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La ley ómnibus que el Gobierno envió al Congreso encubre, bajo el escudo de favorecer a los jubilados, asuntos de una diversidad pocas veces vista en la historia parlamentaria reciente. Hay que remontarse a 1989 con la reforma menemista del Estado, con su ley homónima y la de Emergencia Económica, para encontrar un hecho análogo.

Blanqueo. No resulta novedoso el blanqueo fiscal para declarar la tenencia de activos que fueron evadidos al fisco. Lo innovación, en este caso, son cuatro cuestiones: a) se pueden blanquear los bienes de cambio (stock de bienes); b) las penalidades previstas, del 5 al 15 por ciento del total de bienes declarados, se condonan cuando se inviertan en bonos públicos dolarizados o fondos comunes de inversión, lo que deja sin efecto la principal excusa del gobierno macrista para justificar el blanqueo: la suculenta recaudación que se produciría y que se destinaría a la Anses; c) se pretende con los fondos recaudados, que son por única vez, financiar gastos corrientes sostenidos en el tiempo, como son los que deriven del incremento de haberes jubilatorios y d) existen formas para que la repatriación de capitales no se concrete.

Previsional. A partir del hecho verdadero de que las moratorias previsionales no son una solución definitiva al problema de la cobertura, se propone establecer una prestación universal vitalicia cuyo acceso sólo estará habilitado durante los próximos tres años. Este período coincide con el plazo dado a un Comité que tendrá la elaboración de un nuevo régimen previsional. Nada garantiza que esa futura reforma contemple la cobertura universal y no es posible pensar seriamente que en ese plazo los problemas del mercado de trabajo se resuelvan, menos aún en el actual contexto económico y social. La derogación de la ley que protege la participación del Estado en el capital accionario de las empresas privadas es un claro mecanismo para permitir la venta de esos títulos, para beneplácito de los grupos empresarios que buscan sacarse de encima a los representantes estatales de los directorios de las compañías.

Impuestos. La modificación en el Impuesto a los Bienes Personales implica, por un lado, aumentar el mínimo imponible (de 305 a 800 mil pesos en 2016, llegando a 1.050.000 pesos en 2018) y, por otro, reducir drásticamente las alícuotas: hoy tiene cuatro tramos y un máximo de 1,25 por ciento y pasará a ser única (0,75 por ciento) en 2016 para llegar al 0,25 por ciento en 2018. Finalmente se eliminará el tributo en 2019. Hoy representa el 1,18 por ciento de la recaudación nacional. En 2015, fueron 18.215 millones. Así las cosas, el Estado recaudará menos en estos años (dejarían de pagarlo cientos de miles de personas y además se disminuye la alícuota), y nada desde 2019.

Otra modificación ocurre con el impuesto a las Ganancias, aquí se equipara a las empresas con la injusta exención que tienen las personas físicas sobre un conjunto de rentas financieras (títulos, bonos y demás valores que cotizan en bolsa), además de derogar la norma que grava con este impuesto a la distribución de utilidades que se reparten a socios y accionistas de empresas nacionales y extranjeras.

Por último, se elimina a partir de 2019 el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Este gravamen se imponía a la existencia improductiva de los activos de las empresas. Si bien el pago de este impuesto puede compensarse mutuamente con Ganancias, su recaudación en 2015 fueron 2.500 millones.

La eliminación de ambos impuestos, a valores actuales, alcanza casi 21.000 millones que dejara de percibir el erario. Lo más grave de estas medidas es la contundente señal que se brinda sobre el destino de los impuestos que gravan la riqueza: su desaparición de las finanzas públicas argentinas. Con esto se abandona toda orientación redistributiva en la política impositiva: el 95 por ciento de los contribuyentes que abonan estos impuestos se ubican en el 20 por ciento de la pirámide de ingresos.

Este proyecto, como lo fue el pago a los fondos buitres, muestra la marca de identidad de la alianza PRO-UCR. Ante este panorama, habría que esperar que las fuerzas políticas opositoras puedan frenar la embestida de la “nueva/vieja” derecha.

* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.