Las pistolas eléctricas Táser produjeron más de 500 muertes en Estados Unidos en los últimos 15 años.

La Corte Suprema de Justicia dio vía libre al Gobierno de la Ciudad para equipar a la Policía Metropolitana con las cuestionadas pistolas eléctricas Táser, un arma calificada como “elemento de tortura” por organismos de derechos humanos tanto de aquí como del exterior, y cuyo uso en Estados Unidos, país donde se fabrica, produjo más de 500 muertes en los últimos quince años. Al rechazar un recurso de queja, sin una mínima acotación, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que hace un año avaló la compra del arma. En aquella oportunidad, el TSJ de la Ciudad había resuelto que la licitación para la compra de las Táser resultaba “legítima”, con el llamativo argumento de que aún no se habían puesto en práctica. La Corte “legalizó la tortura en la Ciudad de Buenos Aires y sentó el precedente para que cualquier gobierno provincial pueda comprar el arma”, interpretó la decisión el ex subsecretario de promoción de Derechos Humanos y querellante contra el gobierno porteño, Carlos Pisoni.

“La gravedad del fallo radica en que la Corte se desentiende del tema y avala el argumento del TSJ de la Ciudad, que básicamente plantea que alguien tiene que ser torturado con la pistola para que sea prohibida”, señaló Pisoni. El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH), criticó “la asombrosa celeridad” con que el máximo tribunal “eligió desentenderse” del caso, avalando el fallo previo. El recurso había sido presentado en abril del año pasado y contaba con el respaldo de Amnistía Internacional, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, el CELS y la APDH, entre otros, quienes se habían pronunciado en conjunto contra el uso de la pistola, por considerarlo “tan violatorio del derecho a la integridad física como la tortura mediante el uso de la picana en un sótano de una comisaría”.

Además de darles la espalda a los organismos de derechos humanos, la Corte decidió ignorar dos fallos previos, de primera y segunda instancia, que prohibían el uso de la pistola basados en los informes que la consideraban un elemento de tortura. Un informe de Amnistía Internacional señala que las Táser “son especialmente suceptibles de ser utilizadas para cometer abusos cuando se emplean como pistolas paralizantes”, para reprimir manifestantes o ejercer violencia institucional sobre sujetos sociales vulnerables. Incluso el Comité de la ONU contra la Tortura sostuvo que las pistolas eléctricas “constituyen una forma de tortura” y recomendó a los Estados que “consideren abandonar su uso”.

Tras conocer el fallo, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, afirmó que “la experiencia demuestra que en numerosos casos el uso de este tipo de armas infringió normas internacionales sobre el uso de la fuerza, así como la prohibición de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Los reparos están ligados también a la desconfianza que genera un arma de tales características en manos de la Metropolitana, considerada desde su nacimiento en 2009 como una fuerza de choque “antipiquete” por diversas organizaciones sociales. De hecho, la Metropolitana participó tanto del desalojo de la Sala Alberdi en 2013 como de la represión en el Hospital Borda en 2014, y tuvo un rol protagónico en el desalojo de la toma del Parque Indoamericano en 2010. Si bien el gobierno porteño apeló los dos primeros fallos que le prohibían el uso de la pistola, se comprometió públicamente a dar marcha atrás y acatar las distintas medidas de amparo contra la pistola. “El oscurantista fallo de la Corte prefirió el silencio”, remarcaron desde el ODH, y adelantaron que apelarán ante tribunales internacionales “a fin de poner frena a la violación de los derechos humanos”.