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Harás siendo gobierno todo lo contrario de lo que proponías cuando eras oposición. Tal parece ser la máxima del macrismo, en el caso de Laura Alonso, ex diputada y actual titular de la Oficina Anticorrupción, quien en 2010 desempolvaba un proyecto que dos años antes había propuesto su ex ONG Poder Ciudadano para que el Congreso quede convocado en forma automática cuando se dicte un decreto de necesidad y urgencia. La iniciativa tenía la forma de un proyecto de ley que buscaba limitar los llamados “superpoderes” del jefe de Gabinete de ministros, que lo autorizan a modificar la Ley de Presupuesto sin intervención del Congreso. La emisión compulsiva de DNU de la actual administración macrista quedó a años luz de aquellas iniciativas que, seguramente, no estarían dispuestos siquiera a considerar si fueran presentadas por la actual oposición.

En la página oficial del PRO, Alonso enunciaba: “¡Qué discusión la de los DNU! Parece increíble pero es real. Cuando se reformó la Constitución en 1994 se incorporaron los DNU a su texto, con la idea de controlar y limitar el uso de esta herramienta que en la práctica desde 1853 se había utilizado poco”. En su opinión, “todo lo que se buscó con la constitucionalización de los DNU no se logró” porque “(Carlos) Menem firmó DNU como loco, De la Rúa no se quedó atrás y Néstor Carlos rubricó uno cada cinco o seis días, mientras que la presidente Cristina fue más moderada en la cantidad pero ni que hablar de la calidad de los mismos”. En el colmo de las paradojas, Alonso cuestionaba la misma ley de la cual el gobierno de Mauricio Macri ahora está haciendo abuso, al decir que “el Congreso de mayoría K aprobó una ley muy permisiva y poco controladora. Ayer y hoy muchos parecen haber olvidado que los DNU son medidas de carácter excepcional, y utilizarlos para gobernar implica eludir al Congreso, evitar la deliberación y dar la espalda al pueblo de la Nación y a las provincias que son representadas en ambas Cámaras legislativas”.

En los fundamentos, Alonso explicaba que “el abuso de las delegaciones legislativas ha sido una práctica aún no corregida en la vida política argentina que lamentablemente se ha acentuado en la última década, y esta deserción del Congreso de su responsabilidad política ha coincidido con la tendencia a la concentración del poder en el Ejecutivo, con el consiguiente aumento de la discrecionalidad, en desmedro de los principios republicanos”.

Luego de enumerar diversas circunstancias que, a su criterio, merecían ser tenidas en cuenta para recortar tales atribuciones, Alonso destacó: “Por si fuera poco, en las dos hipótesis en que los superpoderes del jefe de Gabinete no son suficientes para enmendar la decisión del Congreso, ha aparecido ahora la figura del Poder Ejecutivo recurriendo a los Decretos de Necesidad y Urgencia”. Y enfatizó que era necesario “que el Congreso reivindique sus atribuciones y ponga fin a esta delegación inconstitucional”.