El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, fue detenido ayer en medio de un sorpresivo operativo judicial y mediático. La orden de arresto la dictó el juez federal Julián Ercolini, quien planea indagarlo el lunes en una causa que investiga irregularidades en la compra de trenes. Según relató su abogado y el propio Jaime, el ex funcionario se enteró del pedido por los medios de comunicación, tras lo cual se comunicó voluntariamente con la Gendarmería Nacional para ponerse a disposición. “Cada vez que la Justicia me ha citado me he presentado, hace 7 años que dejé la función pública y siempre estoy a disposición de la Justicia”, remarcó Jaime en diálogo con radios y canales de televisión de Buenos Aires y Córdoba minutos antes de que su arresto lo dejara incomunicado. Dirigentes opositores festejaron la medida, que incluyó imágenes en vivo desde la comisaría cordobesa con Jaime esposado y con chaleco antibalas.

A las 9.30 de la mañana de ayer, Ricardo Jaime ingresó a la delegación cordobesa de Delitos Complejos de la Policía Federal. Se bajó de un taxi y entró solo, luego de enterarse mediáticamente del pedido de detención de Ercolini. Inmediatamente fue trasladado al edificio de Gendarmería ubicado a unos 100 metros, donde permaneció durante casi cuatro horas. Con una fuerte guardia periodística en la puerta, se retiró escoltado por policías y gendarmes, con esposas y un chaleco antibalas. Había un puñado de personas que se reunió en la puerta y al salir le gritaron y lo insultaron.

“No he cometido ningún delito para ir a la cárcel”, afirmó Jaime y aseguró estar “dispuesto a dar todas las explicaciones que correspondan al juzgado”. Su abogado, Andrés Marutián, remarcó que se enteraron por los medios y consideró “llamativo” que las medidas se tomen “un sábado previo a la indagatoria, ya que el ex funcionario “tiene declaraciones el martes en tribunales y estuvo el miércoles” en los juzgados del barrio porteño de Retiro.

En su resolución, Ercolini fundamenta el arresto en que existiría peligro de fuga a raíz de la supuesta “capacidad de relaciones residual para la facilitación de vías de transporte para eludir la acción de la Justicia”. Jaime dejó de ser funcionario público en 2007, hace ya más de 8 años. La causa investiga la compra de material ferroviario usado a España y Portugal en 2005. El magistrado sostuvo en su escrito que “los fondos abonados por el material rodante adquirido eran de desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real”, lo que “hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas”.

El fiscal del caso, Federico Delgado, anticipó ayer el futuro judicial del ex funcionario: “En muy breve tiempo Jaime debería estar procesado y en condiciones de ser juzgado en un juicio oral”, adelantó Delgado a los espectadores del canal TN. La presunta maniobra ilegal se conoció por un informe de la Auditoría General de la Nación. “La trampita eran unas sumas muy grandes en euros por asesoramiento técnico sin respaldo material. Eran facturas que en general servían para ocultar la circulación del dinero”, completó el fiscal, quien había pedido la imputación del ex funcionario ya en 2013.

Entre las medidas que ayer dispuso Ercolini, también se solicitó a Gendarmería que allane y detenga al presunto cómplice del ex funcionario, el consultor Manuel Vázquez en su casa de San Isidro. Vázquez fue trasladado ayer a la sede de la Unidad Especial Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de la Gendarmería Nacional, en el barrio de Retiro, donde junto a Jaime esperará hasta ser indagado. Además, se le prohibió la salida del país al sucesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, Juan Pablo Schiavi, a Ricardo Domingo Testuri y a Ignacio Soba Rojo, este último un jubilado octogenario, considerado un “prestanombre” de Jaime.