“Ni un despido más, ni un trabajador menos.” Con esa consigna, trabajadores estatales de todo el país organizados en ATE concretaron ayer el segundo paro nacional en respuesta a las cesantías decididas por el Gobierno, que según estimaron ya se cobraron casi 30 mil puestos de trabajo en el sector público, cifra que seguirá creciendo hasta el 31 de marzo de la mano de la “revisión” de 25 mil contratos anunciada por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra. “Los despidos se siguen profundizando y en el camino el Gobierno deja áreas estratégicas del Estado sin capacidad de funcionamiento”, advirtió el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, quien adelantó que el gremio presentará un recurso ante la OIT para frenar la ola de despidos y prometió “medidas mucho más duras” frente al ajuste. En provincia de Buenos Aires, los estatales marcharon hacia la casa de gobierno en La Plata –donde habían sido reprimidos a principios de año– y reclamaron, además de la reincorporación de los cesanteados, un incremento en la oferta salarial de la administración de María Eugenia Vidal, que ofreció un magro 15 por ciento de aumento.

“La resistencia está creciendo”, evaluó el dirigente de la CTA Hugo “Cachorro” Godoy, y apuntó que la medida de fuerza de ayer buscó “ponerle un límite” a la sangría y “abrir un canal de diálogo” con el Gobierno para evaluar la posibilidad de reincorporaciones. “Desde la época de la dictadura y del menemismo que no vivíamos una situación como ésta”, señaló Godoy sobre la cantidad de despedidos, al tiempo que destacó que “sin la lucha de los estatales el Gobierno no hubiera tenido ningún límite” en el ajuste.

La columna de ATE Capital llegó entrada la tarde a las puertas del edificio del Ministerio de Producción, donde se encuentran las oficinas de la gerencia de la Secretaría de Comercio. Hasta allí llevaron el reclamo contra los más de 450 telegramas de despido que recibieron trabajadores de los programas Precios Cuidados y Consumo Protegido. “Con los recortes se suspendieron funciones del Estado estratégicas, que cuidaban el salario de los trabajadores”, describió Catalano sobre la situación.

Lejos de contener el ajuste, el Gobierno siguió avanzando en los despidos, que se cuentan de a miles por semana. La medida de fuerza de ATE contuvo reclamos por los 600 telegramas en el Hospital Posadas, otros 600 en la obra civil de Atucha II –se espera un total de 2600 para fin de mes–, 113 en el Ministerio de Salud y más de 70 en el Ministerio de Justicia.

La sangría forma parte del programa de “modernización” del Estado ejecutado por el ministerio creado con ese fin. El ministro Andrés Ibarra anunció que seguirán “en revisión” más de 25 mil contratos hasta el 31 de marzo. Alrededor de esa fecha se ubica una de las principales preocupaciones de los gremios: además del goteo semanal de mil empleados despedidos en distintos organismos, el último día de este mes vence el vínculo con el Estado de miles de trabajadores. “Recién ese día vamos a tener una noción definitiva del daño”, aseguró Catalano, “mientras tanto, hay miles de trabajadores en sus casas con la incertidumbre de quedar desocupados”. Las paritarias para los trabajadores del Estado Nacional, pautadas para mayo, están todavía lejos en el horizonte.

- Techo. “Quizá no conozcan a los estatales bonaerenses porque todos los que vinieron a gobernar son porteños, quizá nos hayan subestimado”, denunció el titular de ATE de Provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, en referencia a la tensa negociación salarial con el gobierno de Vidal. La pelea es por el 40 por ciento de aumento que plantea el gremio como piso y el 15 que propone Vidal como techo. “Si quieren descargar la crisis sobre los trabajadores, estaremos en la calle luchando”, advirtió De Isasi.

- Policías. Desde ATE denunciaron que en la última etapa de despidos intervinieron efectivos de la policía federal en reemplazo de los funcionarios. “El Gobierno arrancó enviando telegramas. Como hubo protestas, inauguraron la etapa de despidos con la policía en la puerta de los edificios custodiando a los jefes de recursos humanos. Y ahora van con la policía diciendo quién se queda sin laburo”, describió Catalano.

El referente de ATE Capital relató que durante los despidos en el Ministerio de Justicia “intervino policía de civil persiguiendo delegados, impidiendo que ingresen a las oficinas para hablar con su compañeros y expulsándolos del edificio por la fuerza”. En el Ministerio de Salud, agregó, “fue la policía la que anunció los despedidos, oficina por oficina”. En respuesta, desde ATE evalúan acudir a la Justicia. “Todo esto es violencia institucional, persecución, estigmatización como nunca antes vivimos los estatales –dijo–. La policía no debería estar cazando trabajadores públicos.”

Se estima que ya se perdieron 30 mil puestos de trabajo en el Estado.