Cambiemos irá hoy al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados con la intención de emitir dictamen a favor del proyecto del Gobierno que unifica el pago de los juicios a jubilados y el blanqueo de capitales, aunque se encontraría con la resistencia del grueso de la oposición que quiere postergar los dictámenes en medio de negociaciones cruzadas entre los principales bloques opositores y de cada uno de ellos con el oficialismo. Hubo conversaciones entre el Frente para la Victoria (FpV), el massista Frente Renovador (FR) y el Bloque Justicialista, donde las coincidencias sobre los cuestionamientos al proyecto oficial abrigaban la posibilidad de confluir en un dictamen alternativo al del Ejecutivo. Cambiemos, en tanto, inició una ronda de sondeos con distintas bancadas opositoras para ver cuáles eran sus diferencias y las modificaciones que podrían ofrecer para conseguir el acompañamiento del proyecto, que también concita diferencias al interior de la alianza oficialista. Desde el macrismo quieren que el proyecto consiga media sanción en la Cámara baja la semana próxima.

El panorama no es el más alentador para Cambiemos. Las críticas a la iniciativa oficial terminaron por acercar posiciones entre los principales bloques opositores. El rechazo a la posibilidad de que el Gobierno pueda vender las acciones de empresas privadas que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, la mordaza con duras sanciones penales y económicas a quienes difundan (incluido periodistas) datos sobre el blanqueo, la eliminación de las moratorias jubilatorias y la pensión universal a la vejez, por debajo del haber mínimo y la elevación de la edad a 65 años para que las mujeres accedan a la misma, fueron los ejes que abrieron las negociaciones entre las bancadas opositoras.

Un debate en que hasta ayer por la noche participaban en forma directa el ex ministro de Economía, Axel Kicillof (FpV), Sergio Massa y el economista Marco Lavagna (FR) y el ex titular de la Anses Diego Bossio (BJ). Los cuestionamientos al blanqueo de capitales, especialmente el reclamo de excluir del mismo a funcionarios de los tres poderes del Estado, también era punto de coincidencia.

Aunque cada bloque por separado, igual redactaba su propio dictamen, las negociaciones no se estancaron y continuarán hoy por la mañana, antes del plenario de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto convocado para el mediodía. Los más entusiastas entre los negociadores, tampoco descartaban la posibilidad de plasmar las coincidencias en un dictamen común y alternativo al proyecto del Gobierno. Por eso en el plenario algunos bloques insistirían en que los dictámenes se puedan presentar hasta el próximo martes, un día antes de la sesión especial que el oficialismo convocaría para intentar buscar la media sanción a favor del proyecto oficial.

Al acuerdo opositor también contribuyeron las 13 provincias que no traspasaron las cajas jubilatorias, cuyos ministros de Economía elaboraron una propuesta –en base a un proyecto del ex senador y actual gobernador pampeano Carlos Verna– para que la ley que salga del Congreso incluya el giro automático que el Estado nacional aporta a los sistemas provisionales provinciales. Un tema que legisladores de esas provincias llevaron ayer hasta el bloque del FpV.

El FpV también hizo propia una iniciativa para que la Nación devuelva a las provincias (además del 15 por ciento que ya decidió restituir) el otro 1,9 por ciento de la coparticipación que aportaban a la Anses y cuyo acuerdo ya venció. Un porcentaje que el fallo de la Corte Suprema que dictó la devolución de esos aportes a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis, solo incluyó en el caso de los puntanos. El planteo contaría con el respaldo de legisladores santafesinos y cordobeses que responden a esos oficialismos provinciales.

Cambiemos tampoco resignaba lograr acuerdos con la oposición y las reuniones incluyeron también al FpV ayer por la noche. Aunque por ahora, las concesiones que estaban dispuestos a ceder desde el oficialismo no terminaron de convencer a los opositores. En la alianza oficialista decían estar dispuestos a atar las posibles ventas de las acciones del FGS –que en principio negaban– a una autorización del Congreso y a la reconsideración del artículo 85 que prevé sanciones penales y económicas para quienes divulguen (incluidos periodistas) aspectos “secretos”, como los nombres de empresarios y los montos con que adhieran al blanqueo de capitales, lo cual desató cuestionamientos al interior de Cambiemos, donde la UCR se plantó en contra. De todas maneras, la nueva redacción del artículo no estaba sellada anoche.

Otro punto de discordia en Cambiemos es quiénes quedarán excluidos del blanqueo. Allí, la posición más firme fue la del socio menor de la alianza, la CC de Elisa Carrió, que quiere excluir a funcionarios de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y extenderlo a los contratistas del Estado. Un tema aún no resuelto dentro del oficialismo, mientras bloques como el FpV quieren extender la prohibición para ingresar al blanqueo a los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) y que en los tres poderes del Estado se extienda hasta los máximos de consanguinidad: “hasta los primos”, afirman sin ocultar que apuntan al primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, a quien consideran el testaferro del Presidente.