El gobierno nacional tendrá, el próximo viernes, su primera cita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no se espera que reciba felicitaciones por lo hecho en poco más de cien días de gestión. Por pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (Redcom) y algunas otras organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), el organismo internacional citó al Poder Ejecutivo a cargo de Mauricio Macri para darle la posibilidad de que explique “su ofensiva contra la comunicación popular a través de los DNU que atacan a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital”, informaron desde el histórico colectivo. Se prevé que sea el titular de del Ente Nacional de Comunicaciones, Miguel de Godoy, quien represente al Gobierno. La transmisión de la audiencia, que sucederá el viernes a las 10, será seguida en vivo en diferentes puntos del país acorde a una convocatoria que lanzó la CCD. El auditorio del anexo A del Congreso de la Nación fue el escenario elegido en la Ciudad de Buenos Aires.

La audiencia es “importante”, consideró Mariela Pugliese, presidenta de Farco, “no solo porque es la primera decisión de la gestión de Cambiemos que, producto del cuestionamiento de las organizaciones de derechos humanos, de comunicación, educativas y de trabajadores argentinas llega a ser analizada por un organismo internacional. También por la posibilidad que significa de “visibilizar la situación de Argentina, el cerco mediático cada vez más chico que protege al presidente y a sus funcionarios y que no permite que la información sobre medidas y efectos de este Gobierno salgan a la luz por los medios comerciales y de las grandes empresas de comunicación”. “Hay que encontrar otras vías para contar lo que pasa en torno a la violación al derecho a la comunicación, que en Argentina permanecía estable hasta estos decretos”, puntualizó Pugliese.

A mediados de enero pasado, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, de colectivos de la comunicación comunitaria y universidades públicas que integran la CCD le pidieron a la CIDH y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que intervenga en la situación que generó en Argentina la aplicación de los decretos 13, 236 y 267 con los que el Poder Ejecutivo mutiló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y su par relativa a las tecnologías de la información (Aftic). El fundamento del pedido fue concreto: las medidas oficiales implicaron una “vulneración del derecho humano a la comunicación y los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, del que el Estado argentino forma parte”, plantearon desde la coalición. Y surtió efecto.

La audiencia, que tendrá lugar el viernes desde las 10, en las oficinas de la Organización de los Estados Americanos, en Washington, Estados Unidos, contará con exposición de la situación que posibilitó el encuentro, y que estará a cargo de ocho representantes de las organizaciones denunciantes –CELS, Farco, Redcom, la Asociación de Radiodifusoras (Arbia), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) y las universidades nacionales de Lanús y Quilmes, a la que el Estado nacional deberá responder–. Se prevé, la representación oficial de De Godoy en nombre del Gobierno nacional. La CIDH no puede condenar al país, ya que “no se trata de una denuncia formal ante un organismo judicial”, explicó Pugliese. Sin embargo, el planteo sobre que “los DNU violan los estándares sobre libertad de expresión y comunicación democrática de la OEA e incluso de la ONU, a los que el país adscribió, merece un llamado de atención”, aportó. “Esperamos que esta presentación tenga una respuesta de recomendación concreta al Gobierno nacional de mantener la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

La CIDH transmitirá en vivo vía streaming la audiencia, por lo que la CCD organizó encuentros públicos en todo el país para poder hacer un seguimiento de lo planteado allí. En la Ciudad de Buenos Aires eso sucederá en el Auditorio de la Cámara de Diputados, adonde el colectivo de colectivos invitó a diputados, senadores y legisladores porteños, representantes en el Parlasur y dirigentes y referentes de las organizaciones que lo integran “no solo para escuchar qué tiene el Gobierno para decir respecto del abuso a la pluralidad de voces”, sino también para debatir luego sus respuestas. Al final de la audiencia, ofrecerán una conferencia de prensa.