Hoy podría ser un nuevo día de superacción los tribunales de Comodoro Py si, tal como sostenía hasta ayer a última hora, Hebe de Bonafini no se presenta a declarar como imputada en la causa sobre el presunto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos. La titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo faltó a la primera citación el mes pasado y el juez Marcelo Martínez de Giorgi la volvió a convocar bajo apercibimiento con una notificación entregada en persona. Por eso, si no va al juzgado podría mandarla buscar “por la fuerza pública” –o sea– con la policía, para ser indagada. Ella repite ante sus colaboradores que “no cree en esta Justicia” y que presentó todos los documentos que tenía al comienzo de la causa, en 2012.

La causa sobre el presunto desvío de 206 millones de pesos del Ministerio de Planificación transitaba un largo período de quietud, hasta que el ex secretario de Obras Públicas José López fue detenido después de llevar al convento de las monjas Orantes y Penitentes bolsos con nueve millones de dólares. López era uno de los personajes que Martínez de Giorgi tenía en una lista de sospechosos en su viejo expediente, y fue entonces que firmó 43 citaciones a indagatoria, de las cuales se concretaron cinco. Ayer, precisamente, le tocó declarar al ex funcionario quien fue trasladado desde la cárcel de Ezeiza, donde está preso por enriquecimiento ilícito. Al llegar tribunales, pidió cambiarse para ponerse un traje en lugar de la ropa de cárcel, mientras las fotos de todos los portales lo siguen mostrando con un casco y un chaleco antibalas.

No llevó ningún escrito y aceptó responder preguntas. Dijo que tal como funcionaba el sistema de contrataciones y giro de fondos para las viviendas, eran las provincias y municipios las encargadas de controlar el avance de las obras. Es decir, las que debían fiscalizar que el dinero se utilizaba para completar los proyectos estipulados. López admite que participaba en la firma de los “acuerdo marco” originales, que también firmaban, según señaló, Abel Fatala (que era subsecretario de obras públicas y fue indagado anteayer), Sergio Schoklender como apoderado de las Madres, y los representantes de otras asociaciones que solían conformarse en los barrios para llevar adelante las obras. El ministerio, según dijo López, seguía liberando fondos de acuerdo a los certificados de avances de obras que recibía. El expediente señala que eran acuerdos que se hacían sin licitación. En algunos casos, al parecer, se detectaron certificaciones de avances de obras que eran truchos, porque eran construcciones que no se habían concretado.

“El responsable jurisdiccional, provincial o municipal aprobaba el certificado de obra, el cual una vez aprobado era enviado al organismo nacional”, insistió López. También relató que cuando se armó el escándalo público y Schoklender se alejó, él mandó a hacer una auditoría que determinó que “el nivel de terminación de las obras era el adecuado y previsto en el convenio, y que los avances tanto físico como financiero se correspondían con los certificados recibidos”.

Hebe de Bonafini está puntualmente citada a indagatoria porque su firma está en algunos “convenios marco” para la construcción de viviendas y la imputación –según explicaron allegados al caso– abarca un convenio con el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada para el pago de un subsidio de 600 pesos por mes a cada trabajador, que luego les habría sido descontado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Hebe se presentó en los inicios de la causa con la documentación que tenía, de hecho las Madres son querellantes, una situación paradojal.

El lunes está citado a indagatoria Julio De Vido y de ahí en más restan los ex gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco) y Maurice Closs (Misiones). Luego, funcionarios provinciales y municipales varios.