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El miércoles 24, cuando se cumplan 28 años del golpe militar de 1976, el presidente Néstor Kirchner presidirá la ceremonia en la que se descolgarán de las paredes del Colegio Militar de la Nación los cuadros que retratan a dos de sus directores, quienes luego fueron presidentes de facto y están procesados por delitos contra la humanidad: Jorge Videla y Benito Bignone. Asistirán los cadetes que cursan allí sus estudios para graduarse de subtenientes e iniciar así la carrera militar y también muchos de los generales en actividad con destino en Buenos Aires.
Nueve de cada diez
Los generales y los coroneles más antiguos son los únicos oficiales del Ejército actual que estaban en actividad cuando la Junta Militar depuso al gobierno de Isabel Perón y se lanzó a los más crueles experimentos sobre seres vivos conocidos en el mundo occidental desde el nazismo. Por razones generacionales, nueve de cada diez oficiales del Ejército actual no tuvieron participación en los crímenes de entonces. El retiro de los retratos fue propuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales a los sucesivos ministros de Defensa Ricardo López Murphy, Horacio Jaunarena y Juan José Pampuro. Los nuevos cadetes no merecen formarse a la sombra de esas figuras y ha llegado el momento de que la democracia argentina ingrese a su mayoría de edad y practique ese deslinde imprescindible de épocas y costumbres. No debe permitirse que ese agujero negro de la historia argentina que fue la dictadura de 1976 a 1983 contamine a personas e instituciones y tiña el futuro. Eso no quiere decir que lo que sucedió en aquellos años haya sido responsabilidad exclusiva de militares, ni que la dictadura (que también tuvo un significativo componente civil) haya surgido por generación espontánea. Practicado el corte nítido, establecida más allá de cualquier duda la inadmisibilidad política, ética y jurídica de los hechos, la sociedad tendrá tiempo y deseo de buscar las síntesis conceptuales que tantas décadas después permitan dar por cerrado aquel capítulo, con conocimiento de la verdad y castigo a los culpables. Esto es algo muy distinto al burdo trueque de impunidad por reconciliación que hasta ahora le ha sido propuesto al país, como forma vergonzante de defensa del terrorismo de Estado.
Bendini a remolque
Aun cuando no tiene la actitud conspirativa de su predecesor, Ricardo Brinzoni, quien buscaba una reivindicación de la guerra sucia en la que había participado, Bendini tampoco muestra mayor entusiasmo por avanzar en la línea marcada por el poder político. Cuando conoció la propuesta de descolgar los retratos consideró que no estaban dadas las condiciones dentro del Ejército y que necesitaría tiempo para crearlas, como si el suyo fuera inagotable. Una vez que el Poder Ejecutivo tomó la decisión de hacerlo, Bendini sugirió retirar los retratos de todos los directores del Colegio, lo cual era otra forma de resistencia al sentido de la propuesta. Una vez que supo que Kirchner hablaba en serio, intentó retirar ambos retratos antes del 24 de marzo y en forma sigilosa, lo cual también fue rechazado por el gobierno.
Parecida fue su conducta en el caso del coronel Eduardo Daniel Cardozo, quien la semana pasado pidió su pase a retiro. El CELS impugnó su ascenso, en 1998, porque según la Justicia Cardozo participó, junto con los oficiales Jorge Olivera, Carlos Luis Malatto y Eduardo Daniel Vic y con el suboficial Osvaldo Benito Martel, en el secuestro, violación, tortura y desaparición forzosa de la militante montonera Marie Anne Erize. La Cámara Federal de Mendoza los procesó por esos delitos, pero los rescató la ley de obediencia debida, con el voto en contra del camarista Juan González Macías, uno de los jueces que desde el primer momento consideraron inconstitucional aquella ley. En el debate parlamentario también se mencionó su procesamiento por los secuestros de Francisco Escamez, ocurrido el 27 de octubre de 1976, y de dos hombres identificados como Garay y Gonil. A pesar de ello, el 15 de marzo de 2000 el Senado le dio el acuerdo. Cardozo marchó como agregado militar a Bolivia. En diciembre del año pasado, cuando Uruguay intentó enviar como agregado militar al capitán de navío Juan Craigdallie, la Argentina le negó el placet. El marino oriental estaba acusado por las torturas y desaparición de un ciudadano argentino. Al mismo tiempo, la Cancillería decidió por una razón de coherencia retirar de Bolivia a Cardozo.
