“Mamarracho”, “papelón”, “escandaloso”, “inconstitucional”, “inaceptable”, “falto de sistematicidad y racionalidad”, “violatorio de los principios de legalidad, de culpabilidad y de inocencia”, todos esos calificativos, entre otros, recibieron ayer los proyectos de ley del arrepentido y de extinción de dominio que se analizaron en un plenario de comisiones del Senado. Juristas, profesores de derecho, fiscales, magistrados y hasta funcionarios del propio oficialismo criticaron las iniciativas aprobadas en Diputados que fueron impulsadas por Cambiemos y el Frente Renovador. En una extensa jornada que continuará hoy expusieron referentes como León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Edgardo Donna, Manuel Garrido, Félix Crous y Marcelo Sancinetti. Incluso algunos como el abogado Alejandro Carrió o los camaristas Guillermo Yacobucci y Julio Báez, que defendieron conceptualmente la creación de esos instrumentos, no dejaron de marcar algunas diferencias con la redacción proveniente de la Cámara baja, que seguramente los senadores modificarán en las próximas semanas. En varias intervenciones se cuestionó el rol de los medios de comunicación en el tratamiento de las noticias vinculadas a los casos de corrupción y el crímen organizado.

“Esta ley es algo similiar a un decreto de Videla, que les quitó los bienes a un montón de personas. Acá va a pasar lo mismo. La institución es inaceptable jurídicamente. ¿Cómo se les va a quitar los bienes sin condena?”, disparó ayer Donna, que durante dos décadas fue juez de la Cámara del Crimen de la Capital Federal. Se refería al proyecto de extinción de dominio, el más cuestionado de la jornada. Entre otras cosas, la crítica central al proyecto se debió a que el Estado podría confiscar los bienes de aquellas personas por el sólo hecho de ser llamados a declaración indagatoria, sin que exista una condena. Donna remarcó precisamente la contradicción de que se le quiten sus bienes al momento de realizar un acto procesal que es parte del derecho de defensa del imputado. El profesor advirtió que con estas iniciativas “se está actuando según lo que a la prensa se le ocurre decir”. Sobre esta iniciativa, el fiscal Crous advirtió además por la discresionalidad con la que los jueces federales disponen actualmente de los bienes que son embargados o decomisados en las causas que investigan y reclamó mayor transparencia. Gil Lavedra, coordinador general del Programa para la Reforma Judicial “Justicia 2020”, sostuvo que la iniciativa de extinción de dominio aprobada por el Senado en 2014 es “muy superior” a la aprobada en junio de este año por Diputados. Consideró que hay falencias de “sistematicidad y racionalidad” respecto de otras normas del ordenamiento jurídico actual. El ex diputado radical consideró que la figura debería aplicarse sólo en los casos en los que no sea posible lograr una condena.

El proyecto que mayor debate suscitó fue el del arrepentido. Varios expositores cuestionaron hasta el nombre de la figura, ya que en verdad no se trata de un cuestión moral del imputado sino de una cuestión práctica. La justicia obtiene información a cambio de otorgarle una reducción de la pena al colaborador. Tanto Gil Lavedra, como León Arslanián criticaron los plazos que, en la media sanción de Diputados, tiene la persona para acogerse a este beneficio. Ambos indicaron que debe fijarse como límite el momento en que el fiscal cierra la etapa de instrucción y requiere la elevación a juicio. Además, criticaron la lista de delitos en los cuales puede utilizarse. “Si yo fuera legislador dejaría el arrepentido para delitos muy graves”, dijo Gil Lavedra. En la misma línea, Arslanián consideró un error incluir por ejemplo la figura de enriquecimiento ilícito, ya que no implica necesariamente una organización delictivia. Fernando Díaz Cantón, titular de la Federación de Colegios Públicos de Abogados, advirtió a los senadores que ambas iniciativas van contra “el principio de inocencia y el principio de juez natural”.

Yacobucci fue una de las pocas voces que defendió las iniciativas aunque afirmó que “los enunciados de ambas leyes, carecen de técnica jurídica”. “No llegaré a decir que son horribles pero están mal elaborados. Tienen una gran carencia de sistematicidad”, completó. El camarista afirmó que la ley del arrepentido “no busca funciones de tipo moral sino que tiene un criterio utilitario para el servicio de justicia”. El objetivo, afirmó, es quebrar la “ley de la omertá”, que es el pacto de silencio” con el que se maneja el crimen organizado.

Uno de los más críticos fue Sancinetti, ex asesor legislativo y profesor universitario. “Estos son movimientos espasmódicos para tranquilizar a la sociedad. La figura del arrepentido en el narcotrafico apareció en los ‘90. ¿Desapareció el narcotráfico?”, se preguntó. Además, Sancinetti señaló que si efectivamente se tuviera confianza en la efectividad de la figura del arrepentido, la misma debería utilizarse en todos los delitos, incluídos los casos de violaciones a los derechos humanos.