El ministro de Energía, Juan José Aranguren, mantiene en su poder más de 16 millones de pesos en acciones de Shell, la empresa petrolera de la que fue CEO en la Argentina hasta diciembre del año pasado, cuando asumió la función pública, y que se vio beneficiada por sus decisiones como funcionario en estos meses. El dato se desprende de la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción correspondiente a su situación patrimonial del año pasado, antes de asumir al frente de la cartera. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a justificarlo. “No hay incompatibilidad”, aseguró.

Voceros del ministro confirmaron esta información pero descartaron que existan incompatibilidades legales entre poseer acciones de una empresa de hidrocarburos que opera en el país y ser el encargado de regular ese área, argumentando que en caso de tener que tomar una decisión incompatible con ese doble rol, Aranguren no intervendría en su resolución sino que la derivaría a sus subordinados. También aseguraron que no está en los planes del funcionario desprenderse de esos títulos.

“La única restricción que impone la ley es que el ministro no puede tomar decisiones particulares sobre Shell, dado que esa empresa fue su anterior empleador”, respondieron desde el ministerio ante la consulta acerca de los datos de su última declaración jurada. Según la ley de Etica Pública, los funcionarios deben “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o en los que tenga participación societaria”.

Desde diciembre, cuando Aranguren asumió como ministro, el gobierno nacional realizó ocho licitaciones para la importación de gasoil por barcos. La empresa de la que fue CEO y aún es socio, ganó siete. Sin embargo, para la curiosa interpretación de la norma que realizan los funcionarios PRO de la norma, eso no es incompatible porque esas resoluciones nunca llevaron la firma del ministro sino de sus subsecretarios de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, o de Coordinación Administrativa, Sebastián Scheimberg.

Marcos Peña respaldó a Aranguren y sostuvo que “no hay incompatibilidad” entre su función en el Estado y su rol como accionista de Shell porque “no tiene ninguna vinculación con Shell Argentina” sino con “Shell internacional” y “ninguna decisión de él tiene ningún impacto” sobre esa compañía con sede en Holanda, de la que la filial local es una “parte ínfima”.

El diputado Pablo Tonelli, uno de los alfiles del PRO en el Congreso, justificó por su parte que Aranguren tenga $ 16 millones en acciones de una empresa que debería controlar: “No tiene intereses directos”, argumentó el legislador. “Tengo dudas respecto a que haya allí alguna dificultad o problema. Lo mas correcto es hacer una denuncia en la Oficina Anticorrupción y que se siga el expediente”, agregó.

Pero la titular de la OA, Laura Alonso, fue denunciada por complicidad con el ministro de Energía en el marco de otra causa, que investiga la compra de gas chileno a precios superiores a los del mercado. Los diputados del Frente Para la Victoria Martín Doñate y Rodolfo Tailhade aseguran que un mes antes de que se realizara esa transacción le solicitaron a Alonso que abriera una investigación pero la funcionaria “cajoneó” el expediente.

Además, el fiscal federal Carlos Stornelli requirió una investigación contra el ministro por beneficiar a Shell a través de los aumentos de tarifas. El senador de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas denunció el contrato con Chile por considerar que se hizo una contratación directa por un precio excesivo mientras que otra denuncia, por sospecha de pago de sobreprecios, se tramita actualmente en el juzgado de María Servini de Cubría.