OPINION

Ante las elecciones

Por CELS *

En la última década, la democracia argentina dio grandes pasos en el camino de garantizar la vigencia de los derechos humanos.

La etapa de la impunidad de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, posterior al informe de la Conadep y el histórico Juicio a las Juntas Militares, comenzó a cerrarse en 2001, cuando el trabajo de los organismos de derechos humanos condujo a la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En los años siguientes, una hasta entonces inédita articulación de políticas públicas transformó el escenario. Decisiones simultáneas de distintas instancias estatales generaron la reapertura de las causas judiciales y el comienzo de nuevas investigaciones en todo el país, el desarrollo de políticas de memoria y verdad en los distintos ámbitos, el apoyo a la labor de los organismos de derechos humanos que durante años habían desarrollado en soledad tareas urgentes. Muchas cuestiones permanecen pendientes: hay causas judiciales abiertas que exigen el compromiso del Poder Judicial y del Ministerio Público, y la colaboración de los demás poderes. Hay cientos de familias que todavía no han encontrado a niñas y niños, hoy adultos, que fueron secuestrados durante la dictadura y miles de víctimas que aún no saben qué ha ocurrido con sus familiares detenidos y desaparecidos. Al mismo tiempo, las responsabilidades en el plan represivo de los sectores civiles, entre ellos, el empresarial, todavía son materia de investigación, tanto en lo relacionado con la reconstrucción histórica como en el ámbito judicial. La realización de estas políticas de memoria, de verdad y de justicia ha sido posible porque todos los poderes del Estado tuvieron en estos años un papel activo y protagónico.

El Estado ha asumido un papel central en la ampliación de derechos de diversos sectores con la universalización de las políticas sociales, la institución de las paritarias, la recuperación del sistema previsional y de las empresas estatales y las mejoras en las condiciones laborales, entre ellas las de los trabajadores rurales y de casas particulares.

Esto fue realizado en el contexto de la más grave crisis internacional en casi un siglo y de una incesante fuga de capitales. Al mismo tiempo, la Argentina adoptó opciones estratégicas de política internacional que fortalecieron la relación política y económica con los países de Sudamérica y la capacidad nacional de tomar decisiones soberanas.

El Poder Legislativo ha sancionado leyes que implicaron cambios paradigmáticos para el ejercicio de derechos, como las de migraciones, salud mental, matrimonio igualitario, protección integral a las mujeres y servicios de comunicación audiovisual. Buena parte de estas transformaciones fue producto de la confluencia de la militancia social y de decisiones políticas. En algunos casos, estas reformas enfrentan intereses corporativos que se transformaron en obstáculos para su implementación plena.

La dificultad para llevar adelante reformas estructurales se manifestó en las políticas de vivienda y acceso a la tierra en los ámbitos rural y urbano. Aun con los grandes avances y la inversión estatal realizada en esta materia, la falta de acceso a un hábitat digno sigue siendo el problema social más grave que persiste en nuestro país y un foco de reproducción de desigualdad y violencia. Para transformar las dinámicas excluyentes y poco sustentables de las ciudades del país son necesarias políticas públicas que se propongan transformar el funcionamiento especulativo del mercado inmobiliario y del suelo. La Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires es un ejemplo de este tipo de reformas necesarias para privilegiar el interés colectivo por encima de la acumulación privada. La persistencia de la precarización y la tercerización laboral como el principal problema que afecta a los trabajadores, situación a la que se asocian otras afectaciones de derechos, también integra una agenda de reformas pendientes que requieren un rol activo de los poderes del Estado.

Las instituciones penitenciarias y las fuerzas de seguridad son los espacios en los que hoy se reproducen las más graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en nuestro país. En los últimos tres gobiernos, hubo reformas e intentos de reforma de gran valor como, por ejemplo, la prohibición de que las fuerzas federales utilicen armas de fuego durante las protestas sociales, política que tuvo valiosos resultados pero que no impactó en las fuerzas provinciales y tuvo regresiones en los últimos años. Las reformas estructurales de las fuerzas de seguridad y de los servicios penitenciarios necesarias para transformar el funcionamiento de las instituciones de seguridad quedaron pendientes, al igual que la puesta en funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Las consecuencias negativas de esta postergación se observan en la continuidad de prácticas violentas y discriminatorias por parte de las fuerzas de seguridad y de los servicios penitenciarios, cuyo peso cae principalmente sobre los sectores populares. Esta agenda pendiente de reformas refuerza sus efectos negativos cuando las medidas y los discursos punitivos son la principal respuesta estatal a los problemas generados por las prácticas delictivas violentas. En los últimos años, también hemos asistido a crisis de gobernabilidad y a muestras de la penetración de las redes de criminalidad en las fuerzas de seguridad de varias provincias del país gobernadas por distintas fuerzas políticas, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Este escenario exige que los poderes del Estado se comprometan en una discusión seria de una agenda de seguridad democrática capaz de reducir los problemas del delito y la violencia, y garantizar la vigencia de los derechos humanos. Al mismo tiempo, ante las propuestas cíclicas de debilitar el principio de demarcación que excluye a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad interior para hacerle frente a distintos delitos es indispensable el compromiso de las fuerzas políticas de sostenerlo.

