El tramo final del juicio oral y público por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 comenzó ayer por la mañana, con la primera jornada de alegatos, en la que expuso el abogado Rodolfo Yanzón, representante de la querella unificada de heridos. “Es demasiado tiempo. Justicia que se retarda es justicia que se deniega, es decir que empezamos con justicia denegada”, dijo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6, a poco de cumplirse 14 años de los hechos. El principal responsable político en el banquillo es el ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza Enrique Mathov, quien es juzgado junto a 16 agentes de la Policía Federal. Familiares de las víctimas fatales de las dos jornadas represivas manifestaron “gran expectativa” por la nueva etapa del juicio, pero insistieron en el rechazo al sobreseimiento del ex presidente Fernando de la Rúa, determinado antes del inicio del este juicio. “En términos generales el juicio viene muy bien, pero no podemos dejar de remarcar que no vamos a bajar los brazos hasta que se concrete la apelación ante la Corte Internacional por el sobreseimiento de De la Rúa”, dijo María Arena, viuda de Gastón Riva. Por su parte Karina Lamagna, hermana del joven deportista asesinado Diego Lamagna, dijo que el ex presidente “no sólo tiene que estar como responsable de este juicio porque él fue quien decretó el estado de sitio, sino que tiene que ser condenado socialmente”. El TOC continuará con los alegatos del CELS, querella unificada de las familias de las cinco víctimas fatales, que comenzará a leerse hoy y apunta a las responsabilidades políticas de la actuación policial.