La pretensión del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de usar el bono de fin de año para hacer una suerte de borrón y cuenta nueva con los salarios –clausurándole a los sindicatos la posibilidad de que en las próximas negociaciones paritarias recompongan los sueldos, incluyendo en la discusión los puntos perdidos este año por la inflación–, generó la respuesta de las dos CTA. Las centrales que conducen Hugo Yasky y Pablo Micheli anunciaron una jornada de lucha nacional, con paros y movilizaciones para el viernes 4 de noviembre. Saldrán a la calle junto con los movimientos sociales, que reclaman al Gobierno medidas de fondo ante el crecimiento de la desocupación y la pobreza.

“El bono es una migaja, y van a pagarlo sólo los que puedan”, dijo Hugo Yasky a Página/12 sobre los motivos de la medida de fuerza.

El titular de la CTA de los Trabajadores criticó en este sentido el acuerdo de la CGT con el Gobierno: “No se puede aceptar que las paritarias no sean reabiertas, ni que el bono conlleve la renuncia a adicionar en las paritarias del año que viene lo que los salarios perdieron este año. Tampoco es aceptable que no hayan reclamado que no haya un solo trabajador público despedido cuando en diciembre se venzan los contratos; el tema que ni siquiera fue mencionado” en la Mesa del Diálogo por la Producción y el Trabajo, aseguró.

La jornada nacional de lucha fue resuelta durante una reunión en el hotel Bauen, en la que estuvieron con Yasky el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, y dirigentes de la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. Se trata de las organizaciones que organizaron la marcha de San Cayetano y que, por la intervención de la CGT, el miércoles iniciaron también un diálogo con el Gobierno, en una mesa a la que se sumó la Iglesia Católica.

Los dirigentes sociales ya habían anticipado en ese encuentro que, más allá de la discusión del bono social navideño, los trabajadores de la economía informal no pueden esperar por medidas de fondo. Quieren la declaración de la emergencia social, para que los programas destinados a la asistencia se unifiquen para crear un millón de puestos de trabajo.

Al encuentro en el Bauen habían sido invitados también Sergio Palazzo, de la Corriente Federal, y Pablo Moyano, de Camioneros; sin embargo, ambos decidieron no sumarse a la protesta. “Vamos a pronunciarnos primero dentro de la CGT”, dijo ante la consulta de este diario un dirigente de la Corriente.

Yasky consideró “un error” por parte de la CGT “haber aceptado las condiciones del Gobierno”. “Fue una discusión absolutamente fallida”, que no encaró “la situación salarial de fondo ni la desocupación ni los despidos masivos”. Para el dirigente, el bono de dos mil pesos anunciado ayer por el Gobierno, que no es de pago obligatorio y toma esa suma sólo como una referencia “es algo inconsistente, un real paquetito de humo”, con el que además “se cerró la posibilidad de una reapertura de las paritarias”.

Mientras las CTA cuestionaban a la CGT, desde la central obrera conducida por Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer las críticas se desplazaron a los sectores empresarios. Es que ayer la Unión Industrial Argentina volvió a advertir que el pago del plus dependerá “de cada sector”.

“Los empresarios tienen que abrir la billetera y cumplir con lo que se ha pactado”, les replicó Schmid. El dirigente sostuvo que las cámaras “suscribieron un acuerdo que plasmaron en la firma (del acta) y que tiene como referencia estos dos mil pesos”. En este marco, advirtió que el bono debe “discutirse en cada uno de los lugares donde se ha plasmado esta firma, porque de lo contrario va a haber problemas”.

El acuerdo “no es una expresión de deseo”, agregó, sino “un compromiso formal”. “La Unión Industrial Argentina firmó el acuerdo. Para que funcione este primer paso tiene que ser honesto, los sectores empresarios tienen que abrir la billetera y cumplir con lo que se ha pactado”.

En cuanto a los despidos, Schmid adelantó que en la próxima reunión de la mesa de diálogo, pactada para el 15 de noviembre, la central obrera “insistirá en que se frenen y se dejen de aplicar suspensiones por lo menos durante 90 días, que es el puente que según los funcionarios se necesita para llegar a la tan ansiada reactivación”.

Daer, otro de los secretarios generales de la central, pidió que “los trabajadores informales también reciban el bono y que los dos mil pesos sean el piso” a negociar. De todas formas, el dirigente aseguró que la central obrera ya descartó la idea de llamar al paro: “Este acuerdo disipa totalmente la posibilidad de una huelga este año.”