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El gobierno de Estados Unidos, junto a la Reserva Federal de Nueva York y una asociación de bancos, instaron por distintas vías al juez Thomas Griesa para que no habilite embargos colectivos contra la Argentina, una situación que podría afectar el sistema de pagos internacionales. Luego de la Cumbre de Monterrey, el Gobierno interpretó la noticia como un respaldo explícito y como un éxito de su estrategia judicial.
Griesa debe expedirse hoy sobre la posibilidad de que los pagos internacionales de la Argentina a sus acreedores sean embargados por los reclamos de tenedores de bonos en default. Esto podría ocurrir si el magistrado habilita la cláusula “pari passu” que implica, a grandes rasgos, que una vez concedido un recurso judicial a un solo acreedor, los restantes tenedores del mismo tipo de título tienen los mismos derechos.
Fuentes del Ministerio de Economía explicaron que los recursos ante el juez neoyorquino fueron presentados por la New York Clearing House Association, la Reserva Federal de Nueva York y por el Departamento del Tesoro.
Las dos primeras entidades recurrieron a un “amicus curiae brief”. Se trata de una opinión no vinculante, aunque de peso en las cortes estadounidenses, pues se reserva para aquellas situaciones en las que las decisiones del Poder Judicial pueden interferir con “los intereses de Estados Unidos”. Según una fuente del Ministerio de Economía, “una interpretación de un juez de la Corte de Nueva York también es de interés para los Estados Unidos, porque hasta el momento no existe ninguna jurisprudencia de tribunales norteamericanos sobre ‘pari passu’ en bonos de deuda soberanas emitidos bajo jurisprudencia de los Estados Unidos”. El único antecedente fue sentado por un juez belga con bonos de Nicaragua.
El mecanismo sólo fue utilizado en dos oportunidades. A favor de los acreedores de Nicaragua, durante el gobierno de Ronald Reagan, y en beneficio de Brasil, en una disputa en la década del ‘80 contra el fondo buitre liderado por Kenneth Dart, el mismo que actualmente litiga contra Argentina por 700 millones de dólares en el juzgado de Griesa.
El documento del Tesoro es más fuerte, se trata de un Statement of Interest. Allí se destaca que “es interés de los Estados Unidos que esta Corte rechace una lectura novedosa (en referencia a la que hizo el juez belga) de la cláusula ‘pari passu’ en instrumentos de deuda soberana”.
El objetivo de la administración Bush es que el juez prohíba a los querellantes de la Argentina interferir con los pagos de la Argentina a sus acreedores. Pero la preocupación no sería la defensa de la Argentina en particular, sino el impacto que los potenciales embargos podrían tener sobre el sistema de pagos internacionales.
Griesa, quien debe expedirse hoy, ya otorgó una prórroga sobre el plazo fijado originalmente para que la Argentina y sus acreedores alcancen una solución consensuada. Ahora, para resolver los alcances de la cláusula el juez tendrá que considerar la intervención directa de las autoridades de Washington.
El hecho de que las presentaciones se conozcan un día después de la Cumbre de Monterrey, donde la renegociación de la deuda en cesación de pagos fue uno de los temas centrales para la comitiva argentina, fue interpretado por el Gobierno como un respaldo explícito de la administración estadounidense. El documento del Tesoro y de las asociaciones de clearing muestran también otras preocupaciones. “Una decisión de bloquear miles de pagos a los acreedores de la República (Argentina) podría provocar una disrupción en el sistema de pagos a través de cables (fedwire) con que opera la Fed (Reserva Federal) y otros pagos en el mundo.” La visión es lo suficientemente catastrófica como para considerar que la situación podría derivar en “una amenaza a la estabilidad financiera mundial”.