.

El intendente electo redobló sus críticas hacia el jefe comunal saliente, Raúl Othacehé, al que acusa de haber instigado la toma, y sostuvo que las autoridades municipales “estaban desaparecidas” porque “tienen un encono con nosotros por haber perdido, pero a la gente no le importa lo que opine un político del otro, sino que podamos tener una solución”.

En el predio el martes se vivió una jornada de tensión con la llegada de 500 efectivos de la bonaerense y la advertencia de que desalojarían el lugar si la justicia se los ordenaba. Sin embargo, el gobernador Daniel Scioli dispuso que se buscara una salida dialogada para evitar la violencia. “No queremos ningún episodio que lamentar”, señaló.

Ayer, su ministra de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez, ratificó que ese seguirá siendo el modo de encarar el tema. “Estamos trabajando en la zona con el ministro Aparicio, de Desarrollo Social, el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, con la instrucción precisa del gobernador de generar una solución pacífica y sin violencia”, afirmó.