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Mientras Mario Pontaquarto continuaba su declaración ante el juez federal Norberto Oyarbide, el Chango Héctor Icazuriaga sonreía con un cable de agencia en la mano, que acercó a Néstor Kirchner. “Hace un día asumí en la SIDE y ya liberamos al secuestrado Rolón y resolvimos el caso de las coimas en el Senado”, bromeaba el flamante ex gobernador de Santa Cruz. También había recibido un informe tranquilizador acerca de la desaparición de 700 kilos de explosivos en General Roca: podría no tratarse de un robo, sino de un desfalco en la propia empresa minera afectada. En los televisores de los despachos de la Casa Rosada, Kirchner y algunos de sus más próximos colaboradores se enteraban de las novedades que, una vez más, cambiaban el clima político del país. Aún es difícil predecir hasta dónde llegarán las ondas expansivas, pero, desde ya, comienzan a cancelar alguna de las deudas adquiridas en dos décadas por la imperfecta democracia argentina, agrietada de corrupción, impunidad, inseguridad y miseria.
“Cumplió. No sé si nosotros tenemos que decir algo. Cuando vino a verme le dije que el único camino válido era que contara todo a la justicia”, explicaba Alberto Fernández. “Yo ni siquiera quería conocer los detalles”, agregó. Recién cuando el vocero presidencial Miguel Núñez llegó con fotocopias del reportaje en la revista TXT, el jefe de gabinete supo que entre los involucrados por el ex mayordomo del Senado estaban el flamante gobernador sanjuanino José Luis Gioja pero no el de La Pampa, Carlos Verna, ni el director del Banco Central, Ricardo Branda, ni el ex gobernador tucumano Ramón Ortega, ni el hombre fuerte de la primera presidencia menemista, Eduardo Bauzá, cuyos nombres sí formaban parte del celebérrimo anónimo que el ex vicepresidente Carlos Alvarez leyó tres años atrás en una sesión del Senado y en las confesiones de Antonio Cafiero. Fernández comparó este episodio con los crímenes de la dictadura militar. “Eran dos casos enquistados que hacían sentir su peso cada día”, dijo.
La senadora Cristina Fernández era entrevistada en su despacho por una de las heroínas de la jornada, la periodista María Fernanda Villosio, quien recibió en agosto de 2000 la confesión del entonces senador por Salta, Emilio Cantarero, y esta semana la de Pontaquarto. Cuando se sumó a la conversación en torno del escritorio de Fernández, el televisor transmitía el diálogo entre otros dos protagonistas del escándalo, reivindicados por su desenlace: el ex vicepresidente Alvarez y el columnista de La Nación Joaquín Morales Solá. La senadora (que en el momento del escándalo era diputada), recordó a algunos de quienes habían acompañado entonces las denuncias de Alvarez: el santacruceño Daniel Varizat, los puntanos Alberto Rodríguez Saá y Carlos Sargnese, la neuquina Silvia Sapag. En los televisores nadie nombraba a otros excluidos de aquella componenda: los bonaerenses Cafiero y Jorge Villaverde. La senadora Fernández también mencionó otro episodio, contemporáneo de aquél y con los mismos protagonistas, que hasta ahora no ha tenido sanción judicial: el ofrecimiento de dinero por parte de Cantarero a Silvia Sapag, en nombre de las principales empresas petroleras, para la sanción de una ley de hidrocarburos a la medida de sus intereses. Ese caso terminó con la carrera política del ex senador radical por Santa Cruz, Juan Ignacio Melgarejo quien, según le dijo Cantarero a Sapag, “está más pirata que yo”.
El secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini, explicaba los antecedentes de cada decreto que ponía a la firma del presidente. Zanini fue la voz más firme a la hora de decidir el manejo que el gobierno debía dar a la confesión de Pontaquarto, cuya inminencia era conocida desde hace más de una semana. “No hay que politizar esto. Sólo debe actuar la justicia”, fue su opinión. Kirchner escuchaba en silencio cada comentario, revisaba el contenido de los decretos y firmaba. “Lo que cambió es el contexto. Por eso empiezan a desatarse todos estos nudos”, dijo. Coincidía con Fernández y Zanini respecto de la prescindencia oficial en el desarrollo de los hechos, pero no dejaba de atribuirlos a las nuevas reglas del juego planteadas por su gobierno. Icazuriaga sonreía, pero nadie ignoraba que la decisión de su antecesor Sergio Acevedo de hurgar en las sombras del organismo del que salieron los fondos con los que se pagaron las claudicaciones corruptas fue la puerta abierta por la que pasó Pontaquarto. En un reportaje, Alvarez decía que se trataba de una asociación ilícita. Kirchner interrogó a Fernández, en su carácter de profesor de derecho penal. “No. La asociación ilícita es el concierto de voluntades para cometer distintos delitos indeterminados y acá se trata de un delito específico. Es cohecho, agravado”, respondió el adjunto en la cátedra de Esteban Righi.
Esto significa que es posible, pero de ninguna manera seguro, que los implicados sean privados de su libertad. El primer indicio en ese sentido lo dio Oyarbide esa misma noche, al no disponer la detención del confeso Pontaquarto. De la Rúa, muy suelto de cuerpo, volvió a negar los hechos y dijo que en las auditorías que ordenó se determinó que no habían salido fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado. No fondos legales, claro. Tal vez el ministro del Interior, Aníbal Fernández pueda avanzar en la reconstrucción del itinerario del dinero. Fernández recibió una información según la cual el dinero con el que se pagaron los sobornos provino de una cuenta en Nueva York de la ex legisladora provincial de Río Negro y ex funcionaria de la SIDE Sushi, Nidia Marcero, esposa del director nacional electoral, Alejandro Tulio, ambos íntimos amigos de Pontaquarto. El nombre de Marcero, pero no su cuenta, fue mencionado en el testimonio judicial que reabrió el caso por el agente de la SIDE Isaac García, el mismo que pagó el testimonio de Telleldín en la causa AMIA. García admitió haber sido socio de Marcero en una empresa que, pretendió, no era pantalla de la SIDE. Es curioso, pero la reconstrucción del rompecabezas de las coimas ha relegado a segundo plano qué ley fue la que se pagó entonces: aquella que confería la famosa seguridad jurídica a la precarización de las condiciones de empleo que ya había impuesto el mercado.
Fechas
En estos días se conmemoran varios acontecimientos que dejaron huellas profundas en la vida del país y de su pueblo. Hace veinte años concluyó la dictadura más cruel de la historia argentina y desde entonces ningún gobernante fue impuesto o depuesto por la fuerza de las armas. Los nueve años de Juan D. Perón entre 1964 y 1955, los catorce de Yrigoyen y Alvear desde 1916 hasta 1930 parecen en comparación lapsos fugaces. Sin embargo nadie podría decir con seriedad que rige la normalidad institucional ni que la Argentina es hoy un país más justo. Durante dos tercios de estas décadas de gobiernos civiles, ejerció el poder el Partido Justicialista, y la UCR el resto. Sólo uno de los presidentes del período concluyó el mandato conferido por la voluntad popular. En realidad lo excedió, porque su estancia en el Polideportivo de Olivos duró diez años y medio, la más extensa de la historia republicana, hasta que se retiró como acreedor a un repudio general.
Otro 14 de diciembre, el de 1983, el primer presidente postdictatorial anunció que los responsables de los crímenes cometidos en los años del horror deberían responder ante la justicia. Se conmemoraba, lo mismo que hoy, el Día Internacional de los Derechos Humanos. El jueves, la Corte Suprema de Justicia incluyó al devolver a Bahía Blanca la solicitud de extradición de Alfredo Astiz a Francia, conceptos sobre la imprescriptibilidad y la inamnistiabilidad de las más graves violaciones a los derechos humanos, que hacen prever que confirmará la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Durante la próxima semana se cumplirán también dos años de varios fenómenos simultáneos pero independientes, que acabaron con el más breve y decepcionante de los gobiernos electos por el voto popular: por un lado, el colapso económico y la pretensión de imponer el orden por decreto, que echaron a las calles a las enardecidas clases medias, utensilios de cocina en mano; por otro una rebelión de los más pobres que combinó rabia, espontaneidad y organización; por último, una coordinada operación política para privar al presidente autista Fernando de la Rúa de cualquier sostén institucional y no dejarle otra salida que el helipuerto improvisado en la azotea de la Casa Rosada. Y hace seis meses, luego del proceso electoral más irregular y con el porcentaje de votos más magro de estas dos décadas, asumió la presidencia el gobernador de una de las provincias más pequeñas, cuyos índices de popularidad a esta altura del mandato superan a los de cualquiera de sus predecesores. Esta mera descripción ya da cuenta del complejo y contradictorio proceso político, en el que todas las fuerzas que actuaron entonces siguen en plena actividad hoy.
