En el mes de febrero el Gobierno designó como nuevo director del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia a Francisco Lagos. Su designación “provisoria” fue publicada en el Boletín Oficial durante el show de persecución a los prófugos del Triple Crimen. Lagos, que es clase 1973, fue subteniente de Caballería del Ejército y tuvo a cargo la seguridad del hotel Hyatt y de la misión de Naciones Unidas en Argentina. El Boletín Oficial sólo mencionó en aquel momento que “la persona propuesta reúne los conocimientos, experiencia e idoneidad necesarios para el desempeño del cargo a cubrir”. Por su edad, no es un hombre formado bajo la matriz represiva de las fuerzas armadas y tampoco llegó a un lugar destacado en el escalafón del Ejército. Tampoco debe verse como una impugnación a su persona el hecho de que su padre, el coronel retirado Luis Hilario Lagos, haya sido profesor de la Escuela de las Américas en los años de la dictadura cuando los Estados Unidos impartían desde esa base formación en la doctrina de seguridad nacional a los ejércitos de la región. Su designación, sin embargo, al frente a un Programa con una de sus agendas centrales basadas hasta el mes de diciembre en las víctimas de crímenes de lesa humanidad representa un problema en términos simbólicos y con efectos reales para las propias víctimas. Es, a la vez, una nueva muestra de que las prioridades en términos de agenda de políticas públicas dentro del Estado comienzan a ser otras, como corrupción y lo que llaman la “guerra contra el narcotráfico”. En esa línea, la designación constituye un nuevo paso en el desplazamiento de parte del Estado de las políticas de lesa humanidad.

“Que una persona que estuvo en el Ejército sea el responsable de las políticas de Protección al Testigo es para nosotros una medida de in-seguridad”, resume Enrique Fukman, sobreviviente de la Escuela Mecánica de la Armada. “Las víctimas necesitan tener una garantía sobre su seguridad porque estamos expuestos permanentemente –dice Carlos Loza, sobreviviente del mismo centro clandestino de detención–. Durante estos años, el caso de Julio López nos cambió la vida porque se trató de un sobreviviente desaparecido en democracia. Eso dio origen a las políticas de protección que este nombramiento pone en duda porque sobre todas las cosas tiene un efecto simbólico: el nombramiento de un militar en el área de protección de testigos lo que te genera es mayor inseguridad, es más genera un sentimiento de inseguridad plena”.

El perfil de Lagos está en la red pública de Linkedin. Entre los primeros antecedentes se encuentra su paso desde 2006 y durante 10 años como encargado de seguridad de Naciones Unidas; entre marzo y julio de 2006 estuvo en la gerencia de seguridad del Hyatt. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Negociación de Flacso y allí está su antecedente como “oficial del Ejército Argentino”.

Los datos de su padre en cambio aparecen en un archivo del Boletín Reservado del Ejército (ver imagen). El número 5013, decreto 313 del 11 de agosto de 1982, señala que el entonces mayor a partir del 22 de diciembre de 1981 y por el término de 177 pasa a desempeñarse como instructor del Departamento de Comando y Estado Mayor de la Escuela de las Américas, en la República de Panamá, y a partir del 17 de junio de 1982 por el término de 564 días como profesor en la Escuela Superior del Ejército en Venezuela. Hasta entonces, y siempre según los datos del BRE había estado en el Comando del Primer Cuerpo de Ejército (1976) y en comisión por 25 días en Estados Unidos para 1979 con el grado de mayor.

Aunque nada de esto objeta los antecedentes en la designación del hijo, llama la atención que el Gobierno no mencionó esta información. Ni él mismo lo hizo en distintas presentaciones con quienes se encuentran al amparo del programa.

La designación causó cierta alarma entre beneficiarios del Programa de Protección a Testigos, quienes comenzaron a enterarse de su propio paso breve por el Ejército. Hubo quienes preguntaron si podían devolver los teléfonos que poseen y quienes al enterarse quieren retirarse del Programa. Los consultados por este diario no reprochan los datos personales, ni su filiación paterna, pero su vínculo aún con la “baja” de las Fuerzas Armadas provoca cierto espanto. Los reproches van en distintas direcciones. Por un lado, su nombramiento parece asociarse a otros nombramientos de personal retirado de las fuerzas armadas que comenzaron a ocupar cargos de dirección en lugares claves del Ministerio de Defensa, que el pacto democrático destina hace treinta años a la conducción civil. Su designación también se ve como parte de un proceso más largo que viene dando cuenta del retiro del Estado en áreas dedicadas al trabajo en lesa humanidad. Su especialización, más cercana al paradigma policial de la seguridad y su perfil, también parece dar cuenta de la jerarquización de la nueva agenda de políticas públicas en desmedro de las políticas de lesa humanidad.

