El titular del Tribunal Oral 1 de La Plata, Carlos Rozanski, quien enfrentaba el inicio de un proceso de juicio político por supuesto maltrato laboral, renunció ayer ante el Ministerio de Justicia. El Ejecutivo tiene la atribución de aceptar su dimisión o habilitar la continuidad del jury. El abogado del juez, Eduardo Barcesat, aseguró que el Gobierno hizo lugar a su renuncia. Rozanski, quien condenó a los represores Miguel Etechocaltz y al capellán Christian Von Wernich, había denunciado “persecución política” por parte del Consejo de la Magistratura con el objetivo de obstaculizar la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintout, presentaron sendas notas de apoyo al juez ante el Consejo. Ambas consideraron que existía “una manifiesta intención persecutoria”. La decana señaló que “asistimos con verdadera pavura a que este procedimiento sea secuela de un anuncio periodístico para remover a los jueces que, al parecer, por su independencia de criterio, prestigio y bien obrar, no resultan benéficos para la actual etapa del gobierno”. También se habían solidarizado el Premio Nobel de La Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.

La denuncia original contra el magistrado se remonta a 2009 y fue presentada por el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, (UEJN), Julio Piumato. En 2011, el enfrentamiento entre el magistrado y el sindicalista había tenido un nuevo chispazo mediático. Rozanski lo acusó de encabezar una “operación de desgaste y persecución” y Piumato insistió con que “hace tres años que venimos intentando que cese su acción persecutoria sobre los empleados del tribunal”. Durante años, el expediente dio vueltas sin definiciones.

Ayer, la comisión de Disciplina del Consejo había entrado en la etapa de prueba. La semana pasada, Rozanski había denunciado penalmente a los integrantes de esa comisión: los representante de los abogados porteños Adriana Donado; de los magistrados Luis Maria Cabral y Leónidas Moldes; del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques; de los legisladores oficialistas Angel Rozas, Gustavo Valdés y Pablo Tonelli, y al representante académico Jorge Candis, además del secretario administrativo del cuerpo, Andrés Leandro García. El magistrado advirtió sobre la violación de los tiempos procesales para su defensa y sobre la intencionalidad política de las acusaciones en su contra.

A fines de setiembre, Rozanski había pedido la desestimación de la causa en su contra y había denunciado “la tentativa de resurrección procesal” de su causa a partir de nuevas denuncias de Piumato y sus pares de La Plata por “maltrato laboral”. El juez documentó el planteo con escritos y fotografías de “una persecución” montada en su contra a través de “periodistas inescrupulosos al servicio de intereses espúreos de medios de comunicación hegemónicos”, en referencia a un programa de Canal 13 del 24 de julio, en el que “anunciaron que el Poder Ejecutivo Nacional había ‘decidido echar’ a tres jueces antes de fin de año y que tenía los nueve votos necesarios en el Consejo de la Magistratura”. En el informe señalaban y se mofaban de los jueces Rozanski, Daniel Rafecas y Eduardo Freiler.

Rozanski insistió con vincular ese hecho con que “dos semanas después, el representante del Poder Ejecutivo de la Nación en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, ex asesor de la presidente de la Comisión de Disciplina y, previamente, secretario del juez Pablo Daniel Vega durante tres años, impulsó auditorías en las mismas fechas en que se llevaban a cabo audiencias de juicio por delitos de lesa humanidad por parte del tribunal que presido”.

Barcesat informó que el juez decidió “acogerse al régimen jubilatorio, porque ya cuenta con los años necesarios de edad y servicio” y aclaró que con su retiro la denuncia en contra de Rozanski “se volverá abstracta”, cosa que no sucederá con la denuncia penal que hizo el magistrado contra los integrantes de la Comisión de Disciplina del Consejo, por “resucitar” la denuncia de Piumato, a la que consideró “prescripta y archivada”.