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El macrismo prepara hacia fin de año un paquete de leyes que incluyen la venta de terrenos públicos, la concesión por décadas del autódromo o del Centro de Exposiciones, entre otras. Los proyectos son resistidos por un sector de la oposición y, al igual que ocurrió hace dos años, las votaciones podrían quedar sujetas a la negociación de siete cargos de la Auditoría porteña, que se deben votar a fin de año. Entre esas leyes, está nada menos que el Presupuesto 2016, que el macrismo no envió a la Legislatura pese a que la Constitución porteña establece que debe ser mandado antes del 30 de septiembre. Por ese motivo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) entabló una demanda ante el fuero contencioso administrativo. El gobierno porteño, que extraoficialmente admite que no piensa mandar el presupuesto hasta después de las elecciones, contestó un requerimiento de la jueza Elena Liberatori. Pero el fiscal Ocampo pidió urgente el expediente, como una forma de frenar la demanda.

En la bancada macrista señalan que tendrán trabajo a partir del 23 de noviembre para reunir las voluntades para el paquete de leyes. Entre otras, intentarán aprobar las siguientes:

1 Venta del Buenos Aires Design. El paseo comercial tiene desde hace años una concesión con un canon irrisorio de 49.029 pesos por un complejo que tiene 60 locales comerciales, 145 cocheras, una terraza de 300 metros cuadrados y dos centros de convenciones. Es administrado por la empresa Emprendimientos Recoleta SA (ERSA), cuyo accionista mayoritario es el grupo IRSA de Eduardo Elsztayn. Para que esa concesión no pasara por el control legislativo –obligatorio para todas las concesiones de más de 5 años– se lo otorgaron por 4 años y 364 días. Desde julio, el PRO busca directamente vender ese complejo con el objetivo de financiar la construcción de la Ciudad Judicial. Se presupone que la compradora sería la misma empresa. Los legisladores Gabriela Cerruti, Lorena Pokoik, Paula Penacca, José Cruz Campagnoli, Fernando Muñoz y Pablo Ferreyra participaron de una radio abierta para rechazar la venta.

“Estuvimos en la puerta del Buenos Aires Design acompañando a los vecinos. La oposición a la enajenación de un bien que es patrimonio cultural de la ciudad y que debería estar al servicio de los ciudadanos. Estoy igual de en contra de que la concesión sea a un valor irrisorio. Tenemos que poder acceder todos a esa zona”, indicó la kirchnerista Pokoik a este diario. Por su parte, el jefe del bloque de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, consideró: “No creemos que la venta del Buenos Aires Design sea una buena política. Además, no tiene una tasación lógica y válida de lo que sale ese terreno en la Ciudad de Buenos Aires.” “No renunciaría a ese inmueble y vería de qué manera lo relaciono con la oferta del Centro Cultural Recoleta. No quita que se lleve una concesión como corresponde y no la que hoy tenemos”, indicó Ferraro.

2 Venta del predio El Dorrego. El macrismo ya había intentado vender el edificio conocido como El Dorrego hace dos años. Como informó este diario, en 2013 recortó tres millones de pesos al programa de Intervención Social en Villas para refaccionarlo y luego tenía pensado entregárselo a la productora de Adrián Suar, quien compartió con Macri el partido en el que Boca se consagró campeón del torneo local. Ahora el PRO volvió a la carga, con un proyecto más moderado: Suar salió del primer plano y propone vender parte del predio para financiar en la otra parte el Centro Metropolitano Audiovisual. “Este paquete de leyes reafirma la lógica privatizadora con el que el macrismo viene gobernando la ciudad de Buenos Aires”, afirmó la legisladora de La Cámpora Paula Penacca. “Plantean ventas de terrenos de la ciudad, que no son destinados a construcción de vivienda en el marco de la crisis habitacional. En cambio, habilitan grandes negocios para los mismos empresarios amigos de siempre”, indicó.

3 Concesión del Autódromo. Se busca crear un fideicomiso por 30 años que será administrado por la Corporación del Sur y empresas vinculadas a la industria automotriz. “Todo lo que tiene que ver con venta de activos de la ciudad me voy a oponer, porque es el único capital que tiene la ciudad. No es un Estado con empresas productivas y de servicios, sino con tierra”, señaló el legislador Fernando Muñoz. “Este gobierno inició en 2007 la venta de tierras con lo de Catalinas Norte y luego una serie de terrenos que vendieron hipotéticamente para las obras del Teatro San Martín. Hace unas semanas presenté un pedido de informes sobre qué pasó con esas ventas”, indicó.