“El tema simbólico para las víctimas de lesa humanidad es muy importante porque la víctima ve en la fuerza a quienes lo sometieron en los años 70”, señala un antiguo coordinador de otro de los programas vinculados a esa área. “Es una pérdida y un retroceso en términos democráticos y de control político que las áreas sensibles en temas de memoria y justicia no estén en manos civiles –señala Adriana Taboada, psicóloga y perito de las causas de lesa humanidad–. No estamos hablando de una persona individual sino de lo que representa ser parte de las Fuerzas Armadas. Específicamente en el Programa de Protección a testigos, la situación empeora con esta designación dado que quien solicita entrar al Programa es una víctima o familiar que por distintas razones siente su vida amenazada. Hablamos también del trauma social. ¿Cómo es posible pensar que las víctimas-testigos, protagonistas esenciales del proceso de justicia, puedan pedir protección si quien debe cuidarlos representa a aquellos que lo dañaron y aún hoy mantienen el pacto de silencio? ¿Cómo sentirse confiado con quién representa a una fuerza golpista? Sabemos que durante la gestión anterior, el Ministerio de Defensa llevó adelante la modificación de los planes de estudio en las tres Fuerzas Armadas, pero también sabemos que los cambios culturales e ideológicos son lentos, mucho más cuando no existe en esas fuerzas una motivación para el cambio.”

Guadalupe Godoy es abogada de Justicia Ya! La Plata en las causas de lesa humanidad y querellante en la investigación por la desaparición de Julio López. “Los problemas de lesa humanidad tienen dos ejes, uno es la protección pero también la contención, con esta designación dice hay que ver cómo interviene esa formación previa para compatibilizar estas dos cosas.”

Durante los últimos años, el Programa tuvo entre sus preocupaciones centrales a las víctimas testigos de las causas de lesa humanidad. El Programa creció después de la desaparición de Julio López. El universo de víctimas de lesa humanidad asistidas por el Programa es –sin embargo– menor en relación a las personas que están bajo medidas efectivas de protecciones. Según uno de los referentes centrales, el área intervino en mas de dos mil casos de testigos-víctimas de lesa humanidad con al menos una entrevista que buscó ver cómo colaborar o contribuir en la doble función de protección y contención a los testigos. Las mayor parte de las medidas que se adoptaron sobre ese sector son medidas de seguridad leves como poner a disposición teléfonos con sistemas de alertas anti-pánicos o desarrollar medidas combinadas. Sólo unos poquísimos casos tienen medidas de protección extrema como relocalizaciones de personas, una situación que genera múltiples costos en términos psicológicos, económicos, laborales y culturales. El Programa también atendió en estos años a víctimas testigos e imputados de casos de delitos organizados, trata de personas, corrupción en el Estado y narcotráfico, un universo que es protegido en su mayor parte con las medidas extremas. Las víctimas de lesa humanidad históricamente desconfiaron de la protección del Estado y de sus instituciones. Y propuestas como re-localizaciones fueron rechazadas porque implicaban también un repliegue del espacio público y de las militancias en los que muchos y muchas siguen activos. Uno de los logros de estos años fue justamente que el ingreso de las víctimas a los Programas también hablaron de una recuperación de la confianza en las estructuras del Estado. Todo esto es lo que está puesto en cuestión en este momento.

Ex integrantes del área explican que el nuevo director no cambió a los equipos de trabajo que venían asistiendo los distintos frentes. Y dicen que “parece muy buena persona”. Aún así señalan dos cosas: que hacia adentro existe un mensaje de comenzar a abandonar los temas de lesa humanidad y que su nombramiento es “un mensaje” que genera problemas. Ellos señalan que su perfil habla de una visión “policial” sobre la protección cuando estas políticas son sistemas complejos e integrados. “La protección de testigos no es un problema policial ni un problema judicial, es más complejo y la experiencia que se requiere y que desarrolló Argentina durante estos años no tiene antecedentes dado que nosotros mismos fuimos haciendo un manual”, señala una de las fuentes.

En muy poco tiempo comienza en Tucumán el juicio oral por el Operativo Independencia. Hay unos 1200 testigos que van a declarar en ese juicio, un escenario difícil donde el proceso de Justicia recién comenzó entrar en los últimos años. En el corto plazo, este es uno de los escenarios que con estas políticas aparece más complicado.

El Programa asiste pedidos que en general llegaban a través de dos vías. Al comienzo principalmente provenían desde los Tribunales Orales Federales que mandaban a todas las víctimas de los juicios a ser asistidas. Eso cambió más tarde con la reestructuración del Programa Verdad y Justicia que comenzó a canalizar esos pedidos, para resolver y enviar las situaciones más comprometidas como sugerencias de inclusión al Programa a través de dictámenes internos. En 2014 y 2015, las víctimas de lesa humanidad que pasaron de Verdad y Justicia al Programa de Protección a Testigos fueron de alrededor de 20 personas.