El Senado avanzó un casillero. La Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó el dictamen al proyecto de ley que crea la Comisión Bicameral para la Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar. El dictamen obtuvo el apoyo de los senadores del Frente para la Victoria. Y a diferencia de los acuerdos a los que había llegado en Diputados, aquí concurrió un solo radical y faltó la representante del PRO. La propuesta obtuvo un importante respaldo el lunes de una comisión de cinco expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahora intentará ser sancionada el 25 de noviembre.

“Se trata de una responsabilidad histórica que le toca a este Congreso”, expresó el presidente de la comisión, el kirchnerista Marcelo Fuentes. Como recordó el senador neuquino, “hubo una campaña en los medios de comunicación diciendo que esta comisión pretendía enjuiciar a los responsables”, pero destacó que el Parlamento “tiene la atribución de analizar la verdad política” y “no avanza en ninguna facultad de otros poderes”. El jefe del bloque del FpV, Miguel Angel Pichetto, sostuvo en esa línea que “esto no es un ajuste de cuentas”.

El proyecto fue aprobado a mediados de septiembre por Diputados. Obtuvo 170 votos a favor, con disidencias parciales del bloque de la UCR, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda y el interbloque FAP. Sólo tuvo 14 abstenciones del PRO y sus aliados de Salta y Mendoza. Luego de esa aprobación, pasó al Senado a la espera del tratamiento en Asuntos Constitucionales.

Entre los ausentes se ayer estuvieron el radical Ernesto Sanz y su socia de espacio político Gabriela Michetti. El único radical presente fue Mario Cimadevilla y repitió las críticas que el proyecto recibió desde los grupos de poder: dijo que los atributos de la Comisión “se apartan de los principios que llevaron al juzgamiento y encarcelamiento de los responsables durante el gobierno de (el ex presidente radical) Raúl Alfonsín” y que “otorga facultades judiciales que usurpan jurisdicciones y garantías”. Cuando los integrantes de la comisión le preguntaron si hablaba en nombre propio o nombre se su bloque, señaló que se trataba de una postura personal.

La Bicameral, impulsada por el diputado Héctor Recalde, fue pensada como una herramienta parlamentaria para avanzar en términos de verdad con las investigaciones pendientes en materia de complicidades empresarias y financieras con la dictadura argentina. Compuesta por cinco diputados y cinco senadores de acuerdo con la representación parlamentaria, deberá presentar un informe con los aspectos más salientes “así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada” por la última dictadura militar y la “identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron” con el régimen.