Carlos Ochoa Hernández es superintendente de la Información y Comunicación de Ecuador (Supercom) desde el 9 de octubre de 2013. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Cuenca, ejerció el periodismo durante 28 años. Ocupó la dirección de noticias en la primera televisión pública de su país y recibió varios premios, como el de mejor entrevistador de la TV nacional. Esta vez, cambió de rol: aceptó ser el entrevistado y respondió varias preguntas sobre la lucha por una comunicación democrática en Sudamérica, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual derogada en varios puntos clave por los DNU del presidente Mauricio Macri y la actualidad ecuatoriana del área.

–¿Considera que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual argentina puede ser tomada como referencia para el resto de los países de América latina?

–La corriente por la democratización de la comunicación en la región viene de realidades similares en nuestros países. Pero, sin duda, la ley argentina se convirtió en un precedente no solo de legislación sino y sobretodo de la voluntad política para combatir las inequidades e irregularidades en la administración del espectro radioeléctrico y en el poder político y económico que se gestó alrededor de su manejo.

–Usted visitó nuestro país y la Afsca como funcionario de la Supercom. ¿Con qué imagen se fue cuando estaba plenamente vigente la Ley de Comunicación y qué piensa ahora sobre las consecuencias que puede tener su derogación parcial?

–Argentina sin duda dio el primer paso en la región en el proceso de la democratización de la comunicación y de su enfoque como un derecho humano y un bien colectivo. La ley argentina al igual que la ecuatoriana y otras normativas que han surgido son perfectibles pero su espíritu es el que se impone respecto de pluralizar las voces y acabar con los monopolios mediáticos que tanto daño hacen a nuestras democracias. En cualquier país es inconstitucional la regresión de derechos, más aún cuando se han dado pasos enormes sobre su protección.

–¿Qué semejanzas encontró en los medios hegemónicos de ambos países cuando interactuaron con el poder político durante la presidencia de Cristina Kirchner y hasta la fecha con el gobierno de Rafael Correa?

–En Ecuador, la aprobación de una Ley de Comunicación tuvo como antecedente una auditoría de frecuencias del espectro radioeléctrico concedido con irregularidades y que permitió la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. A tal punto que ocho familias con poder económico y político tuvieron, en un momento dado, el 90 por ciento de las frecuencias de radio y televisión. Esto, a más de generar una matriz mediática, condicionaba la información y los contenidos que se emitían pues obviamente estos iban a responder a los intereses de esos grupos de poder. Los medios ponían y sacaban presidentes. En Argentina es conocido el caso de Papel Prensa. Es decir que esta tendencia de regulación del poder mediático viene de una realidad regional similar en la que una minoría ostentaba dicho poder pero los ciudadanos carecían del derecho o acceso a la comunicación, a expresarse libremente, a tener voz.

–¿Cómo son en Ecuador este tipo de regulaciones?

–En Ecuador, la Ley de Comunicación es clara, las frecuencias radioeléctricas deberán distribuirse en 33 por ciento para medios privados, 33 públicos y 34 comunitarios. Aunque es un proceso complejo, la autoridad competente ha anunciado el inicio del concurso para la adjudicación de más de 1000 frecuencias en los próximos días.

–Un sector de la prensa internacional, organizaciones y dueños de medios, sostienen que la Ley de Comunicación es una ley mordaza que ha limitado la libertad de expresión en el Ecuador. ¿Por qué cree que dicen eso?

–Porque responden a intereses corporativos empresariales, porque la ley ha venido a contrarrestar el poder excesivo y los privilegios que tenían, porque ya no pueden emitir contenidos violentos, discriminatorios o con morbo que les aseguraba el rating pero que afectaban los derechos ciudadanos, porque hoy su voz no es ley sino que los ciudadanos comunes tienen derecho a cuestionarlos, a evidenciar las mentiras, los errores y pedir rectificaciones o réplicas, que son figuras aceptadas a nivel internacional y sobre las cuales la discusión de su vigencia ha sido superada en el mundo. Porque ahora sí tienen que rendir cuentas y porque ahora el derecho a la libertad de expresión es de todos. Parafraseando a Galeano diría que asombra la libertad de expresión que tienen, para decir que no existe libertad de expresión.

–¿Cómo cambió la puesta en vigencia de esta ley en su país al ejercicio del periodismo y a la ciudadanía en general?

–Una vez que se apacigüe el tema político por su creación, quedará la evidencia que su implementación constituye un hito en la historia democrática de nuestro país, constituye el inicio de una nueva matriz de pensamiento, implica un cambio cultural. La ciudadanía poco a poco se va apropiando de sus derechos y se moviliza, por ejemplo, en contra de la telebasura sin necesidad de que el órgano regulador intervenga, cuestiona los contenidos que los medios les imponen, exigen respeto, precisión, veracidad y eso redunda en la democratización de la comunicación.

–En Ecuador el presidente Correa tiene a su máximo opositor en la persona de un ex banquero, Guillermo Lasso, quien ha prometido que si llega a ser presidente tirará al tacho de basura la Ley de Comunicación. ¿A qué atribuye tanto ensañamiento con esta ley?

–Vivimos en el país momentos preelectorales donde sumarse al poder mediático y aparecer como su aliado garantiza el apoyo necesario para su campaña. Es más rentable política y económicamente hablando cuestionar una ley que supuestamente coarta la libertad de expresión como parte de su campaña.

–¿Encuentra similitudes entre Lasso y lo que pasó en la Argentina tras la asunción de Macri?

–No puedo pronunciarme sobre dignatarios, funcionarios o asuntos internos de otro país. Lasso es un personaje político muy bien identificado, autoproclamado candidato presidencial en Ecuador. Es un conocido banquero, estuvo inmerso en la crisis bancaria de 1999, al punto que fue superministro del gobierno de Mahuad, cargo al que renunció días antes del colapso del sistema financiero que congeló los fondos de millones de ecuatorianos y llevó a muchos jubilados al suicidio.

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