El autor intelectual del nombramiento por decreto de los dos jueces de la Corte Suprema, el abogado Fabián Rodríguez Simón, salió ayer a tratar de defender la decisión tomada por Mauricio Macri de saltearse la opinión del Senado para cubrir las vacantes del máximo tribunal. Diputado del Parlasur por el PRO, Rodríguez Simón, reconoció que el procedimiento fue “desprolijo” pero aseguró que “no es antijurídico”. El dirigente macrista argumentó que tener una Corte con tres miembros “genera un peligro institucional” y acusó al Senado de estar “forzando la Constitución” al no cubrir los lugares que dejaron Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt. “¿Nos estará tomando el pelo a todos los argentinos o realmente no sabe que fueron los senadores de su partido los que se negaron a tratar los pliegos?”, le salió al cruce el senador kirchnerista Juan Manuel Abal Medina.

Más allá de postergar la cobertura de las vacantes, la controvertida decisión de Macri sigue generando conflicto entre el oficialismo, la oposición y el ámbito judicial. Rodríguez Simón reveló ayer cómo se gestó esa idea: “Le acerqué (a Macri) un paper hace dos años, cuando tenía mucho temor de que Cristina Fernández propusiera cambiar la Corte”. “Tenía pánico de que ampliaran la Corte a nueve y en el receso nombrar a jueces en comisión porque entonces –continuó el dirigente macrista– teníamos Cristina Fernández hasta el 2050.” “Pasado el temor, apareció una oportunidad y yo avisé que esto se podía hacer desde lo legal”, concluyó Rodríguez Simón, recomendando aplicar desde el PRO el mismo recurso que le generaba “temor” en caso de ser utilizado por el FpV.

El diputado del Parlasur es quien encabezó junto a José Torello la batalla judicial del PRO por el traspaso del mando, que terminó con la decisión de la jueza María Romilda Servini de Cubría de terminar el mandato de Cristina Fernández a la medianoche del 9 de diciembre.

En declaraciones radiales, Rodríguez Simón consideró que el artículo 99 inciso 19 que se utilizó para la designación de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti fue ratificado en la reforma constitucional de 1994. “No es que se lo olvidaron los constituyentes. Le cambiaron el número del artículo. Yo no creo en el espíritu de la norma, creo en la letra. Si hubieran querido cambiarla, lo hubieran hecho”, afirmó.

Pese a ser quien le llevó la idea a Macri, el abogado se desentendió de las responsabilidades. “Yo no tomo decisiones políticas, yo dije que se podía hacer desde el punto de vista legal. Quizás hubiera merecido ser más prolijo, la forma de haber llegado, quizás fue un apresuramiento, pero las políticas no son judiciables”, dijo.

El referente del PRO consideró que los constitucionalistas que criticaron la decisión lo hicieron por “despechados” ya que aspiraban a ocupar un lugar en la Corte que finalmente no tuvieron. Pero el tramo más llamativo de su intervención fue la crítica al Senado, que precisamente debería tratar en los próximos meses los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz. “Tener vacantes de la Corte genera un peligro institucional y el que está forzando la Constitución es el Senado al no cubrirla. No trataron el pliego de (Roberto) Carlés que mandó Cristina. Esta es una herramienta constitucional para que el Senado cumpla su función y no extorsione en demasía al Ejecutivo a la sociedad al no cubrir las vacantes.”

Al cruce le salió Abal Medina, quien recordó que fue la oposición la que rechazó el tratamiento del pliego de Carlés firmando un documento en rechazo de cualquier propuesta que realizara la presidenta Cristina Fernández. “Le pido encarecidamente al Presidente que deje de asesorarse por este tipo de personajes y escuche a sus funcionarios”, afirmó Abal Medina a través de las redes sociales. El ex jefe de Gabinete remarcó que “un procedimiento que su mismo impulsor considera desprolijo y que jamás se usó en la democracia argentina es una muy mala decisión”.

Rodríguez Simón no es el único que reconoció los defectos del decreto. Federico Pinedo lo calificó como un “error” y Gabriela Michetti admitió que “generó ruido”.