Ayer estuvieron en Tribunales cerca de medio centenar de jueces interesados en participar en la comisión.
Imagen: Joaquin Salguero.

Cincuenta jueces y juezas posaron sonrientes para una foto institucional que intenta dar cuenta de que se reunieron, convocados por la Corte Suprema, para iniciar las actividades de la llamada Comisión de Lucha contra el Narcotráfico. Esa demostración de presencia, difundida por el Centro de Información Judicial, aferrada a uno de los temas sobre los que pivoteó la campaña electoral, sucede entremedio de cuestionamientos de más de una decena organizaciones sociales, del ámbito del Derecho y expertos en políticas de drogas y seguridad. Sostienen con la creación de la comisión en el alto tribunal asume funciones que no le pertenecen ni a ella ni a los jueces penales, y que esto “difícilmente garantice su independencia de criterio” sino que los convierte en “jueces y parte”. Lo señalan en un documento conjunto, que a la vez alerta sobre el “enfoque bélico” que conlleva el concepto de “lucha contra el narcotráfico” y que, por la experiencia en la región, puede llevar a escaladas de violencia.

“La función de diseñar la política criminal, coordinar esfuerzos y definir la persecución penal es del Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, no de una comisión de jueces. La Corte puede dar mensajes y producir información para conseguir mejores diagnósticos, y en todo caso definir los límites o alcances de las acciones, al evaluar si son acordes a los derechos constitucionales”, sostiene Paula Litvachky, directora del área de Justicia y seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales. La Corte, dice el documento “debería respetar su función institucional como instancia suprema de control y revisión de las decisiones” de los tribunales inferiores. Litvachky apunta que poner el foco en los conceptos de “lucha” y de “persecución penal” impide atender la complejidad del problema.

Ayer aterrizaron en el Palacio de Tribunales cerca de medio centenar de jueces interesados en participar. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, promotor del tema, les dijo que el punto de partida de la convocatoria era el fallo “Arriola” con el que la Corte, en 2009, declaró la inconstitucionalidad de la tenencia de droga para consumo personal. Pero el eje, para Lorenzetti, es que el fallo pedía políticas de Estado, haciendo una distinción entre el consumo y el “fenómeno del tráfico ilícito”, y “medidas enfocadas en la salud pública y grupos vulnerables”. Un informe difundido por el CIJ dice que la creación de la comisión responde a que no se “detectaron avances concretos” después del fallo Arriola, pero no explica cómo se hizo la evaluación.

“Las políticas públicas dirigidas a las problemáticas asociadas al tráfico de drogas no pueden estar fundadas en paradigmas obsoletos, que lejos de atender a la complejidad de los problemas priorizan la persecución de los consumidores”, dicen las organizaciones. “Sería deseable ensayar propuestas dirigidas a reducir la demanda y abordar los consumos según su complejidad (...) lejos de cumplir los lineamientos del fallo Arriola, el accionar del poder Judicial persiste en la penalización de los usuarios de drogas, sin alcanzar a las estructuras de la criminalidad organizada”, completa.

El documento está firmado por el CELS, el Colectivo de Investigaciones y Acción Jurídica (CIAJ), la Comisión Provincial por la Memoria, el Grupo Promotor del Documento Convergencia: Drogas una iniciativa para el Debate, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed) y el Observatorio de la Justicia, la especialista María Alejandra Otamendi y el investigador Esteban Rodríguez Alzueta.

En otro documento con muchos puntos en común, la Asociación Pensamiento Penal también pinta la “imparcialidad” de la Corte: “no es su función la persecución o lucha contra los delitos, sino la instancia suprema de control y revisión”. También advierte que la noción de “guerra” para tratar la narcocriminalidad es peligrosa y esconde que la persecución está focalizada “solo de modo excepcional en verdaderos narcotraficantes” (sólo en un tres por ciento de los casos de este tipo que tramitan).

La estrategia de “guerra contra las drogas” en distintos países de América latina, dice el texto colectivo, condujo a “la militarización de la seguridad interior, a escaladas de violencia con altos costos en términos de vidas humanas y un profundo deterioro de la calidad de vida de la población y de las instituciones democráticas”.

Todas las organizaciones coincidieron en que los anuncios de la Corte están asociados al escenario electoral y en un contexto que vino acompañado de discursos sobre narcotráfico. Lorenzetti en el discurso de ayer señaló que su misión es coordinar el funcionamiento de los tribunales con eje en la cuestión de las drogas y coordinar otras medidas con los demás poderes del Estado.