La presidenta de la Cámara Nacional de Casación Penal y de la organización Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, cuestionó ayer al gobierno de Mauricio Macri por la designación de dos jueces para la Corte Suprema en comisión. Definió esa medida como “una decisión equivocada” y también cuestionó el retiro sin explicaciones por parte del Ejecutivo de los pliegos de jueces y fiscales enviados al Senado por Cristina Fernández. “Tendrían que dar alguna razón, explicar por qué, porque los actos de gobierno deben ser racionales pero además tienen que ser conocidos por nosotros”, argumentó en declaraciones radiales en relación con la decisión del Ejecutivo nacional de retirar del Senado 31 pliegos de jueces y fiscales que habían sido enviados por la ex presidenta para su aprobación en el Congreso. En ese sentido, Garrigós de Rébori se preguntó “cuál es la razón” por la cual el Gobierno tomó esa decisión si, apuntó, aunque “todavía no tenían acuerdo, es gente que ha cubierto las instancias de los trámites de los concursos, que son ley”.

La camarista afirmó que “designar por decreto dos miembros de la Corte en una situación de República normal” le parece “una decisión más que equivocada”, aunque consideró que “por suerte la están revirtiendo”.

A dos días hábiles de haber asumido la presidencia de la Nación, Mauricio Macri evadió el Senado y designó por decreto a los abogados Carlos Rosenkrantz, altamente vinculado con grupos económicos como Clarín, La Rural y Pegasus, el fondo que controla Farmacity –del que el secretario de Coordinación Interministerial de la Nación, Mario Quintana, es dueño–, Horacio Rosatti. El decreto fue criticado por propios y ajenos, por lo que el Ejecutivo decidió posponer la jura de los dos nuevos supremos para febrero.

“Espero que la institucionalidad se sostenga”, sostuvo Garrigós de Rébori acerca de los nombramientos, que apuntan a completar las vacantes que dejaron Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni.

Por último, la presidenta de Justicia Legítima opinó acerca del posible traspaso de competencias de la Nación a la Ciudad y dijo: “No sé cómo lo van a hacer, no veo que sea tan sencillo”.

Por último, fue consultada sobre el traspaso de parte de la justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, razón principal que esbozó el Ministerio de Justicia para frenar la aplicación del Código Procesal Penal, que por ley debía comenzar a regir el próximo 1º de marzo.

En el primer encuentro que mantuvo con la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que tuvo lugar el jueves pasado, el titular de la cartera, Germán Garavano, explicó que no estaban dadas las condiciones de la puesta en marcha del articulado porque, primero, había que trasladar la Justicia de la Ciudad a la órbita de ese Gobierno. “Si nosotros traspasamos íntegramente a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires sin presupuesto no sé cómo lo va a poder recibir la Ciudad”, opinó Garrigós, quien añadió que “los impuestos se nos van a ir muy arriba para solventar la Justicia” y agregó que el tema la “preocupa”. “Supongo que algún tipo de previsión respecto del traspaso de presupuesto debe haber”, concluyó.