EL PAíS › SCHUSTER Y GIARRACCA, POLITOLOGO Y SOCIOLOGA

“La protesta es una forma de participación política”

Estudiosos de la protesta social en democracia señalan una paradoja: la calle movilizada fortalece al Gobierno en su enfrentamiento con grupos de poder. Y un peligro ante los que piden represión: los piqueteros hacen un daño apenas simbólico; la mano dura va directo al cuerpo. El rol de la clase media y las razones por las que la protesta es parte de la democracia.

 Por Irina Hauser

La protesta en las calles fortalece al Gobierno. Es falso que si la gente se queda en su casa sin protestar también se replegarán los lobbies empresarios. Lo hicieron en 2001 frente a un movimiento social impresionante, pero creen estar en condiciones de recuperar el espacio cedido. Lo lograrán más fácilmente con una sociedad desmovilizada y que pide represión. Estas ideas, a contramano del discurso que estigmatiza las acciones colectivas, son planteadas por Federico Schuster, politólogo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y la socióloga Norma Giarracca. Estudiosos de la protesta social de los últimos 20 años desde el Instituto Gino Germani proponen entenderla como uno de los pilares “propios de la democracia”.
–¿Por qué aparece tan cuestionada la protesta social?
Federico Schuster: –La protesta, de por sí, expresa una situación de conflicto. Es constitutiva de todas las sociedades. El sistema de representación siempre deja algo sin representar y ahí es donde se sitúa la protesta. Ese “algo” se expresa de distintos modos: en los que tienen poder a través de mecanismos de presión y de grupos de interés. En los que no tienen poder, la forma de construirlo es la protesta social.
–¿Entonces irrita porque encarna una lucha de poder?
F. S.: –La protesta hay que entenderla como una forma de participación política constitutiva de todas las democracias. Cuando en un país como Argentina las condiciones de vida de millones de personas se deterioran a niveles terribles, el volumen de la protesta es elevado, a menos que el Estado tenga disposición y capacidad rapidísima de producir una representación de todas esas demandas y volcarlas en políticas.
–¿Por qué esa noción de que la protesta es política es utilizada para estigmatizar a los piqueteros?
F. S.: –Desde los comienzos de los 20 años de democracia, cuando la protesta era esencialmente sindical, aunque también existía la protesta cívica de derechos humanos, ya se pretendía desnaturalizar los paros diciendo que eran políticos, que correspondían a intereses de acceso al poder de algún partido. Hay que entender que la protesta es política porque expresa una demanda dirigida al Estado y, como tal, requiere un debate político.
–¿Qué es lo que vela o desdibuja esa dimensión política de la protesta?
F. S.: –En este país hay una tendencia a pensar que hablar de política es hablar de competencia electoral de partidos. Es creer que los ciudadanos participan en el momento del voto, ahí delegan su representación y listo, hasta la próxima elección nadie dice nada. Esa concepción es uno de los factores que ha llevado a la crisis del sistema político. Ningún partido representa plenamente a un sector de la sociedad, el voto es complejo.
Norma Giarracca: –En el primer período de la democracia se puso de moda hablar de “gobernabilidad”. El mensaje era que para tener un alto grado de gobernabilidad, después de votar la gente se tenía que quedar en su casa desmovilizada. Implicaba una nueva relación con la política en las calles. Tal vez el momento más dramático de esto fue el “Felices Pascuas” de Alfonsín, aunque era una movilización de apoyo para que hubiese política. Carlos Menem decide después definitivamente que no haya política sino sociedad con los sectores económicos. Ignora, por ejemplo, la carpa blanca. Esto comenzará a volverse cada vez más insoportable para la sociedad civil, que sufre las consecuencias.
–Ustedes en sus trabajos subrayan que los primeros síntomas de la nueva protesta, la que incluye expresiones como los cortes de ruta, surgieron. ¿Por qué comienza ahí?