Entonces Bendini lo asignó al Cuerpo V, cuya jefatura de Estado Mayor asumió en febrero. El gobierno recién tomó nota de ello en marzo, cuando este diario informó de la designación y los antecedentes. Bendini no había consultado el caso con el ministro Pampuro. De inmediato, el Poder Ejecutivo ordenó el relevo de Cardozo. Ya en Buenos Aires, Bendini le ofreció un destino oficinesco hasta su pase a retiro, a fin de año. Cardozo prefirió adelantar el final anunciado de la historia y pidió el retiro inmediato. Algo parecido hizo con el último secretario general del Ejército, el general Jorge Tereso. Le ordenó solicitar a la justicia que los oficiales superiores detenidos en la causa del Batallón 601 de Inteligencia pudieran pasar con sus familias las fiestas de Navidad. Cuando el juez Jorge Ballestero negó la autorización el gobierno se enteró y Kirchner ordenó relevar y sancionar a Tereso. Bendini respondió con un subterfugio burocrático para que no cumpliera el arresto. Su autoridad está mellada por estas actitudes, por lo cual su subordinación absoluta al Comandante en jefe no valdrá gran cosa si alguna vez debe imponer la obediencia a algún subordinado díscolo. Mayor autoridad tiene el subjefe, Mario Chretien, aunque su testimonio en el juicio por la verdad de la Cámara Federal de Mendoza, lo descalifica como eventual sucesor. Chretien fue instructor en el Colegio Militar de la Nación entre 1976 y 1978, y como capitán estuvo destinado en el Regimiento de Infantería de Montaña 16 de Uspallata de 1979 a 1980 y en la Escuela Superior de Guerra de 1981 a 1983. Durante esos siete años dijo que nunca tuvo conocimiento de la existencia de actividades ilegales, centros clandestinos de detención o personas desaparecidas. Tampoco vio elementos de tortura, ni supo que se hubieran ordenado interrogatorios bajo tortura.
Política y Estrategia
El episodio de Tereso sirvió para que el gobierno nacional reflexionara sobre la organización del Estado Mayor del Ejército y planteara racionalizarla. La Secretaría General adquirió ese nombre en 1973, al concluir la dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse, para disimular su carácter ante el gobierno peronista de entonces. Hasta ese momento se denominaba Jefatura V (de Política y Estrategia), en un pie de igualdad con las Jefaturas I (Personal), II (Inteligencia), III (Operaciones) y IV (Logística y Finanzas). El cambio de nombre no modificó su índole: era la dependencia que se encargaba de las relaciones políticas e institucionales del Ejército con el resto de la sociedad.
Una explicación de su funcionamiento la suministró el ex Jefe de Estado Mayor Ricardo Brinzoni el 21 de abril de 2001. El periodista Adrián Paenza le pregunto por qué el general Daniel Reimundes y los coroneles Vaquero, Pierri, Del Torcchio, Ferrer, Locatelli, De Lucchi, Blanc, Bertolini, Etchegaray y Arroyo se reunían todas las semanas para estudiar “qué hacer si se va Duhalde o hay una pueblada”. Brinzoni respondió que todos ellos integraban la Secretaría General del Ejército, “a cargo de las relaciones con la comunidad, que se reúnen en forma constante con políticos, el Congreso, universitarios de la UBA, la UCA, la Universidad de Belgrano”, y ahí paró la enumeración porque le formularon una nueva pregunta. A los generales que ocuparon la Secretaría General se debieron en los últimos años otras tareas incompatibles con el rol del Ejército dentro del sistema republicano:
- Ernesto Juan Bossi (durante la gestión del teniente general Martín Balza) propuso que las Fuerzas Armadas volvieran a cumplir tareas policiales, para lo cual quería debatir si era necesario que se reformaran las leyes de defensa y seguridad interior o bastaba con forzar sus límites. Bossi había sido uno de los interventores militares en Río Negro luego del golpe de 1976 y participó en el apoyo militar argentino al golpe de los narcoroneles bolivianos de 1981. La participación castrense en la “guerra contra el narcotráfico” lo entusiasmaba.
