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Por Roberto Lavagna

La primera lección que extraemos de la experiencia argentina es contraria a una idea dominante en el saber convencional sobre flujo de capitales que está implícita en casi todos los análisis que se hacen en esta materia. Esto es, la preocupación con que numerosos analistas perciben las reducciones en los flujos de financiamiento externo y su efecto sobre el crecimiento.
El razonamiento implícito en ese análisis es que la reducción en los flujos financieros tiene efectos negativos sobre el crecimiento. Con una mirada de corto plazo, puramente coyuntural y financiera, eso puede ser así. Sin embargo, cuando se aparta el foco del corto plazo, y en ocasiones aun del cortísimo plazo, y se tienen en cuenta los impactos estructurales que generan los flujos financieros en términos de crecimiento y de un concepto más amplio que es el de desarrollo, la conclusión puede ser la inversa.
Nuestra posición al respecto es que los daños mayores, en términos de crecimiento pero sobre todo en términos de desarrollo con equidad, se producen en los períodos de alta liquidez internacional cuando el flujo de capitales financieros es mayor.
Por paradójico que parezca, es durante estos años, que suelen tener las características de “burbuja”, en los que se cometen los mayores errores en política económica.
Dicho de otra manera, es durante estos años que es posible financiar “fantasías macroeconómicas”, que no son sustentables y que cuando se prolongan en el tiempo generan efectos estructurales indeseables y muy duraderos.
Por otra parte, la experiencia internacional ratifica la necesidad de reglar los movimientos de capitales especulativos que pueden generar un elevado grado de vulnerabilidad e inestabilidad monetaria y cambiaria, en especial en economías de limitado tamaño como la nuestra.
La fuerte expansión de la deuda y del pago de intereses como porcentaje del presupuesto nacional, la duplicación de los niveles de desempleo, la concentración de riqueza, los desajustes de precios relativos, la concentración de inversión en sectores no transables, la destrucción del tejido industrial y de servicios son algunos de esos efectos indeseables que deja en evidencia el caso argentino.
El criterio no convencional de establecer como regla la necesidad de extremar recaudos frente a los efectos “burbuja” es aplicable tanto a países –aquí Argentina y la “convertibilidad” son el mejor ejemplo– como a grandes conglomerados. Se pueden citar los casos de World Com y Enron y áreas enteras de la economía mundial como ocurrió con las acciones de sectores tecnológicos en los últimos dos años.
Nuestra conclusión en este punto es que existe la necesidad sistémica de establecer nuevos criterios y una vigilancia mucho mayor sobre la sustentabilidad de los programas económicos en los períodos de alta liquidez. Esto debería ser así tanto por parte de quienes formulan las políticas económicas a nivel país, como de las instituciones multilaterales, analistas privados y calificadoras de riesgo.
En definitiva, en nuestra visión, se trata de poner a la sustentabilidad del Programa en el centro mismo de toda evaluación. Ello implica:
- dar menor importancia a flujos financieros externos,
- dar mayor importancia al financiamiento local,
- dar mayor importancia a la inversión extranjera directa,
- rechazar políticas de endeudamiento constante y, sobre todo,
- dar un papel absolutamente central al equilibrio fiscal permanente y al efecto que sobre el mismo tiene el endeudamiento permanente.
Si la primera lección que extraemos del caso argentino tiene relación con la sustentabilidad del Programa macroeconómico, esta segunda refiere a cuestiones institucionales. En los últimos años se ha puesto mucho énfasis en lograr que ciertas medidas económicas sean respaldadas por leyes onormas del máximo nivel posible –por ejemplo en materia de independencia del Banco Central– y se han hecho grandes esfuerzos en términos de recursos humanos invertidos y costos políticos asumidos para lograr la aprobación de estas normas en los cuerpos parlamentarios. Así, la Argentina tuvo:
- una ley de convertibilidad
- una ley de déficit cero
- una ley de protección absoluta de depósitos
- una ley referida al uso de las reservas.
