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En muy pocos días transcurrieron dos acontecimientos de suma importancia en la relación entre política y comunicación: el encuentro de ComunicAcción en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el Congreso de la Coalición por la Comunicación Democrática (CCD) en el auditorio de la Cámara de Diputados. Ambas actividades registraron participaciones multitudinarias, incluso por encima de las inicialmente previstas por los organizadores. Mientras tanto en los gremios vinculados a la comunicación hay un estado de movilización permanente a raíz de despidos, falta de pago y riesgo de cierre de algunos medios. En todos los casos lo que se demanda mediante diferentes reivindicaciones es la vigencia plena del derecho a la comunicación, insistiendo en la idea de que este derecho es “habilitante” de muchos otros y de la democracia misma.

Por lo menos, dos conclusiones se pueden obtener de los datos anteriores, aunque seguramente hay muchas más que las que aquí se consignan.

La Argentina vive un momento en el cual muchos sectores manifiestan su necesidad de participar, de expresarse, de manifestarse. En algunos casos para canalizar demandas frente a los atropellos que está cometiendo el oficialismo gobernante, ante los despidos y la conculcación de derechos. En otros, simplemente para poder expresarse, gritar, desahogarse. Ante la ausencia de canales orgánicos fuertes, la participación “estalla” en todo espacio que se habilite para ello, para decir y para escuchar. Esta necesidad de expresión no es propia ni única del campo de la comunicación. Se nota en la convocatoria a las plazas, a los encuentros, a los conversatorios. Pero el mundo de la comunicación se muestra especialmente activo en la materia. Y ello ocurre porque la comunicación ha dejado definitivamente de ser un espacio técnico y solamente profesional: es un lugar de disputa simbólica y política permanente que trasciende a los actores específicos para involucrar de modo amplio a la ciudadanía.

En la democracia moderna nadie que aspire realmente al manejo del poder puede resignar la lucha en el ámbito comunicacional.

Lo sabe el presidente Mauricio Macri y por ese motivo desde el mismo día que asumió el gobierno lanzó una ofensiva político institucional para desarticular la mayoría de los mecanismos de democratización de la comunicación que el kirchnerismo había puesto en marcha haciendo retroceder a actores importantes. Son estos mismos grupos de poder a quienes ahora la coalición gobernante busca garantizarle privilegios. A cambio el Gobierno espera que continúe el “blindaje” mediático que impide la divulgación de toda información que no sea favorable a sus intereses mientras se reproduce el relato oficial de las justificaciones a sus actos. Más que una alianza habría que hablar de una asociación ilegítima de complicidades en contra de los derechos democráticos de gran parte de la ciudadanía.

La otra lectura de los acontecimientos aludidos es que una parte significativa de la población y no solamente quienes están ligados al tema, ha tomado conciencia de la importancia del espacio comunicacional. La participación en las actividades mencionadas no solo fue multitudinaria sino sumamente diversa. Trabajadores de la comunicación, profesionales de los medios, académicos... pero también sindicatos, organizaciones sociales y políticas, de derechos humanos, movimientos populares, de pueblos originarios... y sigue la lista. Todos reunidos y unidos por el derecho a la comunicación.

Hay, en numerosos actores, la convicción creciente de que gran parte de la suerte de la democracia se juega hoy en el ámbito de la comunicación. Y que defender la pluralidad de voces y la diversidad de miradas es inseparable de la lucha política. Comunicación y política son dos caras de una misma moneda denominada democracia.