La Justicia frenó el aumento en la tarifa de electricidad en todo el país. La jueza Martina Isabel Forns no aplicó su fallo sobre las empresas distribuidoras que actúan a nivel regional sino que directamente afectó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y le exigió “que se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario respecto de todas las distribuidoras del país hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública”. Además, ordenó al Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) que notifique a todas las distribuidoras eléctricas para que suspendan el cobro de las facturas emitidas según los nuevos valores de las tarifas y tomen los pagos realizados hasta ahora a cuenta de las próximas boletas. El Gobierno apelará en los próximos días la decisión de Forns, aunque se espera que la suspensión del tarifazo se mantenga firme al menos hasta que el caso llegue a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

El Gobierno sigue acumulando contratiempos en su plan de reajuste tarifario. La violencia del incremento junto al modo intempestivo, sin audiencia pública previa, son los pilares de los cuestionamientos judiciales. Por un carril paralelo corren las protestas populares. De hecho, está previsto que hoy se realice el segundo “ruidazo”.

Hasta ahora sólo el servicio de gas había sido frenado en todo el país a raíz del fallo que está en manos de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata. Los camaristas responderían hoy si suspenden o no el efecto del fallo hasta tanto la Corte Suprema emita una resolución. En la electricidad había fallos con efecto sobre determinados distritos, como la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Jujuy. La principal novedad de la decisión judicial que se conoció ayer es la extensión nacional del freno al aumento en la luz.

La demanda fue motorizada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y la entidad Consumidores Argentinos, que solicitaron una cautelar a nivel nacional. Advirtieron que a partir de los fallos vigentes, en particular el que suspendió el aumento de la electricidad en la provincia de Buenos Aires, se producía una discriminación en contra de los usuarios de otros distritos no alcanzados por los frenos tarifarios.

En sus considerandos, la jueza Forns dijo que “la modificación de la tarifa requiere de una audiencia pública para la defensa de los usuarios, junto con la intervención del Defensor del Pueblo”. También citó al actual Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, quien en 2008 advertía que cualquier incremento tarifario “debe ser debidamente fundado y particularmente gradual”, para oponerse a la suba tarifaria en la electricidad que en ese momento llegaba al 30 por ciento, cuando el actual tarifazo en la electricidad está en un rango del 22 al 148 por ciento para el cargo fijo y del 143 y 900 por ciento en el cargo variable. Para la magistrada, los aumentos aplicados por el Gobierno de Mauricio Macri son “exorbitantes, desproporcionados y fuera de la realidad”.

“Se trata de que todos los usuarios queden comprendidos y que puedan tener acceso a la Justicia sin tener que demandar individualmente, ese es el objetivo de un amparo colectivo como este. Hasta que no sea revocada la medida cautelar, el aumento de las tarifas eléctricas queda congelado”, dijo Forns en declaraciones televisivas.

En función de esos argumentos, la jueza dictó una medida interina de suspensión del aumento tarifario, ordenó al ENRE que comunique a las distribuidoras que refacturen con los valores previos al tarifazo y planteó que los aumentos ya pagados se tomen a cuenta de las próximas boletas. La medida es interina porque el Ministerio de Energía dentro de los próximos tres días hábiles debe presentar un informe sobre el tema. La jueza luego confirmará su sentencia.

Una vez que la cautelar esté firme, el Gobierno apelará la decisión ante la Cámara Federal de San Martín. La jueza deberá entonces decidir con qué efecto concede la apelación, o sea, si suspende o no el efecto de su fallo. Se espera que confirme la vigencia del freno tarifario, con lo que la decisión sobre la continuidad de la suba quedaría en manos de la Cámara. Hasta ahora, la Sala I de la Cámara en cuestión confirmó dos cautelares dictadas por Forns que frenaron las subas tarifarias que beneficiaron al hospital privado Nuestra Señora de la Merced ubicado en el partido de Tres de Febrero, y a clubes de barrio bonaerenses.

“El fallo es una buena noticia de cara a la decisión que tarde o temprano tiene que tomar la Corte Suprema sobre la cuestión tarifaria. Necesitamos que el máximo tribunal escuche lo que están planteando muchos jueces a través de las medidas cautelares y lo que dice la propia ciudadanía”, dijo Claudio Boada, de Unión de Usuarios y Consumidores.