Los años por venir deben implicar el sostenimiento y profundización de todas las políticas que han ampliado derechos sociales, económicos, educativos, culturales y que han significado la consolidación del Estado democrático. Al mismo tiempo, las reformas pendientes requieren un compromiso activo de los tres poderes del Estado para avanzar en las transformaciones necesarias para la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Agenda con la cual el CELS ratifica su compromiso.

* Horacio Verbitsky, Laura Jordán de Conte, Damián Loreti, David Blaustein, Eduardo Basualdo, Mariana Carbajal, Marcelo Alejandro Ciaramella, Luis Fara, María José Guembe, Gustavo F. Palmieri, Victorio Paulón, Julieta Rossi, Carolina Scotto, Sofía Tiscornia, Carmen Aguiar de Lapacó, Gastón Chillier, Paula Litvachky, Diego Morales.

OPINION

Soberanía, crecimiento, paz

Por Alicia Castro *

- Malvinas, la cuestión de la soberanía. La recuperación de la legítima soberanía sobre las islas Malvinas es un mandato constitucional. Nuestro Gobierno en los últimos doce años ha logrado el apoyo de toda la comunidad internacional. Desde nuestra embajada hemos logrado apoyos inéditos a la Cuestión Malvinas también dentro del Reino Unido: organizaciones políticas, sociales y sindicales británicas y numerosas personalidades, entre ellas, el número dos de la política británica, el líder laborista Jeremy Corbyn.

Sería penoso retroceder. Un jefe de Estado tiene que entender el valor de la soberanía territorial de nuestro país. Los recursos hidrocarburíferos y pesqueros de las Islas Malvinas pertenecen a los 40 millones de argentinos. Sin embargo, Mauricio Macri ha expresado que no entiende de soberanía y que las Malvinas serían un déficit para la Argentina: “La verdad es que los temas de las soberanías con un país tan grande como el que tenemos nunca los entiendo mucho. Nosotros no tenemos un problema como los israelíes, que tienen un problema de espacio. Acá lo nuestro es casi un amor propio. Es más, creo que las Islas Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina” (cita textual de Macri que Página/12 recordó en la nota “Macri y su idea de soberanía”, del 4 de abril de 2015).

- Alianzas estratégicas vs. “relaciones carnales”. Macri proclama que Argentina debe “volver al mundo”. En un mundo en caos, a los argentinos nos conviene, hoy más que nunca, tener las alianzas estratégicas correctas: América Latina es una región decidida por la Paz, que no participa en conflictos armados ni interviene en asuntos internos de otros países y, por lo tanto, nuestras vidas no están amenazadas por el terrorismo internacional. La unión con América latina no es sólo una cuestión “ideológica”, es de estricta conveniencia económica. Los 33 países ahora unidos en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) tenemos 600 millones de habitantes en un territorio de más de 20 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Según datos de la Cepal, esta es la primera vez que logramos crecimiento económico sostenido con inclusión, en Argentina y la región.

El Producto Interno Bruto (PIB) global alcanza los 7 billones de dólares constituyendo la tercera potencia económica a nivel mundial, además del mayor productor de alimentos y el tercer mayor productor de energía eléctrica del mundo. Tenemos recursos humanos, todas las materias primas estratégicas (agua, minerales e hidrocarburos) y la mayor biodiversidad del planeta para usar en nuestro propio desarrollo. Deshacer la unidad suramericana y caribeña sería una estupidez económica.

Cuando Macri reniega de la integración latinoamericana y proclama que la Argentina debe “volver al mundo” nos atrasa a la época de las “relaciones carnales”, la dependencia de los centros financieros, el endeudamiento irresponsable (como hizo en la Ciudad de Buenos Aires) y la desindustrialización. Recordemos que cuando se implementaron estas políticas en los años 90 en nuestro país y se abrió indiscriminadamente la importación, las fábricas se cerraron y el 27 por ciento de los argentinos cayeron en el desempleo y la pobreza. Agonizó nuestra industria, los científicos se fueron del país, las ilusiones se perdieron. Así llegamos al “corralito” y a la mayor crisis de nuestra historia, de la que salimos en 2003 con Kirchner presidente, Scioli vicepresidente.

* Embajadora argentina en el Reino Unido.