Veinte años
Si hay algo imposible de exagerar es la importancia del vigésimo año transcurrido sin que las decisiones políticas se adopten por imperio de la fuerza. Ni los abrumadores índices de pobreza e indigencia, ni la psicosis de la inseguridad, ni el fastidio por la corrupción de una clase política que demostró una alta capacidad de resistencia al cambio, han hecho mermar la voluntad social de vivir en democracia. El año y medio del mandato interino del senador Eduardo Duhalde, durante el cual resurgió en el Ejército una cúpula con añoranzas del viejo partido militar, puso a prueba la consistencia de la voluntad colectiva por mantener la abstinencia alcanzada con sacrificios después del colapso en la guerra por las islas Malvinas. La cuestión que alimentaba las ilusiones del ex jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, es la misma que en los últimos días pobló la retórica de obispos (como Jorge Casaretto), industriales (como Alberto Alvarez Gaiani y Víctor Klima, el presidente de Volkswagen), petroleros (como el directivo de Repsol Ernesto López Anadón), comerciantes (como Carlos de la V.), políticos (como la pareja real de Lomas de Zamora o Raúl Alfonsín), diplomáticos de Europa y Estados Unidos y ex caceroleros de recobrada compostura y cara de asco: los piqueteros y la presunta violencia que implican sus actos. Se comprende que todos ellos agiten tales fantasmas. En definitiva esas organizaciones surgidas a mediados de la década maldita en algunos lugares del país, como Neuquén o Salta, en los que la privatización de YPF arrojó a miles de trabajadores al desempleo y la desesperación, y que a partir de 2000 se generalizaron también en el Gran Buenos Aires, expresan la contestación social más o menos organizada a un estado de cosas intolerable. Menos comprensible es que el Poder Ejecutivo, que comprende esa etiología del fenómeno y que no está dispuesto a ceder a los reclamos de represión que recibe, caiga en la celada retórica de aquellos sectores, amplificada por un par de medios de prensa empeñados en venezuelizar la Argentina, haciendo de Kirchner un improbable Chávez. El de Santa Cruz fue el único gobierno provincial que ocupó a los despedidos de YPF en microemprendimientos que les permitieron conservar su posición en la sociedad, y el ministro Julio De Vido soportó incluso alguna agresión cuando se presentó solo y desarmado en un corte para negociar con los manifestantes.
Una investigación del licenciado Eduardo Ovalles para el Centro de Estudios neoconservador Nueva Mayoría, que dirige Rosendo Fraga, muestra que los cortes de ruta constituían un fenómeno declinante, tanto en comparación con los años como con los meses anteriores, hasta que Kirchner lo amplificó con un pretendido gesto de autoridad, el 22 de octubre. En el cuadro 1 se observa la cantidad de cortes por mes hasta el presente. Se observa el crecimiento constante del fenómeno a partir de 1999, que se había decuplicado en 2002. A partir de allí comenzó el descenso, de modo que este año el promedio mensual es inferior al del último de la presidencia de De la Rúa. Ovalles sólo midió el número de cortes. Es probable que la tendencia resultara aún más clara en el mismo sentido si, además, se incluyera la cantidad de personas que participaron en cada corte.
