La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal firmó un decreto que dispone penas de prisión para los periodistas que divulguen el contenido completo de las declaraciones juradas de sus funcionarios. La norma, que modificaba una anterior, fue publicada ayer en el Boletín Oficial bonaerense. Por la tarde, tras la polémica que desató, Vidal anunció que derogará los artículos y revisará la medida. Siguió así el camino del presidente Mauricio Macri, quien anunció que iba a revisar las penas para periodistas que revelaran datos sobre los que blanqueen dinero. No obstante, el Gobierno bonaerense había enviado a la Legislatura provincial un proyecto de ley que tenía la misma cláusula. Fue modificado por la oposición cuando se emitió el dictamen.

Vidal anunció en marzo que sus funcionarios presentarían declaraciones juradas, que serían abiertas al público. La novedad, en términos de transparencia, es que sumó a la medida a los policías de la Bonaerense con rango jerárquico y a los penitenciarios, además de funcionarios, responsables de empresas estatales y entes descentralizados. Vidal ordenó esto a partir del decreto 116 y, por otra parte, envió un proyecto de ley a la Legislatura provincial para regular las presentaciones.

Ayer la gobernadora firmó un segundo decreto, el 647, en el que modificó la norma inicial y dispuso una prórroga. Entre los cambios, la gobernadora estableció que los periodistas que divulguen las declaraciones patrimoniales reservadas podrán tener una pena de prisión de hasta dos años.

El decreto original dividía en dos partes las declaraciones juradas que debían presentar los funcionarios. Por un lado, habrá una versión sintética, que será la que estará disponible para ser solicitada como información pública. Esa versión dará la valuación de los bienes del funcionario, pero sin mayores precisiones (no figurará, entre otras cosas, dónde tiene su patrimonio). Habrá una segunda versión de la declaración jurada, que será integral y de carácter reservado. Será resguardada en la Escribanía General de Gobierno. Este organismo, según indican los considerandos del decreto 647, fue el que solicitó cambios en la norma. Se trata de una dependencia cuya política ha sido rechazar todos los pedidos de acceso a la información.

Sobre la declaración integral es que el gobierno bonaerense estableció penas de prisión a partir de un segundo decreto. El artículo 1 dice: “La Declaración Jurada Patrimonial integral mencionada tendrá carácter reservado. Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente”. Los periodistas quedan incluidos en la categoría de “terceros”, con penas que llega a los dos años de prisión.

Un segundo artículo indicaba que serán sancionados “de conformidad con la normativa vigente en materia de responsabilidad administrativa, penal y por daños y perjuicios que en cada caso resulte de aplicación”.

Por si quedaban dudas, el artículo 7 indicaba: “Toda persona será responsable por la violación de los deberes de confidencialidad y demás obligaciones que se derivan de lo establecido en el presente”.

La medida no solo fue cuestionada por restringir la libertad de expresión, sino por intentar legislar sobre materia penal a partir de un decreto provincial. Según explicó el jurista Gustavo Arballo, con un decreto “no puede predeterminar encuadre o tipificación en el Código Penal: hacerlo es un grave error técnico. Esto es porque hay alguien que escribe proyectos como escribía cartas documento. La intimidación está en su naturaleza, no lo puede evitar”. El profesor de derecho en la Universidad de La Pampa acotó: “El primer parcial de mi materia suele tener un ejemplo casi igual: al que no ve problemas en eso lo aplazamos”.

Por la noche, la gobernación emitió un comunicado en el que señaló que Vidal dispuso derogar los tres artículos de la polémica. “El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción”, indicaron. “El acceso a esta información es público y para todos, en el marco de las leyes vigentes. Si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente, será revisada”, había indicado algunas horas antes la gobernadora a través de su cuenta de Twitter.

La marcha atrás emuló al anuncio que hizo el Presidente de que revisarían el artículo que penaba a los periodistas por difundir datos sobre quienes blanquearan dinero. “Es importante que todos entendamos que también tenemos que respetar la privacidad de las personas”, aseguró Macri. Su jefe de Gabinete, Marcos Peña, aclaró que la medida no había sido pensada contra los periodistas, sino para preservar el secreto fiscal, pero admitió que iban a cambiar la redacción.

En el caso de Vidal, la penalización a periodistas y los “errores de redacción” son recurrentes: una disposición similar fue incluida en el proyecto sobre declaraciones juradas que el Gobierno bonaerense envió a la Legislatura bonaerense. Luego fue modificado a pedido de los opositores y en su versión actual incluye una cláusula que exceptúa a “medios de comunicación y noticias para la difusión al público en general”. La iniciativa será tratada hoy por el Senado provincial

Diversos senadores del Frente para la Victoria repudiaron el decreto.

“Ya habíamos advertido sobre la intención de penalizar a los que informan y a los que investigan. Por eso en la discusión en comisiones de lo que será la ley que regule las declaraciones juradas que se debatirá en el Senado de la provincia logramos eliminar el artículo que sancionaba a los periodistas”, indicó la senadora Magdalena Sierra.

“Al igual que quiso hacer Macri en el ámbito nacional con los que ingresen al blanqueo, en la provincia buscaron silenciar y perseguir a quienes informen sobre el patrimonio de su gabinete”, sostuvo el senador Santiago Carreras.