En menos de 48 horas, dos locales políticos fueron atacados a balazos, uno de La Cámpora en Mar del Plata y otro de Nuevo Encuentro en el barrio porteño de Villa Crespo. Estos hechos generan una inquietud muy profunda sobre el futuro argentino y contribuyen a enrarecer más un clima político fuertemente marcado por el discurso denigratorio contra el anterior gobierno. Aunque cualquier especulación sobre los autores sea todavía imposible, nunca hechos de este tipo fueron realizados por “locos sueltos”. Los atentados contra militantes populares fueron en el pasado obra de grupos con cierta organización y recursos, una disposición criminal suficiente como para no evitar las víctimas fatales –es milagroso que no hubiera heridas de muerte entre los asistentes al acto de Villa Crespo– y, en muchos casos, vinculados con las fuerzas de Seguridad.

Es obvio que estos ataques no habrán de apartar a las fuerzas agredidas y a toda la militancia kirchnerista del camino político de reivindicación de lo hecho por los gobiernos de Néstor y Cristina y de activa oposición a la política del gobierno instalado el 10 de diciembre. Si el intento, más que un mero propósito intimidatorio, tuvo un fin de provocación para introducir formas de violencia en la actual confrontación entre oposición y gobierno tampoco parece que fuera a lograr resultados. Tras doce años de ampliación de la democracia y restablecimiento de la centralidad de la política, el movimiento popular está hoy muy lejos de esas actitudes.

La ministra de Seguridad ha dicho que los atentados contra locales políticos son inadmisibles. Debería tomar nota de que no se trata de hechos aislados, porque en la última semana una pareja, identificada con el FPV, fue agredida con violencia en la ciudad de Buenos Aires por los encargados de un local gastronómico y expulsada del lugar. El rápido esclarecimiento de los recientes ataques con armas de fuego y la detención de sus autores tendría un saludable efecto sobre la vida política. Del gobierno es la tarea.