La causa por el intento de soborno en la investigación del crimen de Mariano Ferreyra va camino a la impunidad. El juez Norberto Oyarbide sobreseyó al juez Eduardo Riggi, imputado en un expediente que buscaba dilucidar las coimas destinadas a jueces de la Cámara de Casación para beneficiar a los acusados del crimen del militante del Partido Obrero, quien fue asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria el 20 de octubre de 2010 cuando participaba de una medida de fuerza en apoyo a la lucha de los trabajadores tercerizados. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) apeló el sobreseimiento de Riggi.

Esta causa investiga la participación del magistrado en una trama de corrupción que pretendía que la sala III de la Cámara de Casación, integrada por Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo, revocara el procesamiento y la prisión preventiva de los integrantes de la Unión Ferroviaria (UF) involucrados en el crimen del militante. Durante la investigación judicial del asesinato de Ferreyra se conoció una maniobra ideada para manipular el sorteo de Casación y lograr que la causa se radicara en la mencionada Sala III. En septiembre de 2012 fueron procesados Octavio Aráoz de Lamadrid, ex secretario de la Cámara de Casación Penal; Juan José Riquelme, ex agente de inteligencia; Angel Stafforini, contador de la (UF) y vicepresidente de Belgrano Cargas; José Pedraza, secretario general de la UF; y Luis Ameghino Escobar, encargado del sistema informático de asignación de jueces.

La semana pasada el juez Oyarbide, con un solo escrito, rechazó el pedido de indagatoria que había realizado la fiscal federal Paloma Ochoa y sobreseyó a su colega. “No encuentro elementos objetivos ni indicios suficientes que abonen la teoría de la fiscal y que permitan vincular en modo alguno al juez Riggi en los hechos delictivos investigados. Por otro lado, no se advierte tampoco la posibilidad de producción de nuevas medidas de prueba en sentido útil para la investigación, por lo que resulta pertinente el dictado del sobreseimiento a su respecto”, dijo.

Las escuchas telefónicas registraron comunicaciones entre Pedraza, Aráoz de Lamadrid, Riquelme y Stafforini para coordinar el intento de soborno: las conversaciones muestran que Aráoz de Lamadrid iba a recibir 50 mil dólares del contador de la UF, que los imputados harían las gestiones para direccionar el sorteo y que, a través del contacto con Riggi, la sala III revocaría los procesamientos. En las escuchas, el ex agente de la SIDE se refiere a Riggi como “el amigo Eduardo” y relata las múltiples visitas al juez federal tanto en su despacho como en su domicilio. La maniobra quedó trunca porque en lugar de esperar a que el dinero fuera entregado y así poder determinar a quién iba dirigido, se realizó un allanamiento al estudio de Aráoz de Lamadrid. En el estudio se encontró un sobre a su nombre con 50 mil dólares. “La voluntad de desprender del caso a los magistrados estuvo presente desde el comienzo de la investigación, a cargo de Luis Rodríguez, actual juez federal porteño”, expresó el CELS en un comunicado.

Por otra parte, el organismo explicó que para sobreseer a Riggi, Oyarbide hizo una “interpretación arbitraria” de las pruebas que relacionan al juez con la maniobra del soborno, como, por ejemplo, el entrecruzamiento de llamadas y su estrecha vinculación con Riquelme y Aráoz de Lamadrid. Riggi declaró que conoció a Riquelme en cursos de la Escuela de Nacional de Inteligencia, que se reencontraron en una jura y que, luego, Riquelme comenzó a visitarlo en su despacho, simplemente para saludarlo. Riggi aclaró que, para ese momento, Riquelme ya no aparentaba ser un agente de inteligencia, aunque sí “continuaba con actividades propias de quien se desempeña en el área de relaciones públicas, vinculado con distintas personalidades sindicales, políticas y del clero”. Oyarbide naturalizó este relato, sin analizar a qué tipo de “relaciones públicas” se dedicaba Riquelme, y dio por acreditado que Riggi no tuvo ninguna participación en la maniobra, sin siquiera citarlo para que explique sus vínculos y las llamadas que forman parte de, a criterio de CELS, “un episodio gravísimo de corrupción en el seno de la Cámara de Casación.

Tras destacar que “esta causa es muestra de la enorme resistencia que hay en el Poder Judicial para investigar el comportamiento de los propios jueces, dado que durante cuatro años al menos catorce jueces se inhibieron de tomar decisiones en el expediente, y sancionar los vínculos promiscuos entre miembros de la justicia federal, agentes de inteligencia, lobbistas o ex funcionarios”, el CELS recordó que “casualmente un día antes del sobreseimiento, el Consejo de la Magistratura también desestimó, sin investigar, la denuncia contra Riggi que ese organismo de derechos humanos había presentado en septiembre de 2012. “Más allá de la causa penal, entendimos que era fundamental que se analizara su comportamiento como juez”, indicó. Y concluyó que “la resolución del juez federal Norberto Oyarbide y del Consejo de la Magistratura continúan la línea de impunidad que atraviesa a este caso desde su comienzo”.