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“La conexión local es el Estado argentino”, afirmó ayer Pablo Jacoby, abogado de Memoria Activa, durante la última parte de su alegato en el juicio oral y público por el ataque contra la AMIA. “Por las numerosas irregularidades que se han puesto en evidencia durante la investigación judicial, el Estado argentino es responsable, por la acción u omisión de los funcionarios de las fuerzas de seguridad y judiciales intervinientes”, argumentó al explicar que la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es por la violación del derecho de los familiares a la vida, la integridad física, al debido proceso y a la protección judicial. “Los encubrimientos en el menemismo continuaron en la Alianza y en el gobierno de Eduardo Duhalde”, agregó Jacoby. Sin embargo, no formuló una acusación criminal contra ninguno de tales ex funcionarios porque consideró que “no se los puede imputar penalmente dado que su responsabilidad es política”, tal como afirmó ante una consulta de Página/12. Sobre Juan José Galeano, el juez federal que llevó adelante la investigación, el letrado aseguró que actuó con “soberana hipocresía” y que su lema siempre fue “el fin justifica los medios” (ver aparte).
Se lo notaba conmovido, había terminado su extenso alegato, que leyó en forma pausada y tomando el micrófono con su mano derecha, durante dos jornadas del juicio. Cuando salió de la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002, recibió el aplauso de un grupo de familiares, que minutos antes había sido interrumpido por los jueces del tribunal oral adentro del recinto. Sin embargo, el sector más crítico de los familiares comentó a este diario que esperaban “algo más concreto”. “Si el Estado sabía que iba a ocurrir un atentado, no lo evitó, vendió los explosivos, encubrió durante años, tuvo participación activa y por lo tanto cometió un acto terrorista, no sólo violó nuestros derechos humanos”, argumentó Laura Ginsberg, fundadora de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), como antes de Memoria Activa. Ginsberg también cuestionó que el juicio “sólo haya sido visto como una bisagra hacia adelante, para que en el futuro se investigue mejor, y no se puntualice que el Estado no tuvo una actitud negligente sino deliberadamente negligente, con la finalidad precisa de encubrir su propia responsabilidad”.
Minutos antes, Jacoby había denunciado que “el gobierno menemista fue parte de la conexión local” y recordó que por sus directivas se paró la llamada “pista siria” de la investigación, tal como declaró en el juicio la senadora justicialista por Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner.
Menem “no tuvo la voluntad política para que la causa avanzara, más aún la voluntad política fue para que no avanzara”, advirtió. Durante su alegato, Jacoby había explicado que la AMIA fue “una variable de ajuste en la batalla de poder entre Menem y Duhalde” y analizó que “decir que (el acusado ex comisario bonaerense Juan José) Ribelli era culpable dentro de la ‘mejor policía del mundo’ que dirigía Pedro Klodzyck era sepultar la ambición presidencial de Duhalde, como ocurrió durante ocho años”. Para el representante de Memoria Activa, tanto Ribelli como los otros tres ex policías de esa fuerza acusados del ataque, Anastasio Leal, Mario Bareiro y Raúl Ibarra, son inocentes. “El juez lo sabía” y fueron “víctimas” de una “patraña” en medio de esta lucha de poder.
Las críticas de Jacoby se extendieron a las sucesivas administraciones. “Al gobierno de (Fernando) De la Rúa no le fue mucho mejor, la Sala Patria de la SIDE escaló posiciones y utilizó la causa AMIA para ensuciar a Menem con el tema de los 10 millones de dólares (en alusión al Testigo C). También recuerdo cuando el ministro de Justicia nos invitó a una reunión y en presencia del ministro del Interior terminó gritándonos. Ni Menem nos había gritado, en realidad jamás nos había recibido, con Beraja era suficiente”, recordó.
En el plano legislativo, la esposa del presidente Néstor Kirchner fue la única que salió indemne de los cuestionamientos que alcanzaron a la comisión bicameral de seguimiento de la investigación en el Congreso Nacional, que ella integró. Para Jacoby, el ex presidente de la comisión, Carlos Soria, respaldó la versión oficial de Galeano e incluso hizo ingresar a un pariente a trabajar en su juzgado, un lugar que funcionaba, según el abogado, con “nepotismo”.
En cuanto a la dirigencia judía, fustigó al ex titular de la DAIA Rubén Beraja, ahora detenido por el vaciamiento del Banco Mayo. “¿Cómo influyeron los negocios del doctor Beraja en el menemismo?”, se preguntó. Y se respondió, “era condescendiente con Menem por la mala investigación del atentado y como compensación recibió redescuentos millonarios para su banco”. Finalmente, sólo pidió perpetua para el reducidor de autos. “Señor Telleldín, hágase cargo, señor instructor del sumario (en referencia a Galeano) hágase cargo, Estado argentino, hágase cargo”, concluyó.
El tribunal anunció un cuarto intermedio hasta el lunes, cuando sea el turno de AMIA y DAIA, que sí acusarán a los ex policías bonaerenses.