El ex vicepresidente Amado Boudou fue beneficiado por la Sala II de la Cámara Federal porteña en una causa por supuestas dádivas. El tribunal revocó el procesamiento del ex funcionario por considerar “incongruente” la orden de procesamiento dictada entonces por el ahora ex juez Norberto Oyarbide. Se trata de la investigación iniciada a raíz de una denuncia contra Boudou por viajar en un helicóptero privado en la costa atlántica en diciembre de 2011. El fallo de nulidad no implica su finalización, sino que el caso vuelve a foja cero. El fallo se conoce luego de que el presidente Mauricio Macri fuera cuestionado por viajar en un helicóptero privado, en ese caso, del empresario británico Joe Lewis, quien lo alojó en su estancia de Río Negro, en la que impide la llegada al Lago Escondido, a pesar de que hay fallos judiciales que lo obligan a abrir un camino.

“La lectura de la pieza procesal en estudio evidencia un curso argumental incongruente que impide conocer la lógica seguida para arribar a la decisión cuestionada”, es decir el procesamiento, apuntaron los integrantes de la Cámara en los fundamentos del fallo.

Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani anularon así el trabajo que había realizado Oyarbide, en el que había ordenado el 5 de febrero el procesamiento de Boudou junto a la de los empresarios Nazareno Natale, dueño de la empresa Alas del Fin del Mundo, y el propietario de Ecocyma, Marcelo Juan Scaramellini, que pusieron a su disposición las aeronaves para trasladarse desde el Aeroparque porteño y luego dentro de Necochea.

Los vuelos por los que se acusó al ex vicepresidente se realizaron el 17 de diciembre de 2011, para asistir a un acto público en Necochea y estuvieron involucrados un helicóptero y un avión, ambos privados. Según la investigación, los viajes se habían concretado de manera informal. Los abogados de Boudou habían apelado y pedido la nulidad del procesamiento con el argumento de que el ex funcionario desconocía como se había dispuesto la organización de los viajes y la gratuidad de los vuelos de las dos empresas particulares.

Los jueces señalaron en el fallo que Oyarbide había dado por cierta “la hipótesis delictiva en razón de haber determinado que, efectivamente, la aeronave perteneciente a la empresa Alas del Fin del Mundo ‘funcionó como un avión privado que fue gratuitamente puesto a disposición del entonces vicepresidente de la Nación’”, pero agregan que “también tuvo por cierto que se trató de un vuelo promocional gratuito para atraer potenciales clientes que se ofreció a diversos funcionarios públicos (Cámara de Senadores y Cámara de Diputados), señalando que ‘la dirección generalizada del ofrecimiento (por parte de una empresa hacia una cantidad indeterminada de funcionarios públicos) se volvió particular al coordinarse el vuelo que trasladó al Lic. Boudou’”, evidenciado la contradicción en el escrito del procesamiento inicial.

En el documento, los camaristas señalan que “si como sostiene el instructor, el ofrecimiento se efectuó a ‘una cantidad indeterminada de funcionarios públicos’ y que dicho proceder no se encontraba prohibido, la aludida ‘dirección generalizada del ofrecimiento’ entra en pugna con la afirmación en punto a que el vuelo de cortesía se hubiese realizado en consideración al oficio que por entonces desempeñaba Boudou”. Irurzun, Freiler y Cattani destacaron que los argumentos del juez eran débiles porque junto a Boudou “otras seis o siete personas –cuya identidad no pudo hasta el momento conocerse– abordaron el avión con el mismo destino. Aunque es cierto que por aquel entonces era una de las máximas autoridades de la Nación”, no saber las identidades de quienes lo acompañaban en el vuelo “le impedía descartar que, en razón de su oficio y según la hipótesis que sostuviera, no hubiese sido otro el destinatario directo de la presunta dádiva”.