- Carlos Alfonso (ya con Brinzoni) planificó “la recuperación del prestigio perdido”, en cuatro operativos, que él mismo describió como sigue: “abierto apoyo a nuestros camaradas caídos en desgracia, con Luciano Menéndez a la cabeza; exitosa Operación Retorno, por la cual se regresó al país al mayor (R) Jorge Olivera, desde Italia”, quien fue recibido en la Sala VIP de Ezeiza por el coronel Eduardo Dalmiro Sosa Mendoza; gestión por “la aprobación por el Senado de los pliegos de ascensos” y ofensiva de los habeas data”. Al arengar a los oficiales que no estaban muy convencidos dijo que era hora de .sacar el sable y cargar codo a codo con el Jefe de Estado Mayor. Llegó la hora de pasar a la ofensiva y lograr nuestro cuarto triunfo”. Para ello contrató como abogado al dirigente neonazi Juan Enrique Torres Bande, lo cual le costó la carrera, una vez que Brinzoni dijo en público que no era nazi sino estúpido.
- Daniel Reimundes (a quien Brinzoni designó en reemplazo de Alfonso) insistió en “analizar de nuevo las leyes de Defensa y Seguridad”, en lo que se refiere al empleo de las Fuerzas Armadas “en el restablecimiento de la seguridad interior”. En las elecciones presidenciales del año pasado se comprometió junto con Brinzoni en apoyo al ex gobernador riojano Carlos Menem.
Todo esto hizo evidente el absurdo de una oficina de política en el Ejército, ya que esas cuestiones competen al ministerio de Defensa. A raíz de ello el gobierno ordenó acabar con esa jefatura. Bendini lo hizo a su manera: le bajó el nivel a subsecretaría, con responsabilidades de prensa y “estrategia institucional” (sic) y dejó a cargo a un coronel. No sólo el Ejército tiene una secretaría general, con esa clase de funciones. También las otras Fuerzas Armadas y las de seguridad. La Gendarmería mantiene incluso una denominada universidad, para la que le presta fachada la Universidad Católica de Salta, de la que actúa como curiosa “Subsede Buenos Aires”. Las carreras y cursos que ofrece incluyen abogacía, administración de empresas y de consorcios, informática, comercialización, cortesía verbal, oratoria moderna y esteticista (sic). Se trata de un órgano encubierto de acción política. O, dicho con sus propias palabras, de “intensa relación con el medio empresarial”, con el propósito de “integrar en un ámbito propicio a personal de la fuerza de distintas jerarquías con civiles provenientes de los más diversos sectores sociales”. Tampoco se justifica el engendro de la Fundación Centinela, que financia la universidad, concebida como forma de expandir los roles que la lógica democrática impone a organizaciones verticales y con una finalidad específica limitada, que en el caso de la Gendarmería es el cuidado de las fronteras y, en forma más amplia, la seguridad interior. Son residuos de otra época que, más temprano que tarde, deberían desaparecer, lo cual también ayudaría a un uso más racional de recursos escasos que no pueden despilfarrarse.
La ESMA
Luego del Colegio Militar, Kir-chner se dirigirá al predio donde funcionó el principal campo clandestino de concentración de la Armada, en su Escuela de Mecánica. En enero, los organismos de derechos humanos le habían reiterado el pedido de que ese lugar sea asiento de un museo de la memoria de los actos de barbarie que allí se cometieron.