N. G.: –La Capital Federal fue la más beneficiada por el modelo económico en los noventa y la última en percibir sus consecuencias. Las economías regionales fueron las más afectadas desde fines del ‘91 con el decreto de desregulación económica, que impactó en sectores ligados a la producción agraria y agroindustrial. Si le sumamos el proceso de privatización, el resultado es que las protestas no se dan en las ciudades industriales ni tenían como actor principal a la clase obrera sino que ocurren, como dice Ariel Colombo, en los márgenes del castillo. Comienzan los cortes de ruta en Cutral-Có, en Neuquén, en Mosconi. El espacio público de la ruta se convierte en el lugar donde aparecen los problemas de los ex trabajadores de YPF, los maestros, las poblaciones indígenas afectadas en conflictos por la tierra, los obreros de los ingenios tabacaleros.
–¿Qué provoca ese pasaje de la protesta sindical a la de matriz cívica?
F. S.: –Hubo un proceso de desestructuración de la protesta sindical. Las centrales sindicales perdieron su capacidad de convocatoria tanto por hacer acuerdos con el gobierno de Menem como por la desafiliación compulsiva por el desempleo. Sólo la CTA, en su momento, entendió que la clave era representar a los desocupados en los lugares donde viven y sufren cotidianamente. La CCC también vio esto en un comienzo en el norte del país. La protesta de matriz cívica, que lleva la impronta de la de los derechos humanos de los ochenta, es la que va a tener mucho impacto en los noventa. Pero tarda en llegar a Buenos aires. A La Matanza recién llega en el ‘97, con un corte de ruta en Isidro Casanova que duró sólo tres horas porque no lo podían sostener. En el ‘99 el movimiento crece y el primer corte grande es en 2000. En 2001 es la primera asamblea nacional.
–A juzgar por la experiencia de luchas en el interior, la represión es una respuesta frecuente, y reciente. ¿A qué se debe?
N. G.: –Las reacciones en el interior del país han sido de una gran intolerancia hacia la protesta, y está relacionado con niveles muy bajos de democracia. En los cortes de Mosconi, la reacción provincial fue parecida a la de una dictadura. Pero a las protestas de desocupados en el interior se sumaron otras, como en Catamarca, con el asesinato de María Soledad, que trajo una fuerte reacción ante un gobierno elegido, lo que sucedió también en Santiago. Sumando Corrientes, tres gobernadores cayeron en contextos de protesta social antes de diciembre de 2001.
–¿Por qué prevalece el discurso de restringir la protesta? No hace mucho todo el mundo gritaba “piquete y cacerola la lucha es una sola”.
F. S.: –El desencuentro entre clases medias y bajas es histórico y era difícil de superar. En 2001-2002 pasaron cosas interesantes. Sectores que no estaban incorporados a la protesta o la veían de afuera decidieron tomar los problemas con sus propias manos y participar. Las asambleas barriales fueron importantes y algunas siguen, pero lo que parece difícil cambiar es cierta cultura e inercia del comportamiento político argentino.
N. G.: –Quizá no sean los mismos los que estuvieron en las calles en 2001 los que hoy piden represión, quizás algunos sí. Hay un sector de la clase media silenciosa, de humor cambiante, que tiene mucho peso al momento de la votación y a la hora de crear un clima. Generalmente marca opinión a través de los medios, sobre todo la televisión y la radio, y es a la vez muy influenciable por ellos. Ahora, sobre todo, cuando se vincula la protesta piquetera con la inseguridad.
–¿Hacia dónde se encamina la protesta social, habrá nuevas formas?
N. G.: –Otra cosa que presagia el interior es el conflicto por los recursos naturales. Se ve en Bolivia y en Argentina. Entre 1995 y 1998 hubo una gran protesta en Tucumán por la privatización del agua, que llegó a subir hasta 104 por ciento los servicios. Finalmente lograron que la empresa francesa se fuera del país. La cuestión minera es otra de las claves, que se ve fuertemente en Esquel (allí se hizo un plebiscito en el que la población se opuso a una mina).
