Juan Manuel Santos aseguró ayer que hay propuestas que pueden mejorar el acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero sostuvo que otras iniciativas, como anular el sistema de justicia transicional, propuesta por Alvaro Uribe, son inviables. El ex presidente y jefe máximo del opositor Centro Democrático sugirió crear una mesa en la que participe el gobierno, la guerrilla colombiana y los voceros del No para sacar adelante las negociaciones por la paz. Además, Uribe pidió en el diario The Wall Street Journal una renegociación del reciente acuerdo para garantizar que, entre otros temas, no haya impunidad para los cabecillas de las FARC.

Si bien el gobierno de Santos había autorizado una reunión entre los impulsores del No y las FARC, la guerrilla rechazó la posibilidad del encuentro y ratificó que la mesa de negociaciones está compuesta por ese grupo y el gobierno colombiano. “El presidente es Juan Manuel Santos. Hay que escuchar, pero no legitimar a saboteadores”, dijo en referencia a Uribe Antonio Muñoz, alias Pastor Alape, uno de los negociadores plenipotenciarios de las FARC. A su vez, recordó que el diario The New York Times acusó en un editorial publicado la semana pasada a Uribe de ser “El hombre que bloquea la paz en Colombia”.

En una declaración en la que su partido insistió en el “Pacto Nacional” para alentar el acuerdo de La Habana, Uribe pidió formalizar en el Congreso un “Gran Acuerdo Nacional” con una mesa técnica de tres patas: el gobierno, las FARC y los partidarios del No.

“Solicitamos respetuosamente que se integre una mesa técnica en la cual estén: el Gobierno Nacional, por supuesto; los delegados del Jefe del Estado, y que el Jefe del Estado permita integrar en esa mesa técnica a las FARC y a voceros del NO”, reza la declaración e insiste en que “todos queremos la paz” y reitera la necesidad de introducir unas reformas al acuerdo firmado entre la guerrilla y el gobierno. El jefe guerrillero Alape respondió que la propuesta de mesa técnica es incoherente y “su verdadero objetivo es dilatar y abrir la campaña electoral del saboteador señalado por el New York Times”.

El 26 de septiembre se firmó en Cartagena de Indias el acuerdo de paz, luego de casi cuatro años de negociaciones en La Habana para acabar con el conflicto armado. Sin embargo, el pacto fue rechazado en el plebiscito y, desde entonces, Santos busca un acuerdo nacional con las distintas fuerzas políticas y sectores sociales para llegar a consensos que permitan salvar esa iniciativa. En los últimos días, el jefe de Estado manifestó que su gobierno continúa escuchando a las diferentes expresiones del No y del Sí para tener todos los elementos de juicio para lograr un nuevo acuerdo de paz pronto.

Uribe, por su parte, publicó una nota de opinión ayer en el conservador The Wall Street Journal. Allí señaló que de haberse aprobado el acuerdo del gobierno con la guerrilla, se habría reemplazado el sistema judicial de Colombia con un tribunal por separado, diseñado para las necesidades de las FARC y con el fin de garantizar la impunidad de sus crímenes de guerra.

“Los guerrilleros de base que no sean responsables de crímenes atroces podrían recibir una amnistía, pero los cabecillas de las FARC que han cometido crímenes de guerra y violaciones atroces de los derechos humanos deben ser castigados”, afirmó Uribe. Si no se hace así, “¿qué clase de mensaje podría enviar esa impunidad a otros terroristas?”, preguntó Uribe en su artículo de opinión, titulado “No hay manera de negociar con narcoterroristas”.

En su artículo, Uribe dijo que hubo muchas razones para rechazar el acuerdo, incluyendo serias dudas sobre la legitimidad del plebiscito mismo, y criticó especialmente partes del documento vinculadas con temas judiciales. El acuerdo, sostiene Uribe, “habría reemplazado el sistema judicial de Colombia con un tribunal por separado diseñado para las necesidades de las FARC y con el fin de garantizar la impunidad de sus crímenes de guerra”.

Además de llevar ante la justicia ordinaria a los cabecillas de la guerrilla que sean culpables de crímenes de guerra, Uribe insistió en que es necesario que se les quite por completo el privilegio de optar por cargos públicos. También remarcó la necesidad de que las FARC renuncien a la fortuna que sacaron con el comercio de drogas y que esos montos sean destinados a ayudar a las víctimas de su violencia.

“Sólo con estos cambios se puede garantizar que Colombia no caerá presa del populismo socialista apoyado por Venezuela que han avanzado las FARC y sus aliados”, agregó el actual senador Uribe.

Aun así, ex mandatario dijo que la paz todavía puede lograrse “con profundos y necesarios cambios que han pedido millones de colombianos”, en alusión al ajustado triunfo del No en el plebiscito, que tuvo un nivel de abstención del 67 por ciento de los colombianos habilitados para votar.

Por último, la reunión entre una delegación del Centro Democrático y el jurista Enrique Santiago, abogado de las FARC, para tratar el acuerdo con la guerrilla, fue suspendida. En el encuentro, la delegación uribista debía exponer sus propuestas para modificar el acuerdo de paz con las FARC que fue rechazado en el plebiscito del 2 de octubre y en el que el Centro Democrático fue el principal vocero por el No.

Hasta el momento no trascendieron las causas de la suspensión, pero uno de los negociadores de las FARC, Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Alape, dijo en Twitter que la mesa de negociaciones “está compuesta por el Gobierno” y esa guerrilla.