A su vez, por efecto de las normas prudenciales y regulaciones del Banco Central se moldeó un sistema financiero que antes del colapso de 2001 era presentado como “el sistema financiero más sólido del mundo”.
Todo este aparato institucional se derrumbó durante el año 2001. El país perdió 20.000 millones de dólares de reservas, los depósitos fueron declarados indisponibles, el sistema financiero no respondió a sus compromisos, hubo un flujo hacia la calidad –flight to quality–, hacia los bancos públicos, el déficit y endeudamiento subieron hasta límites no sostenibles y, finalmente, la propia convertibilidad colapsó.
El punto central es que cualquier arreglo institucional o ingeniería normativa, por más sofisticada que sea, es insuficiente para preservar los contratos o el derecho de propiedad si no se combina con un programa macroeconómico sustentable. Por supuesto, lo inverso es igualmente válido. No hay sustentabilidad macroeconómica sin un sistema institucional y normativo sólido y creíble.
Una reflexión/lección final que surge de la reciente negociación con el FMI pasa por destacar la extrema importancia de afirmar como componentes centrales de políticas exitosas dos cuestiones:
i) la “propiedad”, “autoría” u ownership –no el formal sino el real– de las políticas económicas y
ii) El timing en la aplicación de esas políticas.
El “cómo” enfrentar situaciones críticas no puede depender de programas prefabricados, salvo a nivel de las grandes orientaciones o lineamientos propios de la necesaria coherencia y seriedad macroeconómica. A su vez el “cuándo” o la “secuencia” de medidas es absolutamente fundamental.
Cuando se trata de introducir la noción de reformas estructurales sin conocimiento real del medio, de la situación social y política y en el momento mismo de una crisis, lo más probable es que no sólo se la profundice, sino que se bloqueen los efectos positivos derivados de políticas macro correctas. Las grandes reformas estructurales deben hacerse en los momentos de bonanza, precisamente aquellos en que todos –locales y extranjeros– parecen mirar para otro lado y disfrutar de falsas e insustentables bondades.
A su vez, cuando se recomienda retrasar ciertas decisiones para avanzar “sobre seguro” o adelantar otras para atender objetivos que son estructurales y, por ende, no necesariamente inmediatos, se introducen riesgos innecesarios. Esos riesgos son lo suficientemente fuertes como para transformar en inconsistentes políticas que en el plano sociopolítico y económico, de otra manera serían perfectamente razonables.
El caso argentino es una vez más un ejemplo. Se recomendó la postergación del levantamiento de la restricción a la libre disponibilidad de los depósitos. De haberse aceptado esta propuesta, el sistema financiero no habría alcanzado el grado de normalización que hoy tiene y los ahorristas habrían sido afectados aun más que lo que resultó del colapso de la convertibilidad.
Introducir la reforma –ciertamente necesaria– de la banca pública, reforma que constituye una política de modificaciones estructurales, en medio de una política de estabilización y normalización, es decir fuera de tiempo, transforma las buenas intenciones y la buena direccionalidad de la política en un grave error de política y política económica.
Nosotros los argentinos, pero también la comunidad financiera internacional, podemos sacar lecciones de este proceso de crisis. Lecciones que nos sirvan para definir un programa de crecimiento sustentable y con el debido correlato social sin el cual a mediano plazo todo programa deja de ser consistente y sustentable. También lecciones para el funcionamiento del sistema financiero internacional como un todo. La repetición de crisis a lo largo del planeta (México, Sudeste Asiático, Rusia, Brasil, Argentina) está indicando que algo no funciona y que debe y puede ser modificado.
Que Argentina haya sido capaz de estabilizar y normalizar su economía, aun reduciendo deuda externa con los organismos multilaterales de crédito y que ello haya ocurrido con un programa que no contaba con acuerdos externos, no es un dato menor. Tampoco es motivo de alegría. Los objetivos del programa se habrían alcanzado más fácil y más rápido si muchas de las cosas discutidas en este documento hubieran sido aceptadas antes.