Kirchner accedió de inmediato. El viernes, el presidente hizo una primera visita al predio, en compañía de un grupo de ex detenidos-desaparecidos que pasaron por allí. Fue una recorrida muy emocional, en la que Kirchner dio contención a quienes iban reconociendo los lugares en los que fueron torturados y donde vieron por última vez a compañeros asesinados. A uno de ellos le faltaban cuatro dedos. Kirchner le preguntó qué le había pasado. “Me llevaban a la carpintería y me hacían manejar la sierra con grilletes y encapuchado”, le contestó. En otro reconoció a un militante de su campaña electoral, de quien nunca supo que había sido secuestrado en la ESMA. Automovilistas que pasaban y habitantes de los edificios vecinos saludaban a los caminantes. Antes y durante la visita hubo también momentos de tensión. Dada la hondura de los sentimientos en juego, el Gobierno había dispuesto que no hubiera personal uniformado a la vista, ni alumnos o familiares de alumnos de las escuelas que funcionan en las 17 hectáreas del predio. Pero el anuncio público previo permitió que un grupo se juntara en las inmediaciones. El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, pidió que fueran retirados antes del arribo del Presidente. El director de Educación Naval, contraalmirante Rafael Luis Sgueglia, le contestó de mal modo pero transmitió la orden y el grupo se retiró. Sin embargo, cuando Kir-chner y los ex detenidos-desaparecidos recorrían las calles interiores (cuyas luces habían sido apagadas sin motivo) dos madres de alumnos del Liceo Naval se acercaron al Presidente. Una le dijo: “Hay dos historias”. Luego aparecieron los padres, que en forma respetuosa intentaron plantear la cuestión del ciclo lectivo. Kirchner les dijo que no era momento pero se comprometió a dar solución al problema y recibirlos en audiencia durante la semana. El Gobierno había decidido que los alumnos tuvieran asueto el miércoles 24, cuando se realice el acto de la transferencia. Pero Sgueglia lo extendió a toda la semana, invocando “temor”. La cadena de mandos le hizo sentir que había cometido demasiados errores: Kirchner habló con el ministro de Defensa Juan José Pampuro, éste con el jefe de Estado Mayor, almirante Jorge Godoy, y éste con Sgueglia, para comunicarle su pase a retiro obligatorio. A diferencia de Bendini, Godoy no sólo acata las decisiones del Poder Ejecutivo, sino que además parece entender su conveniencia para el futuro de la Armada. Su mensaje en el Día de Brown planteó el propósito de participar en la construcción de una Patria soberana, próspera, con justicia social, con trabajo, con salud, con seguridad, con el desarrollo “de su educación, las ciencias, las artes y la tecnología, con la felicidad y bienestar de su gente”. Para ello es necesario saldar cuentas con el pasado, sin “negar o excusar la comisión de hechos violentos y trágicos” en la ESMA y evitar el escarnio sobre los cuadros de hoy. También comprendió que “sólo en la justicia y en la verdad podrá obtenerse el ansiado y pleno reencuentro de la sociedad argentina”. Sólo un almirante disidente pidió su pase a retiro, y los retirados que cuestionan la decisión saben que si lo hacen en público serán sancionados.
Mañana, Pampuro visitará Puerto Belgrano, sede del principal asentamiento de la Armada, en compañía de Godoy. Ante ochocientos capitantes de navío y de fragata, Godoy doblará la apuesta: ratificará el repudio a la guerra sucia expuesto hace tres semanas, exaltará la cohesión de la Armada pese a los esfuerzos por mellarla de algunos retirados y de civiles vinculados con ellos. También expondrá el nuevo esquema estratégico para la Armada de hoy, volcada hacia los 9 millones de kilómetros cuadrados del mar austral y explicará los pasos que se darán para el traslado de las actividades que se realizan en el predio conocido bajo la denominación genérica de ESMA.
