El traspaso de las escuchas a la Corte Suprema de Justicia que el gobierno de Mauricio Macri pretende imponer a través de un decreto de necesidad y urgencia implica en los hechos el retorno de las relaciones promiscuas entre jueces federales y agentes de Inteligencia y también del negocio de las pinchaduras ilegales, que hasta hace un año permitía a los servicios vender transcripciones y audios de parejas infieles o socios no confiables. El razonamiento pertenece a la fiscal Cristina Caamaño, titular del Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom) de la Procuración General de la Nación, que desde julio se encarga de esa tarea por decisión del Congreso, y parte de su certeza de que “los servicios son los únicos que tienen posibilidad de manejar el sistema de un día para el otro”. Caamaño advierte que la Constitución prohíbe los decretos en materia penal, que rige todos los procedimientos por los que se realizan escuchas, y remarca la contradicción de que quien pretenda devolverle esa tarea a los ex SIDE sea un presidente procesado por su rol en una red de espionaje ilegal cuando era jefe de Gobierno porteño.

–Ninguno. Primero porque fue muy discutido en el Congreso y salió por ley: la presidenta llamó a extraordinarias un 25 de enero, los legisladores se juntaron el 2 de febrero y el 25 salió la ley. Que no es extraordinaria pero sí importante porque permitió romper con la promiscuidad entre jueces y servicios de inteligencia. Por otro lado la procuradora no pidió las escuchas, lo decidió el Congreso. Y una vez que se decidió tuvimos el apoyo de (el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar) Parrilli para el traspaso, que no es nada fácil: había 200 personas, servicios de inteligencia, y yo llegué con seis. La Procuración invirtió muchos recursos humanos y materiales. Ya casi no quedan servicios, todo el personal es de la Procuración, que además se hizo cargo del sistema informático, lo más complicado. Todo eso no lo puede hacer la Corte y mucho menos de un día para otro.

–Si hubo un acuerdo entre el Ejecutivo y el presidente de la Corte (que además no tiene facultades para hacerse cargo) se las van a terminar dando al Ejecutivo y entonces la gente que logramos sacar desde el 7 de julio cuando asumimos va a volver, porque son los únicos capacitados –además de nosotros– para hacerse cargo del sistema. Eso es lo más dramático.

Caamaño cuenta orgullosa que “jueces y fiscales nos felicitan porque rompimos la burocracia de la agencia de Inteligencia”. “Antes se hacían negocios. Vos querías saber si tu mujer te engañaba y te vendían el CD con escuchas por 700 dólares. Eso se terminó”, advierte. “Bajamos el tiempo de interceptación de una hora 40 minutos a 20 minutos. Eso llevó a esclarecer secuestros sin haber pagado recompensas. Tenemos 18 miembros de fuerzas de seguridad procesados por integrar esas bandas”, informa. “Todo lo hacemos con oficios judiciales pero además le damos una vuelta de tuerca porque si escuchamos algo llamativo hablo directamente con jueces o fiscales y así desbaratamos bandas. Y lo hacemos por tener mentalidad de investigadores, porque somos el Ministerio Público Fiscal y nuestra misión es investigar”, agrega, y recuerda de sus tiempos de fiscal cuando en la SIDE le decían que tenían 40 días de espera para iniciar una escucha. “Hoy no tenemos a nadie en espera. Me piden una línea y la tienen. Y puede venir juez, secretario, policía, quien quiera, o podemos hacer la escucha nosotros si el juez lo dispone. No hay demora y a nadie se le dice que no”, destaca.

–Jamás recibimos esas quejas. Sólo alguna vez que se cayó el sistema por la prestataria. Al principio era tenso el trato con las prestatarias pero desde que entendieron que pueden ser ellos las víctimas de un secuestro extorsivo nos están dando una mano impresionante. Además celebran que por fin tienen un interlocutor, porque antes no sabían ni con quién hablaban.

“Garavano dice que alguno puede alegar que porque lo tiene el Ministerio Público el sistema es ilegal, o sea que se pone de garante de las bandas de narcos porque nunca nadie nos dijo que lo que hacíamos era ilegal”, advierte. La ministra Patricia “Bullrich decreta la emergencia en seguridad y por otro lado nos quieren sacar el instrumento de investigación con el que colaboramos con la Procunar: hay una gran contradicción, como en todo lo que está haciendo este gobierno”, destaca. “No puedo dejar de pensar que quieren devolverle las escuchas a un presidente que está procesado por espionaje, ya que la Corte no puede hacerse cargo de un día para el otro”, reitera, y agrega que la decisión no puede ser por decreto porque “el artículo 99 inciso 3 de la Constitución prohíbe los decretos en materia penal”. “No hay necesidad, no hay urgencia y además es materia penal”, concluye.