El cuadro 2 refleja la cantidad de cortes en los últimos meses de este año. Se observa el descenso pronunciado a partir de agosto, cuando hubo 145, que disminuyeron a 100 en septiembre y a 66 en octubre. En la noche del 21 de octubre, un par de pequeñas organizaciones piqueteras desprendidas de otras mayores acamparon frente al ministerio de trabajo, en reclamo de planes laborales. Alberto Fernández y el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz supervisaron lo que sucedía desde los monitores de la Policía Federal. Para algunos comisarios lo que se observaba constituía un delito y propusieron denunciarlo a la justicia. Fernández replicó que sólo veía personas manifestando, como tantas otras veces, sólo que se trataba de la madrugada y no había nadie más que ellos en la calle. Al ministro Carlos Tomada lo llamaba por teléfono y le recomendaba “paciencia y vaselina”. Cuando los policías insistieron, dijo que asumía en forma personal la responsabilidad. También les ordenó que no practicaran detenciones ni siguieran a los manifestantes cuando se dispersaran. De ese modo evitó la injerencia del juez de turno, que esa noche era (igual que el 20 de diciembre de 2001) María Servini. A la mañana siguiente, en vez de festejar el final feliz, Kirchner ordenó a Tomada que denunciara ante la justicia a quienes habían manifestado. La semana siguiente la Plaza de Mayo fue escenario de la movilización más nutrida del semestre: cerca de 25.000 personas, integrantes de distintos movimientos. Kirchner había obrado el milagro de la reunificación y del reintegro de una mística que se había desgastado en los meses anteriores. Las radios volvieron a llamar a los dirigentes piqueteros y los diarios a asignar espacio a las querellas entre unos y otros. El resultado fue un fuerte ascenso del número de cortes en noviembre, que duplicaron los de octubre. Ovalles no procesó aún los datos de la primera quincena de diciembre.
Las afirmaciones de Kirchner respecto de las posturas ideológicas de los distintos grupos piqueteros no son discutibles. De hecho, ningún grupo oculta o disimula sus lazos partidarios que, por otra parte, son perfectamente legítimos. No fue una astuta tarea de inteligencia, sino la televisación de un acto público frente a la Casa Rosada la que expuso a Raúl Castells exhibiendo eufórico un cheque recién recibido. No menos evidentes son las prácticas de otros sectores de ese neovandorismo rojo del que se alimenta la paleoizquierda aborigen. Cuando el Poder Ejecutivo habla de prácticas extorsivas piensa en una ex legisladora de flamígero discurso público, que en privado fundamentó la solicitud de 10.000 planes en la necesidad de financiar el funcionamiento de su disciplinado partido maximalista. Pero estas pequeñeces no borran un par de hechos centrales: por un lado, el 90 por ciento de los planes y del clientelismo lo manejan los gobiernos provinciales y municipales y los sindicatos, no las organizaciones de piqueteros. Por otro, al organizar a quienes quedaron excluidos del sistema productivo con la misma disciplina del sindicalismo histórico, todos esos grupos sin excepción han sido parte de un fenómeno cultural de la mayor importancia y son merecedores de reconocimiento por la anomia y la anarquía que le han ahorrado a un país al que no le faltan padecimientos. Por último, es ilusorio aspirar a que la protesta se desvanezca de un día para el otro, mientras por debajo de la línea de la pobreza más de la mitad de los habitantes pugnan por seguir siendo ciudadanos y no marginales o clientes de alguna de las tantas tribus políticas que arrojan entre ellos sus redes de reclutamiento. El gobierno nacional maneja informes técnicos que aplican a la situación nacional los métodos de cálculo usuales en Brasil. Con ellos, la población sumergida no pasaría del 16 por ciento, contra 26 por ciento del país vecino. Sin embargo, no ignora que la comparación pertinente no es esa, sino la que opone la situación actual a la del pasado del propio país. Ese es el cuadro que debe ser revertido para que la democracia deje de escribirse entre comillas o pronunciarse con sorna.
Kirchner también se irrita con algunos actores políticos con los que tiene más afinidad, como el economista Claudio Lozano, a quien se atribuye haber dicho que hoy continúa el modelo liberal de hambre; el gobernador Felipe Solá, a quien exhortó a que gobierne y no llore; y la ex diputada radical Elisa Carrió, por haber dicho que “Kirchner es lo mejor del régimen, pero es el régimen”. Con un poco más de humor, el gobierno entendería sin dificultad la rebeldía de Carrió contra el régimen.