4 Concesión del Centro de Exposiciones y Convenciones. Recién terminado, el PRO busca entregar a un privado el nuevo edificio junto a la Facultad de Derecho de la UBA. Como informó este diario, el Gobierno porteño hizo una inversión del 313 millones de pesos en la construcción, por lo que tanto la jefa del bloque del kirchnerismo Gabriela Alegre como el legislador Aníbal Ibarra discutieron a fines del año pasado con la jefa del bloque macrista Carmen Polledo cuando se trató el proyecto para concesionarlo por 30 años. “Con el Centro de Exposiciones, tanto Hernán Arce, Juan Nosiglia, Paula Oliveto Lago y yo nos expresamos con nuestra posición de no compartir el criterio de entregar llave en mano una obra así –indicó Ferraro, de la Coalición Cívica–. Se pueden tomar otros ejemplos, donde hay una clara participación del Estado en asociación con el sector privado. Puede ser una sociedad estatal.”

5 Venta de una parte del Tiro Federal. Se propone vender una parte para construir un Centro de Innovación. “Con el Tiro Federal, se reproduce una lógica de distritos que no promueve un desarrollo positivo para la ciudad. Todas las medidas avanzan con la enajenación de tierras públicas y con el Estado gobernando a favor de los intereses de grandes empresas”, advirtió Penacca.

6 Concesión del Bus Turístico. El contrato venció en 2013, pero el PRO se resiste a licitarlo. El negocio está en manos de una unión transitoria de empresas (UTE) de las compañías Flechabus y Rotammund. Estas empresas informaron que la cantidad de pasajeros es cercana a 300 mil personas, por lo que la facturación llegaría a los 78 millones de pesos anuales. El Estado se queda con el 25 por ciento de ese dinero. En lugar de licitarlo, el PRO quiere renovar la concesión a través de una resolución que requiere de 31 votos en lugar de 40 votos. En la oposición, lo ven como una trampa reglamentaria, de esas por las que el PRO suele poner el grito en el cielo en el Congreso nacional.

A estos proyectos se podrían sumar otros, como la renovación de la concesión del Club de Golf en Lugano, la aprobación del proyecto de IRSA del resistido barrio Solares de Santa María junto a la Reserva Ecológica o incluso existe la versión de la creación de una Agencia de Bienes del Estado (no obstante, no hay ningún proyecto presentado). Para la gran mayoría de estas normas, el macrismo requiere de 40 votos, por lo que tendrá que negociar con algún sector del interbloque kirchnerista o bien con alguna parte de la bancada de ECO.

“Nuestra postura, desde la Coalición Cívica, siempre fue no acompañar estos proyectos, salvo para cuestiones de asignaciones específicas como la venta de Catalinas Norte para nuevas escuelas o para las mejoras del Teatro San Martín. Como criterio, ratificamos nuestra postura de que no creemos en una política de descapitalización para llevar adelante otro tipo de políticas”, señaló Ferraro. “Los kirchneristas tenemos la tendencia a no privatizar. Esa es mi posición personal: ser kirchnerista es defender el patrimonio público”, indicó Pokoik. “El PRO tiene una impronta privatizadora que contrasta con lo que hizo el Gobierno nacional en estos años. O privatizan o plantean concesiones a varias décadas, en vez de poner su prioridad en los sectores más necesitados”, advirtió Campagnoli.

A esto se le suma otro elemento de la negociación: los cargos. En 2013, hubo denuncias de que se negociaban los cargos de la Defensoría del Pueblo, el Ente Regulador de Servicios Públicos, el Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, el Consejo del Plan Urbano y las tres cabezas del Ministerio Público. En esa situación fue que llegó al cargo del fiscal general el macrista Martín Ocampo, que ocupa un cargo equivalente al de Alejandra Gils Carbó a nivel nacional. En este caso, están en discusión los siete puestos de la Auditoría General de la Ciudad, que serán tratados en paralelo a un paquete de leyes que el PRO intentará aprobar luego de que pasen la segunda vuelta nacional.