El empresario Lázaro Báez y su contador, Daniel Pérez Gadín, seguirán detenidos en la causa de lavado de dinero, luego de que la sala II de la Cámara Federal rechazara sus respectivos pedidos de excarcelación ante la posibilidad de que fuguen y que se “intimide” a testigos e imputados. Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani analizaron los argumentos de las defensas de ambos detenidos y confirmaron las negativas a las solicitudes de salir de la cárcel que había dictado el juez de la causa, Sebastián Casanello.

“Esta sala considera que existe la posibilidad de que (Báez) se fugue en el caso de recuperar su libertad”, escribieron en el fallo y resaltaron la “disposición de dinero” y las “relaciones económicas e influencias” en “distintos países” del empresario. También subrayaron que “existe la posibilidad cierta de intimidación a testigos y a otros imputados” y recordaron que los financistas coimputados, Leonardo Fariña y Federico Elaskar, refirieron sentirse “amedrentados”. Los jueces agregaron que “el mantenimiento de la situación de detención también responde a la necesidad de asegurar la producción y resultado de las recientes medidas de prueba sobre los dichos dados por otro de los imputados en carácter de colaborador de la investigación”, en relación a Fariña.

En el fallo remarcaron que Báez amasó su fortuna “en los últimos 15 años”, luego de haber renunciado a un puesto que tenía como empleado en relación de dependencia en el Banco de la provincia de Santa Cruz, y obtenido con su empresa la mayor parte de la obra pública durante el gobierno kirchnerista. “No puede ignorarse que según se imputa en el caso esas posibilidades económicas fueron gestadas a partir de haber conformado un grupo empresarial que arribó a su importante posición patrimonial a partir de haber resultado beneficiario de la contratación de la mayor parte de la obra pública de la provincia de Santa Cruz”, remarcó el tribunal.

Báez y Pérez Gadín llevan catorce días detenidos, ahora en el penal de Ezeiza, en la causa por presunto lavado de dinero a través de la financiera SGI, apodada La Rosadita, que instruye el juez federal Sebastián Casanello. El miércoles 6 de abril Báez compareció ante el magistrado en declaración indagatoria y afirmó, en un escrito de descargo, que no está definido qué se le imputa, que su plata es legal, que “contar dinero no lava nada” y que jamás cometió ese delito. También puso en duda la fidelidad del video difundido por el noticiero Telenoche en el que su hijo Martín Báez y Pérez Gadín, entre otros, aparecían contando millones de dólares en la financiera SGI. La validez del video fue ratificada ayer (ver aparte).

Además, Báez trató de desligar a Martín Báez del caso: “No alcanzo a comprender el por qué mi hijo, que únicamente ha colaborado en mis negocios y bajo mis instrucciones, es también convocado en carácter de imputado”, sostuvo. Justificó el manejo de dinero en efectivo, que su hijo y Pérez Gadín aparecen contando en ese video –según estableció el juez alrededor de 5,1 millones de dólares– en que planeaba comprar un campo con aquella plata. Báez detalló operaciones inmobiliarias al decir que “el 19 de junio de 2005, Austral Construcciones compró a Northlands Asociación Civil de Beneficencia su campo de deportes ubicado en la Calle Patricias Argentinas, en la suma de 650 mil dólares”.

En esta causa, que se reactivó luego de la aparición del video de La Rosadita, están imputados además los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar, ex dueño de SGI; César Gustavo Fernández, titular de SGI; Walter Zanzot (presidente de la compañía de aviones privados Top Air, que aparecían en el video de La Rosadita), Sebastián Pérez Gadín y el operador financiero Fabián Rossi.