El ex rector de la Universidad de Tucumán, Alberto Cerisola, y Luis Sacca, ex diputado nacional por el radicalismo y también funcionario de esa casa de estudios, fueron acusados de haber desviado fondos que estaban destinados a la universidad. El juez Luis Fernando Poviña los procesó sin prisión preventiva, al considerarlos penalmente responsables por delitos de “administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario”. Por otro lado, según un informe de la Oficina Anticorrupción (OA), solo el uno por ciento de los funcionarios de esa universidad declararon sus bienes.

El dinero que, según la investigación, se habría desviado proviene de la compañía minera Yacimientos Mineros de Agus de Dionisio (YMAD). La empresa recién comenzó a enviar utilidades a la universidad en el año 2006. Según el abogado Oscar López, uno de los principales denunciantes de Cerisola hasta el año 2010 habrían sido cuantiosas cantidades de dinero lícito que el ex rector y los imputados utilizaron para desviarlo a “un sistema informal delictivo de manejo personal, que constituye parte del fondo delictivo que aplica al presente, en los gastos ilícitos de clientelismo electoral y compra de voluntad de los electores”. “El radicalismo –enfatizó López– utilizó la universidad como una caja política.”

La historia se remonta al año 1936, cuando el geólogo Abel Peirano descubrió el yacimiento –de oro y plata– Farallón Negro en la provincia de Catamarca, con la colaboración del instituto de Geología y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Esas relaciones, que continúan hoy en día, sirven para explicar parte de los hechos. Ya que la empresa YMAD desarrolla en suelo catamarqueño la exploración y operación de minas, así como la refinación y comercialización de la producción de los minerales, reparte sus regalías a dos sectores. Al ser YMAD una empresa interestadual, a través de la ley 14.771, la distribución de las utilidades son para la provincia de Catamarca, que se lleva un 60 por ciento. En tanto que, actualmente, el 40 por ciento restante se divide entre la UNT, que obtiene un 20 por ciento, y el otro 20 que se destina al resto de las universidades del país.

Pero esa forma de repartir las utilidades se dio a partir de 2008, cuando la Universidad terminó de construir su ciudad universitaria. Antes recibía un 40 por ciento en exclusiva. Este es un hecho que también se cuestiona. Victor Amaya, que fue Consejero Superior de la casa de estudios, dijo a Página/12 que “en el 2008 Cerisola decidió de forma individual informar la terminación de la ciudad universitaria, y lo hizo a pesar del desconocimiento del Consejo Superior”. Que la obra haya finalizado significó para la UNT resignar la mitad de las regalías que recibía, para que pasen a distribuirse entre todas las universidades del país. Cabe mencionar el caso de la Universidad de La Plata, que rechazó ese dinero por provenir de la minería a cielo abierto.

Desde 2006 a 2009 la Universidad de Tucumán recibió de parte de YMAD 353 millones de pesos. Esos son los que se investigan actualmente. Cerisola es acusado de “sobrefacturar las obras que se construyeron, con montos que rozan el 200 por ciento”. Además, el abogado López dijo a este diario que el ex rector colocó 265 millones de pesos “a plazos mínimos de un año, a año y medio, por los que obtuvo un interés promedio del 13,97 por ciento en una cueva y cuatro entidades financieras, crediticias, de modo absolutamente temerario. Es un administrador infiel del patrimonio de la UNT”.

Alberto Cerisola, que fue embargado por 50 millones de pesos, ocupó el rectorado de la universidad desde 2006 hasta 2014, cuando terminó su segundo mandato. El dinero que enviaba YMAD sólo podía utilizarse para obras de infraestructura, pero también hay sospechas de que eso no fue así. “En el 2010, año que fue reelecto para su segundo mandato, desde abril hasta diciembre le pregunté al rector por qué había tantos cargos nuevos, todos nombramientos, pero nunca respondió nada. La mayoría del Consejo Superior votaba con él sin decir nada”, recordó Amaya. También dicen que las casas que se crearon en esos años con plata de la minera, que deberían otorgarse a los beneficiarios de la obra social de la universidad para veranear, estaban habitadas por parientes de los acusados.

A lo largo de esos años el gobierno exigió una auditoría de lo que sucedía con el dinero. Sin embargo, nunca se envió. Desde la Secretaría de Políticas Universitarias creen que para fines de agosto habrá un informe más acabado de la situación económica financiera de la institución.

Los últimos años las regalías se redujeron mucho por una cuestión natural. Los recursos que se extraen son finitos, se acaban. Por ello, la situación parece más desalentadora de cara al futuro, porque la principal accionista de la minera es Bajo la Alumbrera, empresa que avisó que a fines del año que viene finalizará su ciclo de explotación.

Informe: Gastón Godoy.