F. S.: –Yo creo que Esquel anticipa nuevos tipos de lucha. Hay que ver qué hace el Gobierno: ignorar el reclamo o tratar de solucionar los problemas y entrar en un diálogo. Al margen, uno de los peligros que tienehoy la propia protesta es la fragmentación. No digo la unidad homogénea absoluta, sino que los movimientos no se desarmen. La fragmentación también es una estrategia de control de la protesta, que se da sobre la base de favorecer el diálogo (en términos de necesidades y planes) con grupos cada vez más pequeños. Desde el Estado, la criminalización es otra forma represiva.
–¿Por qué resulta tan difícil llegar a esa instancia de diálogo, sin que eso se convierta en cooptación o disciplinamiento?
N. G.: –Insisto en que bajo la idea de gobernabilidad se juegan elementos autoritarios. Pero no descarto diferencias entre sujetos. Kir-
chner pareciera más receptor, más sensible, más empático con la gente que De la Rúa y Menem. Hay condiciones para otro aprendizaje democrático en este gobierno, aunque prevalezca una tensión y diferencias aún dentro del gabinete. Pero en la posibilidad del diálogo con los sectores movilizados está la de crecer como sociedad democrática.
F. S.: –A mí me parece que Kir-
chner se metió en un lío con sus declaraciones de estos días porque rozó por momentos el macartismo. Llevó a un debate, que es importante, pero que no parece oportuno darlo en un contexto donde se pide represión. Hay un problema material de base: la estructura social sigue siendo la misma que antes de 2001 y los sectores que obtuvieron la transferencia de riqueza de los asalariados a las grandes corporaciones siguen siendo los que tienen el poder económico. Después de 2001 se tomaron una tregua ante un movimiento social impresionante, ahora parecen creer que llegó el momento de embestir para que el movimiento social retroceda y restar capacidad política al Gobierno.
N. G.: –Igual creo que hay un síntoma que pocos marcan. Hay sondeos sobre abstención electoral, que marcan un 32 por ciento de abstencionismo. Esto es 12 por ciento más que los valores históricos. Es un dato que revela que la relación entre representante y representado sigue estando en discusión.
–¿Hay un cacerolazo o alguna otra forma de estallido latente?
F. S.: –Depende de lo que suceda, y Kirchner lo sabe bien. Por eso está siendo cuidadoso respecto del humor de la gente y ante cualquier cosa busca marcar que escucha, que no es un autista. Y así se aparece en un café en Villa Urquiza. La cuestión es qué está escuchando: ¿A una opinión pública que está siendo orientada fuertemente y es la que aparentemente está cansada de los piquetes? Me parece peligroso el razonamiento de que los piqueteros son una minoría y el resto de la población quiere una situación de orden. No se puede olvidar que los piqueteros son la expresión dramática de un país devastado.
–¿En qué se asientan las acusaciones de que los piqueteros son violentos y que están manejados por partidos de izquierda?
F. S.: –El debate sobre la relación de los piqueteros con los partidos se debe dar, pero en otro contexto que reconozca la legitimidad de la protesta piquetera que expresa la situación de muchos argentinos. No se puede dividir entre “los que vienen a dialogar conmigo” y los que plantean posiciones radicalizadas. Son, en todo caso, estrategias políticas aceptables. La preocupación debería ser si no tuvieran forma de expresión. Incluso ha habido represión y muertes. ¿Qué es lo que se pide? ¿Un genocidio? ¿Que se masacre a los piqueteros? La protesta en sí es una forma violenta, porque es una forma de disrupción de la vida ordinaria, pero en el sentido fuerte las protestas no han sido violentas.
N. G.: –Hay que diferenciar violencia contra personas y violencia contra propiedades o espacios públicos. De lo que se ha dado una muestra cabal de aprendizaje es que los movimientos y las nuevas protestas no han sido violentos infligiendo daños a personas. La represión es lo que encierra una violencia terrible contra cuerpos. Hay violencia simbólica cuando se corta una calle, pero hay que diferenciarla de la violencia física.

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Schuster y Giarracca señalan que un país desmovilizado les da más espacio a los factores de poder económico en su seno.
 
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