A iniciativa de organismos de derechos humanos, recogida por órganos legislativos municipales y provinciales, otros de los sitios en los que se torturó y asesinó en forma clandestina a personas detenidas-desaparecidas hoy son sede de instituciones que trabajan por la democracia. Donde estuvo la Dirección de Inteligencia de la policía bonaerense cuando la comandaba Ramón Camps funciona la Comisión Provincial por La Memoria. En el predio donde funcionó la Mansión Seré, en Morón, se alza la Casa por la Memoria y la Vida. La vieja sede del Cuerpo de Ejército II, es ahora el Museo de la Memoria de Rosario. Una placa informa a quienes se acercan al Cabildo de Córdoba, que junto a él estuvo el Departamento 2 de Informaciones de la policía provincial que, subordinado al Ejército, era una pieza básica de la represión. El Regimiento 7 de La Plata se ha convertido en un centro cultural. El terreno ubicado entre las avenidas del Libertador, Comodoro Rivadavia y Lugones y la calle Calzadilla fue donado por la Municipalidad de Buenos Aires a la Armada para que instalara allí algunas de sus escuelas. Si se le diera otro destino, volvería a poder de la Municipalidad con todas las construcciones que se hubieran efectuado, según la ordenanza del 23 de diciembre de 1924. Por eso, cuando el repudio social aconsejó trasladar la ESMA a Puerto Belgrano (e incluso cambiarle el nombre por el de Escuela de Suboficiales de la Armada) la Marina se preocupó por sembrar el sitio con otras escuelas.
Para ello, por ejemplo, trajo desde Río Santiago su Liceo Naval. Esto dio lugar a un juicio entre la Nación y la Ciudad, al que Kirchner y el jefe de gobierno Aníbal Ibarra pondrán fin con el acuerdo que firmarán el miércoles. Desentona en ese contexto el oportunismo del gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, quien, para mostrarse más kirchnerista que Kirchner, concibió la disparatada presencia de todos los gobernadores justicialistas, una idea que delata su irremisible adscripción a la ética y la estética del menemismo. Cuesta imaginar cómo podrían juntarse Nina Aragonés o Gildo Insfrán con los familiares de las víctimas de la ESMA y que no terminara en un escándalo. La reivindicación de quienes padecieron el terrorismo de Estado quedará marcada por la participación en la ceremonia de una persona que nació en la ESMA y la lectura de los poemas de otra que desapareció allí. Pero no debería concretarse con indiferencia por la situación de quienes trabajan y estudian en ese lugar y que no han tenido nada que ver con la historia atroz que allí se desarrolló, en muchos casos antes de que nacieran. Es responsabilidad del Estado programar los plazos y asignar los recursos necesarios para atender esas situaciones.
Pasado y futuro
Un debate abierto a todos los sectores de la sociedad irá decidiendo qué clase de instituciones se instalarán allí donde reinó el terror, sin alterar las partes que puedan servir como prueba de los hechos ya que, al mismo tiempo, la justicia se encargará de determinar las responsabilidades de quienes actuaron en aquel período. Sería conveniente que las actuales conducciones aportaran todos los elementos de juicio que sus predecesores no encontraron en los veinte años transcurridos desde la finalización de la dictadura militar pero de cuya existencia se han acumulado en ese lapso constancias irrefutables. La nulidad de las leyes y decretos que dejaron impunes aquellos crímenes será confirmada este año por la Corte Suprema, donde ya se insinúa una mayoría clara en ese sentido. La asociación ilícita entre reconciliación e impunidad ha perdido la batalla.
Purgadas de doctrinas exóticas las Fuerzas Armadas de hoy esperan que el Poder Ejecutivo termine de definir su rol. Si alguien se ilusiona con la idea del plan canje (“yo te entrego el pasado pero vos me entregás el futuro”), deberá advertir que tal transacción tampoco es admisible para la sociedad. Las leyes de Defensa y de Seguridad Interior, fruto de la discusión y el consenso entre las principales fuerzas políticas del país y con el aporte de distintas organizaciones de la sociedad civil marcan los límites que no deberán transgredirse. Los expanden, en cambio, la cooperación cada día más estrecha con Chile y Brasil también en cuestiones de defensa y el respeto estricto a la legalidad internacional expresada en las organizaciones de las que nuestro país es parte, como la OEA y las Naciones Unidas.